Se apartó al Tribunal de Tasaciones y se creó -de apuro- una unidad de valuación en el BICE, que depende de Luis Caputo. Se descabezó a su cúpula y con nuevos funcionarios accedieron a tasar de forma secreta Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. La justicia ya pidió informes al Ministerio de Economía y al Banco de Inversiones, ante las denuncias.
En los temas más técnicos suelen esconderse los mayores problemas, a futuro, de todas y cada una de las gestiones presidenciales. La de Javier Milei no es la excepción. Desde hace varios meses, según relataron a Ámbito desde los círculos cerrados de la política y el círculo rojo se viene prestando atención a la dinámica que están desarrollando al compás el Tribunal de Tasaciones de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Economía, en el proceso de seis privatizaciones que utiliza como bandera el gobierno libertario.
Nombres como el de Julio Villamonte, Diego Chaher, Maximiliano Voss y Felipe Nuñez; renuncias clave en silencio; nombramientos ruidosos; decisiones arbitrarias violando el reglamento interno; los peritos del Banco Nación y del Banco Central negándose a tasar; áreas nuevas creadas ad hoc; subvaluaciones a precio de remate; grupos económicos cercanos al poder entre los principales beneficiados; y contratos guardados bajo siete llaves, componen este sainete que marcará a fuego la gestión de Milei, y, a priori, se extenderá judicialmente en el tiempo más allá de estos cuatro años.
El primer paso lo dio el gobierno nacional al anunciar, en 2024, que Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue serían privatizadas.
Hasta ahora, el Gobierno solo pudo avanzar con dos gracias al rol otorgado de manera inédita al BICE, que se encuentra bajo la órbita del ministro Luis Caputo: Transener y las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, esta semana, las noticias judiciales no fueron positivas en el intento de privatizar Intercargo, ya que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y, a la par, solicitó al Ministerio de Economía toda la información respecto de la privatización de Intercargo, puesto que, con diferentes tecnicismos, ocultan la tasación realizada por el BICE y su flamante unidad de valuaciones creada para esta finalidad.
El Tasador
Quien abrió la puerta para las irregularidades denunciadas tanto en el caso de las centrales hidroeléctricas como en el de Intercargo fue el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, quien de manera unilateral, sin consultar al resto de los integrantes, tomó la decisión de que el Tribunal no participe en ninguna de ellas, algo que este diario reveló el 17 de junio. Todas las tasaciones quedaron en manos del BICE, que creó a las apuradas una Unidad Valuadora. El arquitecto Villamonte, puesto ahí por Federico Sturzenegger, ocupó idéntica función durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes calificadas que conocen el funcionamiento del BICE marcaron un elemento clave: cuando el Gobierno decidió que fuera el BICE el que lleve adelante las tasaciones que en realidad debía realizar el Tribunal de Tasaciones, se produjeron una serie de renuncias sensibles y el nombramiento del nuevo presidente Maximiliano Voss y de nuevos directores con el controvertido Felipe Nuñez a la cabeza.
Voss, ex funcionario de Francisco Durañona en el municipio de San Antonio de Areco y de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra, es hermano de Martín Voss, quien fuera socio de Luis Caputo y su mano derecha, Juan Alberto Pazo, en Invernea. Martín Voss también forma parte de la consultora VP Comunicación, con contratos con el gobierno actual.
Por otro lado, según figura en el Boletín Oficial que compulsó Ámbito, Maximiliano Voss, el presidente actual del BICE, tiene participación directa en, como mínimo, cuatro sociedades: Las Blondas, Punto Cruz, Demibell y Gossip. Varias de ellas, como Las Blondas, eran propiedad del grupo de Francisco De Narváez.
En todas ellas, sus socios son: Dirk Donath y Lucía Emilia Ozán. Justamente, Ozan aparece en los directorios de las empresas de Rogelio Pagano.
Una unidad creada de apuro
La secuencia se compone así: En 2025, ante el pedido del ministro Luis Caputo, el BICE creó, en julio, la Unidad de Valuaciones, algo que aparece documentado en la Memoria de 2025. El paso clave lo dio Villamonte al quitar del medio al Tribunal de Tasaciones, tomando las sugerencias, entre otras, del equipo de los Administradores Gubernamentales del Cuerpo de Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación. Por tanto, de un área que está bajo la órbita de Federico Sturszenegger, quien se propone avanzar en privatizaciones a como dé lugar.
