La Cámara alta convirtió en ley el proyecto gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados, ya que la oposición decidió no participar de la sesión. El Presupuesto prevé un gasto global de casi $29 billones y un déficit fiscal de 1,9%.
El Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles en una sesión especial el Presupuesto 2023 que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales.
La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por Diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto.
La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.
La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.
En una conferencia de prensa que brindaron en el Salón Provincias, mientras en el recinto el interbloque del oficialismo votaba la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vischi al Consejo de la Magistratura, los legisladores opositores ratificaron que no bajarían a la sesión.
De hecho, como gesto de protesta, en los pupitres que habitualmente ocupan los integrantes de Juntos por el Cambio quedaron copias de la Constitución Nacional.
Ante la ausencia de los integrantes de la oposición, el interbloque del Frente de Todos resolvió acortar la lista de oradores de 18 a sólo cuatro, para aprobar el tema en el menor tiempo posible.
De hecho, el Presupuesto se debatió al mismo tiempo que la prórroga por cinco años de la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican 32% de la recaudación impositiva.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra, describió al Presupuesto 2023 como «realista» que «financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del gobierno, pero en un marco de restricciones dadas por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que tiene impacto global muy importante».
«No hay que olvidar que el país tuvo que normalizar y encauzar una deuda muy elevada que dejó el gobierno anterior y nos introdujo nuevamente en el FMI, y luego una crisis sanitaria global muy costosa y dolorosa», señaló.
A su turno, Juliana Di Tullio recordó que «venimos de un año en que la oposición nos dejó sin presupuesto nacional», al cuestionar la ausencia de la oposición en el debate.
«Nos vienen pidiendo un Presupuesto hace dos años; por suerte vino en revisión y estamos tratando de darle una previsibilidad que es muy importante para los argentinos en este marco desastroso en el que estamos», enfatizó.
A grandes rasgos, el proyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de $29 billones, mientras que los recursos alcanzarían más de 22 billones y medio.
De hecho, el proyecto pretende reducir el déficit de 2,5 a 1,9%, por un monto de más de $6,4 billones.
La pauta inflacionaria está estimada en 60% anual y se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.
Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otro lado, se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.
El Senado también aprobó las nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura
En la sesión se avaló el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vischi. La oposición no bajó al recinto, en desacuerdo con los nombramientos.
En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se avaló el decreto parlamentario 86/22, dado a conocer el martes, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.
En sus discursos los senadores del Frente de Todos (FdT) cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador de PRO Luis Juez.
El máximo tribunal cuestionó la división del bloque del FdT resuelta este año, tras la cual el oficialismo reclamó la representación por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.
Qué dijeron los oradores
El primer orador del FdT, Adolfo Rodríguez Saá, declaró que «el país soporta embates contra la clase política con argumentos presuntamente republicanos» y advirtió que la Corte «dictó un fallo cambiando la jurisprudencia existente entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado».
Para el senador por San Luis, el máximo tribunal «ignora y viola el espíritu de la Constitución nacional», ya que el artículo 66 establece que cada Cámara hará su reglamento y el tribunal «no puede invalidar la decisión tomada» por el Senado.
Pablo Yedlin, senador del FdT por Tucumán, cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio por no bajar a ocupar sus bancas y en su lugar colocar textos de la Constitución Nacional.
«Es atronador el silencio de la oposición. ¿Dónde está? Acá no estamos para revisar el fallo hacia atrás, estamos proponiendo con la ley que la Corte Suprema quiso, respetando los fallos como senadores republicanos quiénes son los consejeros, con los dos bloques que hemos constituido hace meses».
Yedlin consideró que a la Corte «le tiene que quedar claro que esta es una decisión del cuerpo de senadores que representamos a nuestros votantes».
Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, calificó como «gravísima» la intervención de la Corte en las facultades de los senadores y expresó que el fallo «es violatorio» de su «autonomía» y «limita» la libertad de los legisladores de «organizarse políticamente».
La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio, cuestionó en tanto que los jueces de la Corte hayan «aceptado ser nombrados por decreto» por el entonces presidente Mauricio Macri y advirtió que si aceptaron asumir de ese modo están dispuestos a «violar mil veces más» la Constitución.
Para Di Tulio, el presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, objeta solamente al interbloque del FdT y no a Juntos por el Cambio, que también tiene dividido su interbloque.
«Rosatti necesita un Consejo a medida. Lo que quiere es tener a un señor que se le parece bastante como consejero y ese es el senador Juez. No le vamos a dejar pasar la intromisión, me dan vergüenza por no estar en este recinto dando la discusión«, dijo en alusión al espacio de JxC.
Los nombramientos en el Consejo de la Magistratura fueron rechazados por el interbloque de JxC, cuyas autoridades llamaron a una conferencia de prensa paralela a la sesión, en el Salón de las Provincias, para dar a conocer los fundamentos de su negativa al debate.
Al término del debate sobre el Consejo de la Magistratura, los senadores debatirán la prórroga de impuestos y luego el proyecto de Presupuesto 2023 que ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados.
JUNTOS POR EL CAMBIO IRÁ A LA JUSTICIA
El interbloque de Juntos por el Cambio de Senadores anunció que irá a la justicia para volver a reclamar por un lugar en el Consejo de la Magistratura, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para ese cuerpo.
En una conferencia de prensa en el Salón Provincias del Senado, mientras en el recinto el interbloque del oficialismo votaba la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y del radical Eduardo Vischi, los opositores ratificaron que no bajarían a la sesión.
Como protesta, en los pupitres que habitualmente ocupan los integrantes de Juntos por el Cambio dejaron copias de la Constitución Nacional.
«Vamos a seguir con la vía judicial. A nadie se le puede ocurrir que el tiempo pueda convertir un ardid en algo virtuoso», dijo el cordobés Luis Juez, quien había tenido la venia de la Corte Suprema para asumir como consejero.
Agregó que «los kirchneristas van por todo» y dijo que «no hay antecedentes de ningún gobierno que haya desobedecido un fallo de la Corte».
Además recordó que en 1979, cuando la Corte Suprema de la dictadura militar ordenó la liberación del periodista Jacobo Timerman, el gobierno de facto «acató el fallo».
El jefe del interbloque, el radical mendocino Alfredo Cornejo, calificó a la actitud del oficialismo como «un gesto muy fuerte de violación flagrante a la Ley del Consejo de la Magistratura y de desobediencia a la Corte».
Cornejo ratificó que la oposición no iba a participar de la sesión en la que debe debatirse la Ley de Presupuesto 2023 y argumentó: «Es irrelevante».
Los senadores de la oposición dieron a conocer un comunicado en el que mencionaron un «nuevo atropello por parte de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, contra el orden institucional del país».
«Somos conscientes de que, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva, ni vamos a permitir ser arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la división de los argentinos y el agravio a la paz social», señalaron.
JxC acusó al Frente de Todos de legislar «de espaldas a las necesidades acuciantes de la sociedad».
«El oficialismo insiste en privilegiar la agenda de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de este cuerpo sin la menor sensibilidad por los problemas reales de nuestros conciudadanos», finalizaron los legisladores.
(fuente: Telam)
