Marclay, Michel y Bahl demandaron al Estado uruguayo y a HIF Global por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú

Los legisladores argumentan que esta obra, que avanza sin cumplir con los estudios ambientales necesarios, podría generar un daño irreparable al ecosistema del río, afectando directamente a las localidades ribereñas argentinas. Según la denuncia, el proyecto no ha sido debidamente evaluado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a pesar de las normativas internacionales que rigen la protección ambiental en la región.

En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N”.

La demanda subraya el incumplimiento de la legislación que obliga a Uruguay a presentar los estudios ambientales a la CARU para su evaluación, un requerimiento que no ha sido cumplido hasta el momento..

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: ‘CASO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY (ARGENTINA c. URUGUAY)’, de fecha 20/4/2010”.

Además, la preocupación de los vecinos de las ciudades afectadas, como Colón, San José y Liebig, se ha manifestado a través de movilizaciones y protestas, con la participación de varios intendentes y organizaciones civiles

En este contexto, los legisladores han solicitado medidas urgentes para evitar el avance de la planta y exigir la presentación de los informes ambientales. También han ofrecido pruebas documentales y solicitado pruebas anticipadas, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y análisis de las aguas del río.

La demanda se enmarca en un conflicto de intereses entre la protección ambiental y la autorización de proyectos industriales que pueden poner en riesgo el patrimonio natural y la salud de las comunidades ribereñas.

Los legisladores han dejado abierta la posibilidad de ampliar la demanda y han reservado el caso federal en caso de que la causa sea rechazada por los tribunales inferiores, lo que podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los argumentos, señalaron que, durante el año 2025, los vecinos de Colón marcharon varias veces en rechazo a la planta de combustibles sintéticos a instalarse en Paysandú. Incluso, en una de las marchas participaron los intendentes de Colón, San José y Liebig, José Luis Walser, Gustavo Bastián y Julio Pintos, respectivamente, lo que da cuenta de la preocupación ciudadana.

La preocupación de la comunidad entrerriana es pública y notoria, y no requiere investigaciones para corroborar su existencia. En este marco, el Intendente de Colón advirtió que la planta que se proyectada en Paysandú sería de un tamaño similar al de la ciudad argentina. “Se levantaría sobre un predio de 400 hectáreas, que es la misma superficie que tiene el ejido de Colón”, destacó. En la misma entrevista periodística, el Intendente agregaba su preocupación por que la planta de hidrógeno utilizaría agua del río Uruguay, y resaltaba que en la CARU “aún no recibieron los informes correspondientes de parte del lado uruguayo”.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también se pronunció sobre el caso, y rechazó la instalación de la planta dado que Uruguay “aún no había presentado los informes necesarios” en la CARU. Fue a través de una nota formal y oficial del Serpaj (Servicio Paz y Justicia) dirigida al embajador de Uruguay en Argentina, Dr. Diego Cánepa Baccino, y al Canciller argentino, Lic. Pablo Quirno, de fecha 01/12/2025, en la que Pérez Esquivel avisó que la documentación científica no había sido presentada en la CARU por parte de Uruguay.

(fuente: https://laciudadrevista.com/)