Presupuesto 2027: Milei rescindió el 70% de las obras públicas y profundiza el ajuste en Vialidad

El Gobierno Nacional ya rescindió el 71% de las obras viales que recibió en ejecución. Según se desprende del propio mensaje del Proyecto de Presupuesto 2027, de las 2.339 obras que recibió en ejecución el Estado nacional, rescindió 1.683, en tanto que 457 fueron transferidas a provincias y sólo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación. A su vez, apenas inició 18 obras en 2024 y ninguna en 2025, y el Presupuesto 2027 le asigna solo el 0,3% del PBI.El caso de Vialidad Nacional es el más evidente. El organismo tendrá en 2027 un presupuesto real 72,8% inferior al que ejecutó en 2023.

Dentro de ese total, el mantenimiento de las rutas nacionales recibirá un 66,7% menos que en antes del inicio de la actual gestión nacional, mientras que la rehabilitación y repavimentación quedará 78,6% por debajo de aquel año. Así, después de casi tres años de fuerte ajuste, el proyecto no plantea una recomposición del mantenimiento de la red vial sino la continuidad de un nivel de gasto estructuralmente bajo. De este modo, la administración libertaria busca consolidar el próximo año el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor presencia del sector privado.

El “nuevo piso” de la obra pública

El Proyecto de Presupuesto 2027 consolida el desplome de la obra pública durante la gestión de Javier Milei. La política de Infraestructura y vivienda tendrá el próximo año un gasto real 72,4% inferior al ejecutado en 2023, último de la gestión anterior. El gasto de capital asociado a infraestructura medido en pesos constantes de 2027, pasa de alrededor de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024, y se mantiene luego en niveles históricamente bajos: $3,9 billones en 2025, $3,7 billones en 2026 y $3,8 billones previstos para 2027. Esto implica que, “aun con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto proyectado para 2027 continúa cerca de 80,0% por debajo del nivel de 2023”, precisó un informe sobre el Presupuesto elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La caída alcanza a las principales funciones vinculadas con infraestructura, en tanto que “es especialmente marcada en vivienda, agua y saneamiento y transporte”, agregaron.

Los números adquieren otra dimensión cuando se mira qué ocurre dentro de esa partida. Para 2027, el Gobierno libertario proyecta destinar $372.915 millones a construcciones viales, un 29,7% más en términos reales –considerando el efecto de la inflación– que lo presupuestado para 2026. Sin embargo, el rebote parte de una base extremadamente baja y frente a lo ejecutado en 2023, los recursos para construir rutas siguen siendo 75,8% menores en términos reales.

El aumento interanual, por lo tanto, no implica una recuperación de la inversión vial perdida durante los últimos años.La diferencia es todavía más marcada cuando se mira el mantenimiento. Vialidad Nacional tendrá $332.683 millones para conservar las rutas nacionales, una partida que cae 2,6% en términos reales respecto de los recursos de este año y que alcanza una disminución del 66,7% contra 2023, según se desprende de los datos procesados por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). En otras palabras, el mantenimiento permanece instalado en el nuevo piso que dejó el ajuste desde el inicio de la actual administración nacional. 

Algo similar ocurre con la rehabilitación y repavimentación. El proyecto contempla $62.113 millones para esa tarea, un 7,4% menos que lo presupuestado para 2026 y todavía 78,6% por debajo de lo ejecutado en 2023. Mientras se concentra una parte de los recursos disponibles en determinadas construcciones, se mantienen muy por debajo de hace tres años atrás las partidas destinadas a conservar y recuperar la red vial

No obstante, estos cambios de recursos no se limitan a Vialidad sino que ponen sobre la mesa una redefinición mucho más amplia de qué entiende el Gobierno por obra pública nacional y esto quedó claro en el propio Mensaje presupuestario donde se detalló que de las 2.339 obras que la gestión actual recibió iniciadas, el Estado nacional solamente mantiene en su poder 199, mientras que 1.683 fueron rescindidas (el 71% de las obras iniciadas recibidas) y 457 fueron transferidas a provincias/municipios (19%).

“Desde el cambio de gestión se iniciaron solamente 18 obras en 2024 y en 2025 no parecerían haberse iniciado obras, aunque el mapa de inversiones dejó de ser actualizado en mayo de ese año. El gasto de capital acumulado en lo que va de 2026 (enero-julio) quedó por debajo de 2025 (-10,7%) y, por supuesto, por debajo de 2023 (-84,5%)”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).

La otra cara del ajuste: rutas para el sector privado

El recorte de los recursos destinados a Vialidad Nacional se produce al mismo tiempo que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) busca transferir una parte de la red vial a empresas privadas. Se trata de un proceso ya comenzó. De acuerdo con información oficial, en julio pasado dos concesionarios asumieron la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en Buenos Aires y La Pampa. En agosto, el Gobierno adjudicó otros ocho tramos de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros.

La expansión del esquema modifica el alcance de la intervención directa de Vialidad en tanto una parte de las rutas dejó de depender de asignaciones presupuestarias destinadas a su conservación y pasó a un sistema de financiamiento basado en la inversión privada y el cobro de peajes.El proyecto presupuestario del 2027 complementa el menor financiamiento directo con beneficios tributarios destinados a promover inversión privada, especialmente en las concesiones de rutas nacionales. “El artículo 67 establece para los nuevos concesionarios un régimen que incluye amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones; además, condiciona estos beneficios a que las provincias involucradas otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos” explicaron desde ACIJ y precisaron que “parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada”.

De esta manera, el Presupuesto 2027 termina de delinear un esquema donde el Estado nacional reduce de manera drástica los recursos que destina directamente a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas, mientras avanza con un esquema de concesiones privadas.  En definitiva, no sólo decide cuánto se gastará en rutas sino también cuáles quedarán atadas a la rentabilidad de una concesión y a costa de qué recursos fiscales.