Luego, entró en escena el BICE para tasar las centrales hidroeléctricas, Transener, AySA e Intercargo. Hasta ahora no pudo hacerlo con Nucleoeléctrica, tema mucho más sensible desde la salida, con escándalo incluido, de Demian Reidel.
Las cuatro centrales hidroeléctricas ya fueron privatizadas y comunicadas el 29 de diciembre del año pasado en el Boletín Oficial. Dos quedaron en manos de los hermanos Juan y Patricio Neuss por medio de Edison (Alicurá y Cerros Colorados). La fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia que se tramita en la justicia federal de General Roca, Río Negro, en la que señalan que también en este caso Villamonte se excusó de avanzar en la tasación solicitada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con fuentes calificadas el Tribunal de Tasaciones delegó esa función en bancos, que tampoco la llevaron a cabo. Entonces, la presentación judicial plantea que las hidroeléctricas fueron “rematadas” sin un valor oficial. Pidieron acceder a los contratos, pero hasta ahora no se lo permitieron. Es por eso que lo logrado por APA en el caso Intercargo puede convertirse en un precedente.
Luego le siguió Transener. Edison (de la familia Neuss) se quedaron con la participación del Estado en Citelec. Llamativamente, según el Gobierno, la operación giró en torno de los 356 millones de dólares, a pesar de que meses antes habían dejado trascender que esperaban 205 millones de dólares. No faltaron las rarezas, ya que, cuando se estaban conociendo las ofertas se produjo una falla técnica en la plataforma oficial CONTRAT.AR: Central Puerto (Nicky Caputo) estaba al frente, sin embargo cuando se restableció el sistema se cargó la oferta de Edison-Genneia, que la superó en monto y les permitió ganar la compulsa.
Después, siguió Intercargo, proceso de privatización que fue impugnado, como se dijo, por el sindicato aeronáutico APA, que presentó una denuncia judicial identificando seis irregularidades en la tasación del BICE: subestimación sistemática de las proyecciones financieras de Intercargo, uso selectivo de metodologías y ocultamiento de otras tasaciones, opacidad y secreto en un proceso que exige máxima transparencia, falta de imparcialidad del BICE, falta de idoneidad del BICE y salteo del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El mecanismo para involucrar al BICE
Intercargo presta servicio en los aeropuertos y, según se jactan desde la empresa, desde hace más de 30 años da ganancias. Ante la consulta de Ámbito, indicaron que “el Banco Nación y el Banco Central rechazaron realizar las tasaciones porque sabían en la que se metían, ya que iban a sufrir presiones por parte del Gobierno para que subvalúen la compañía. y eso con el tiempo los va a obligar a brindar respuestas ante la justicia. Tarde o temprano los van a llamar para que den explicaciones”.
Según reconstruyó este medio, “Caputo solicita la tasación al BICE que no tiene ningún tipo de experiencia para realizar este trabajo de tasación. Lo llamativo es que cuando hace el primer requerimiento para realizar la privatización es rechazado, por lo que a la semana destituyen a la presidenta del BICE y nombran a Maximiliano Voss con todos los nuevos directores, entre los que se encuentra Felipe Nuñez. A los días crean esta oficina que es la encargada de privatizar”.
La nueva Unidad se crea luego de la designación de Voss, ya que “el BICE se dedicaba al comercio exterior no a tasar empresas estatales”. En las Memorias del BICE precisa que pusieron en marcha esa unidad valuadora en julio de 2025.
Un punto clave es el ocultamiento de la tasación llevada a cabo por el BICE bajo el argumento de que “hay un secreto financiero a resguardar”. Se trata de un elemento que, como se mencionó, se repite en el caso de las centrales hidroeléctricas.
En este punto el nombre clave es el de Diego Chaher, también con paso por el gobierno de Mauricio Macri. “La propuesta del BICE a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) incluyó cláusulas de confidencialidad y fue declarada “información sensible” por el propio presidente del banco. A su vez, el titular de ATEP, Diego Chaher —autor de la frase “queremos que reestatizar le salga carísimo al país”—, emitió una resolución que reservó la documentación oficial de la tasación”, indicaron a Ámbito.
La «joya» de Intercargo
El propio ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso admitió que Intercargo tenía en sus arcas más fondos que el valor por el que el Gobierno estimaba que podía llegar a vender la empresa. “Pusieron un precio base de 45 millones de dólares, pero Intercargo en activos financieros tiene más de 55 millones de dólares, a lo que se deben sumar los contratos y los activos físicos. Es por eso que la tasación debe rondar los 93 millones de dólares”, subrayaron fuentes autorizadas.
