La violencia por razones de género interpela a la sociedad en su conjunto y a los poderes del Estado en particular. Uno de los organismos abocados a atender esta demanda es la Oficina de Violencia de Género. En la entrevista que sigue, su titular, Yanina Mariel Yzet, repasa las acciones de concientización, prevención y contención que están en marcha.
Valeria Robin
Una batería de acciones tendientes a generar otra conciencia respecto de las prácticas patriarcales impregnadas en la sociedad, es una de las alternativas que propone la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para afrontar una problemática grave que va en aumento.
Esta línea de trabajo se complementa con otra que procura, por un lado, que las personas conozcan sus derechos, y, además, que se mejoren y multipliquen los espacios de abordaje y contención ante situaciones de violencia.
Sobre estos asuntos, EL DIARIO dialogó con la directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia, Yanina Mariel Yzet.
Lo que sigue es un extracto de la conversación mantenida.
–Durante los periodos de aislamiento de la pandemia se informó sobre un aumento de la violencia hacia la mujer.
–Sabemos que las mujeres sufren situaciones de vulnerabilidad. Conforme a las estadísticas, el ámbito de mayor riesgo es su hogar, y los hechos son causados por las personas que representan su vínculo más cercano. Es por ello que, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el aislamiento necesario para evitar la propagación del COVID, derivó en un agravamiento del riesgo para aquellas mujeres que viven en contexto de violencia de género en el ámbito doméstico. Desde esta preocupación, el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Oficina de Violencia de Género y el Área de Informática del Poder Judicial, desarrollaron la «Planilla de Denuncias online», que se encuentra habilitada en la página web del Poder Judicial.
–¿Cómo evolucionó la problemática durante la pandemia?
–Al inicio, sobre todo, este recurso virtual permitió denunciar situaciones de violencia contra la mujer que se produjeron en la provincia en cualquiera de sus modalidades. El servicio está operativo los 365 días del año, las 24 horas del día. A esas denuncias las recibe la Oficina de Violencia de Género y las remite al organismo que corresponda, conforme al lugar donde se producen los hechos y la modalidad de violencia.
Al inicio de la pandemia en algunos departamentos de la provincia se identificó un aumento de denuncias de violencia familiar en casos que contaban con antecedentes. Esta es la conclusión a la que se arriba luego de analizar los datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, que funciona en la órbita de la Oficina de Violencia de Género.
El porcentaje de denuncias de violencia contra la mujer en casos que cuentan con antecedentes oscila entre el 20 % y el 29 %. Esa proporción varía según el departamento y período que se analice. Pero la regla general indica que había ascendido en los primeros meses del aislamiento.
DISPOSITIVOS
–¿Qué es el REJUCAV?
–Es un software jurídico en el que registran datos los Juzgados que tramitan las violencias. Sirve para contar de primera mano los casos, las medidas de tutela dictadas (antecedentes), las estadísticas y la jurisprudencia.
La información que generó el registro impulsó que se refuercen las tareas de prevención, para que las mujeres que atravesaban situaciones de violencia conocieran sus derechos, cómo comunicar si fueron víctimas y también que el aislamiento social, preventivo, y obligatorio no les impidiese formalizar las denuncias.
Para ello, entre otras acciones, se realizó una campaña, junto al proyecto de extensión universitaria «Me quedo en casa sin violencia», junto a la Facultad de Trabajo Social (UNER).
–En virtud de que las clases de violencias son tan diversas ¿Todas las prácticas son reformulables?
–Las conductas violentas son «aprendidas», por lo tanto, pueden ser deconstruidas. De hecho, deben serlo, en procura de lograr una sociedad en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas.
En ese sentido, una frase de la pensadora feminista Simone de Beauvoir puede resultar esclarecedora: «Mujer no se nace, se llega a serlo». Las formulaciones de la segunda mitad del Siglo XX en torno a la distinción sexo-género, derivan de este pensamiento. Esta perspectiva que plantea que ser hombre o mujer es una construcción cultural se sustenta en que hay prácticas y valores que se adquieren: durante el crecimiento y desarrollo de la persona, la cultura en la que crece y vive, va imprimiendo valores, formas de pensamiento, roles, estereotipos, expectativas, y comportamientos asociados a un modo de masculinidad.