Uno de los nombres que aparece mencionado entre los interesados es el del grupo de Eduardo Eurnekian. Sin embargo, fuentes calificadas rechazaron esa versión por dos motivos: “Primero, porque sería un monopolio, aunque podría participar a través de un tercero. Y, segundo, lo que sí hizo Eurnekian fue aprovechar el desguace que están haciendo y se quedó con el servicio de mangas (fingers), que se lo quitó a Intercargo. Hoy el Grupo Eurnekian está manejando todo, al punto que es quien tiene la última palabra sobre quién entra a trabajar al aeropuerto. Quienes tengan un asesor legal serio les va a recomendar que no se metan, porque es muy judiciable”.
El caso Nucleoléctrica
En el caso de Nucleoeléctrica, fuentes dentro de la empresa señalaron que en 2025, con la sola firma de Julio Villamonte, el Tribunal de Tasaciones se abrió de sus deberes, porque la idea del Gobierno era que la tase el Banco Nación o el BICE: “El Tribunal de Tasaciones viola la Ley N°21.126 al negarse a tasar y dejar que lo haga un banco que no tiene especialistas para llevarlo a cabo. Actualmente, la tasación de Nucleoeléctrica oscila entre 10 y 11 mil millones de dólares”. indicaron.
A su vez, cuestionaron que “solo firmó el presidente quien por medio de una nota comunicó que el Tribunal no podía tasar cuando tenía que ser una decisión del cuerpo. El Gobierno busca vender el 44% por apenas u$s1.000 millones”, dijeron fuentes jerárquicas dentro de NASA.
En 2010, el propio Tribunal de Tasaciones estableció que «la valuación de las Centrales de Generación Eléctrica y Nucleares debe ser realizada por ingenieros especialistas ya que al existir ingeniería en su construcción, también existen soluciones de ingeniería para obtener su valor».
Nuevamente, uno de los grupos interesados en Nucleoeléctrica es el de la familia Neuss.
Cómo se llevó a cabo la maniobra
Luego de que en 2024, el gobierno nacional anunciara que Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AYSA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroléctricas de Comahue serían privatizadas, el paso siguiente era la tasación oficial que debía llevar a cabo el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
No obstante, el presidente del Tribunal de Tasaciones, Roberto Julio Villamonte, de manera unilateral, sin consultar al resto de los integrantes, tomó la decisión de que el Tribunal no participase en ninguna de ellas. Todas las tasaciones quedaron en manos del BICE. Villamonte expuso sus argumentos recién a mediados de junio de este año ante una solicitud de acceso a la información solicitada por APA.
El arquitecto Villamonte se justificó aseverando que el reglamento interno del Tribunal de Tasaciones le “asigna la representación del Organismo”. Sin embargo, la resolución de 2023 a la que alude el presidente del Tribunal dice otra cosa, dado que en realidad el inciso 6 del Artículo 6 de la Resolución 72/2023 le otorga atribuciones para “representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros, y dirigirse a los mismos a cualquier efecto, y en aquellos de especial importancia requerir el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado”.
¿Seis procesos de privatización de empresas públicas no revisten “especial importancia”? ¿Hay precedentes de semejante decisión?
Estas fueron las preguntas que Ámbito remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones, que, sorpresivamente, la convirtió en una solicitud de acceso a la información que deberá responder Villamonte. Fuentes calificadas indicaron que es una forma de no dejar “los dedos marcados” en la operación llevada adelante por Villamonte y el BICE, bajo las órdenes de Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Algo similar a lo que hicieron los peritos del Banco Nación y el Banco Central cuando les requirieron que realizan las tasaciones ya sea de Intercargo o, por ejemplo, Nucleoeléctrica.
Las impugnaciones tanto el caso de Intercargo como en el de las centrales hidroeléctricas de Comahue remarcaron que se viola la Ley 23696, la cual establece que la tasación tiene carácter de presupuesto oficial y exige “máxima transparencia y publicidad” en el procedimiento de privatización. Señalan esto porque tanto en el caso de Intercargo como de las centrales hidroeléctricas no se está permitiendo acceder a los contratos para conocer las tasaciones ante acusaciones de subvaluación.