PROCESOS
–¿Y cómo se des-aprende?
–Puede haber múltiples estrategias para «desaprender conductas». Ante todo, se requiere identificar cuáles son las prácticas patriarcales impresas en la subjetividad de las personas. Consecuentemente el compromiso y la voluntad de cada uno para producir esos cambios, incluso desde lo más pequeño en la cotidianeidad.
El psicólogo, Diego Carmona Gallego, sostiene que «nuestra historia como varones dispone de un amplio archivo de prácticas bélicas y sacrificiales. Hemos sido adiestrados para obedecer mandando». Si prestamos atención, esto se observa en distintos ámbitos; por ejemplo, en la familia. Pensemos cuántas veces hemos escuchado la siguiente frase: «ya vas a ver cuando llegue tu padre», una amenaza con sentido de disciplina que imprime roles.
Además, la antropóloga Rita Segato, ha demostrado en sus investigaciones que la violencia se basa en una obediencia al mandato de masculinidad; por ello, es preciso comenzar a deshabitar los mandatos y desertar de las prácticas e imaginarios bélicos. Vinculo esto con otra apelación de Carmona. “Si no deseamos estar en guerra es preciso comenzar a cultivar la vida desde el cuidado de sí, de los otros y de la tierra». Es necesario que sea el ideal de toda persona la protección de los derechos humanos de sí mismas y de todas aquellas que la rodean, como un acto de reciprocidad.
–¿Entonces, de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres?
–Las mujeres configuran un grupo desaventajado en la sociedad: sufren distintos tipos de violencia y múltiples vulnerabilidades. Por cierto, no es el único grupo; en situaciones similares se encuentran los niños, niñas, las personas con discapacidad, las y los descendientes de pueblos originarios y afro, para mencionar algunos.
Estos colectivos requieren de una tutela especial, que las normas internacionales, nacionales y provinciales, tienen en cuenta para garantizar el goce de sus derechos esenciales.
Las mujeres, en particular, sufren múltiples vulnerabilidades por su condición de tales. En atención a esta problemática, nuestro país ha suscripto normas internacionales como la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, que tutelan los derechos humanos de las mujeres. Ha adecuado además su normativa nacional para lograr la protección que el Estado ha asumido como responsabilidad en esos tratados.
La provincia de Entre Ríos ha hecho lo propio: recientemente ha sancionado la Ley 10.956, por la que se adhiere a la Ley 26.485. La norma provincial prevé un nuevo régimen de prevención, asistencia, y protección de la violencia por razones de género. Los Juzgados de familia, laborales, civiles, de paz, garantías, de toda la provincia, las fiscalías, y los equipos técnicos trabajan para garantizar el efectivo acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia.
DESAFÍOS
–¿En los hechos, con qué escollos se encuentran?
–La mayor dificultad que se presenta en la práctica es el volumen de las denuncias en relación a la estructura de protección. Lo que sucede es que, al formular la denuncia, las mujeres victimizadas, y sus hijas e hijos, reclaman al Estado el acompañamiento, un aspecto clave para su protección y empoderamiento. Se entiende entonces que es menester contar con turnos para acompañamientos terapéuticos que puedan sostenerse en el tiempo. Del mismo modo se requiere multiplicar los talleres existentes para mujeres y nuevas masculinidades, que hoy se ofrecen en un número reducido en algunas ciudades de la provincia.
–Dado que las formas de violencia contra la mujer son diversas ¿Qué tipo de situaciones aborda la oficina a tu cargo?
–La Oficina de Violencia de Género es una Secretaría del Superior Tribunal de Justicia. Fue creada como parte del «Centro de Género Carmen María Argibay», junto con la Oficina de Mujer, en el año 2014. Desde entonces colabora, propone y lleva a cabo, políticas de género con organismos intra y extrajudiciales que intervienen en la temática. Su área de trabajo es el territorio provincial.
Recordemos que Entre Ríos cuenta con 17 jurisdicciones geográficas y 18 judiciales, ordenadas para favorecer la accesibilidad de la comunidad al servicio de Justicia. En la Oficina de Violencia de Género se recepcionan denuncias, presenciales y virtuales; se articulan intervenciones; se reciben consultas y se provee material de prevención de las violencias a través de cartelería y folletería.
En otro orden, en representación del Poder Judicial, la oficina a mi cargo participa en el Consejo de Prevención de las Violencias de Entre Ríos; en el Observatorio de la Ley Micaela; y en la Comisión Evaluadora de Violencia del Poder Judicial de Entre Ríos, que trabaja en función del Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral del Poder Judicial de Entre Ríos.
–Pareciera que la capacitación es un norte.
–Así es. Por ejemplo, en relación a la Ley Micaela, durante el 2021 colaboramos con la evaluación de las capacitaciones propuestas por otros organismos del Estado provincial y en el dictado de algunas de ellas, en procura de garantizar la formación en materia de género de la totalidad de agentes del Estado en sus tres poderes.
Asimismo, se promueve el uso del lenguaje no sexista en las diversas áreas del Poder Judicial, tanto administrativas como jurisdiccionales, y se incentiva la firma de convenios con municipios para la realización de actividades de concientización. También se coordinan tareas de este tipo con la Policía de Entre Ríos, y con el Ministerio de Justicia.
Por último, destaco que el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, es una importante política de género del Superior Tribunal. Quisiera subrayar en este momento, que no existe en el país otro registro con las características de este. Constituye una herramienta muy útil para abordar los procesos judiciales de violencia: mantiene actualizados los antecedentes de casos judicializados, las medidas dictadas, los datos estadísticos y la jurisprudencia al respecto.
Gestiones
–¿Toda situación de violencia deriva necesariamente en un expediente?
–Los expedientes de violencia contra la mujer -en cualquiera de sus modalidades- se pueden iniciar por tres vías: a través de una denuncia, de una exposición o una elevación de actuaciones policiales.
–¿Cómo se gestiona una y otra?
–Vale la pena repasarlas. En los hechos, todo proceso judicial de violencia se suele iniciar a partir de una denuncia, que puede ser realizada por la propia persona en situación de violencia, o por otra que conozca la afectación de estos derechos humanos.
Una segunda opción es a partir de una exposición en sede policial. La Ley 26.485 establece que cuando el contenido de una exposición que se realiza en la comisaría esté referido a una situación de violencia, debe dársele trámite de denuncia. Este mismo criterio fue recomendado por la Ley Procesal de Familia y por la Ley 10.956, de protección integral de las mujeres, recientemente sancionada.
Un arduo camino
–¿Las personas están en condiciones de detectar cuándo están siendo maltratadas?
–Los procesos de concientización a escala social son siempre complejos y plantean desafíos de corto, mediano y largo plazo. De nuestra parte, para que la sociedad conozca sus derechos llevamos a cabo tareas de prevención. Por eso la Ley nacional 26.485 contempla la responsabilidad de todos los poderes del Estado en esta tarea de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el marco de la normativa internacional. Estas acciones de concientización se llevan adelante porque nadie puede accionar por un derecho que desconoce que tiene.
En ese sentido, la normativa contempla, justamente, la posibilidad de que las denuncias sean realizadas por las propias personas que reciben el maltrato, pero también por terceros. De esta manera, se procura activar nuevos mecanismos de protección de esos derechos humanos, porque suele ocurrir que la persona inmersa en una situación de violencia no termine de advertirlo o de saber cómo actuar. Se trata de medidas indirectas de protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. Y, en otro sentido, de la confirmación de que la violencia de género no es un problema individual o doméstico, sino social y cultural.
Fuente El Diario
