Rubén I. Bourlot
Varios acontecimientos de nuestras efemérides señalan a septiembre como el mes de la educación. El 11 día del maestro (muerte de Sarmiento), el 17 del profesor (muerte de José Manuel Estrada) y el 21 del estudiante. La coyuntura es oportuna para terciar en el debate educativo que tiene ocupados a sectores de la dirigencia política. Un tema demasiado importante para dejárselo en manos de la dirigencia profesional.
Hoy en los discursos de corte liberal escuchamos la zoncera, no tan inocente, de que el sistema educativo debe ser privado e inmerso en la lógica del mercado. En sus diversas variantes se propicia que el servicio educativo tiene que ser pago, en los casos menos extremos subsidiado para las familias de menores recursos, pero siempre sujeto de la lógica de la oferta y la demanda a través de la entrega de bonos (que los anglófilos llaman voucher) para que los docentes salgan a competir con el objeto de atrapar a sus alumnos-clientes. Y en los últimos días redoblan la apuesta con un proyecto de «libertad educativa» que retrocede dos siglos al eliminar la obligatoriedad de la enseñanza escolarizada.
Lo que no dicen los catecúmenos de la escuela austríaca y de otras neoliberales es que los liberales positivistas del siglo XIX, que construyeron el sistema educativo, eran convencidos defensores de la educación estatal y gratuita para las mayorías, en principio las escuelas de primeras letras, y muy alejados de la competencia mercantil. Inclusive antes de la generación del 80 ya se concebía a la educación como una obligación ineludible del estado. El denostado Domingo Faustino Sarmiento, que se lo merece en gran parte de su actuación, batalló para establecer la educación estatal que llamaba popular.
La educación pública fue preocupación de los caudillos de todos los rincones de la patria. José Artigas sembraba escuelas en cada pueblo por donde pasaba. Su consigna acerca de que los orientales «sean los orientales tan ilustrados como valientes» se expandió a todos pueblos de la Liga Federal y en Paraná le ordenó, así como al pasar, al comandante Eusebio Hereñú la fundación de una escuela de primeras letras en 1815.
Leer y escribir
Cuando Francisco Ramírez creó en 1820 la República de Entre Ríos dispuso varias medidas para ilustrar a la niñez. En sus reglamentos ordenaba que “cada comandante, en su respectivo departamento, será encargado de establecer una escuela pública y de obligar a los padres de familia, manden a los hijos de menor edad para la útil enseñanza, al menos la de leer, escribir y contar”. Como observamos la educación era responsabilidad del comandante, es decir el estado, y de carácter obligatoria. Y agregaba que “todo maestro de escuela deberá ser hombre de probidad y de la mejor instrucción posible para facilitar la más pronta enseñanza de la juventud y los primeros conocimientos de una buena educación.” Por otra parte los comandantes “proporcionarán una casa cómoda para la enseñanza, y el gobierno se compromete a dar todas las cartillas y libros que precisen los maestros para las escuelas.”
Por otra parte “el gobierno se compromete por su parte, a contribuir con un tanto cada mes, para la subsistencia de todos los maestros, según el número de jóvenes pobres que enseñen; cada uno de los pudientes, pagará, por ahora un estipendio regular a los maestros para su sostén, mientras el gobierno arregla tan importante institución del modo más satisfactorio a sus deseos y con la dotación necesaria.” Al menos los menos pudientes tenían garantizaba la educación gratuita.
En Concepción del Uruguay estableció el Colegio del Uruguay, el primer secundario laico del país, adonde concurrían estudiantes de todo el territorio nacional y de países americanos becados por el estado. El propio Julio Argentino Roca fue alumno de ese colegio y cursó en su sección militar.
En 1848 Urquiza proyectó la instalación de dos escuelas normales, para profesionalizar el magisterio, en Paraná y Concepción del Uruguay, que no pudo llevar a cabo por la falta de profesores. Siguió insistiendo y la obra se pudo concretar en la década de 1870, luego de su muerte.
La educación gratuita y obligatoria
En 1883, casi un año antes de la Ley nacional de educación 1.420, se sancionó la reforma constitucional de Entre Ríos, convocada por el gobernador Eduardo Racedo, que facultaba al poder legislativo para el dictado de “las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de educación pública. Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse á las reglas siguientes: 1º. La educación común es gratuita, obligatoria y laica, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.” Y no se trataba de un gobierno “populista” de izquierda el del roquista Racedo.
Por otra parte “se establecerán contribuciones y rentas propias de la educación común, que aseguren en todo tiempo recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento.”
El año anterior se había llevado a cabo el primer Congreso Pedagógico Panamericano en Buenos Aires convocado por el presidente Roca que sentó las bases la educación enteramente gratuita en las escuelas comunes, laica y obligatoria para los niños entre seis y catorce años. Contemplaba que a las niñas «debía suministrársele igual cantidad de conocimientos [y] abolirse hasta los programas especiales para cada sexo» y la “enseñanza de adultos en los cuarteles, destacamentos, guarniciones, en los buques de la armada, en las cárceles, en las fábricas…” Cabe acotar que Sarmiento no fue de la partida en estos proyectos ya que renunció previamente a su cargo en el Consejo Nacional de Educación y se dedicó a opinar a través de los periódicos.
Al respecto, José María Torres, entonces director de la Escuela Normal de Paraná, había dicho en su discurso ante los congresales que “un buen sistema de gobierno requiere que el pueblo lea y se informe de los asuntos políticos; si no, él será presa de todo charlatán, impostor o perturbador que pueda hacer su negocio en el país”.
Dos años después, el 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley 1420 que consagraba los principios debatidos en el congreso de 1882: educación primaria común, gratuita y obligatoria.
Incluidos y excluidos
Pero estas efemérides septembrinas adolecen de numerosas exclusiones. Con el objeto de resumir en pocos días el homenaje a maestras. profesores y estudiantes se seleccionaron fechas que siempre son arbitrarias e injustas. Solo Sarmiento y Estrada aparecen pero se ignora a una Juana Manso, contemporánea del sanjuanino y tanto o más batalladora por la educación pública y primera feministas. No aparece un Eduardo Wilde, el médico boliviano, exalumno del Colegio del Uruguay, que fue ministro de Instrucción Pública del presidente Roca y tuvo bajo su responsabilidad el primer Congreso Pedagógico (1882) y el proyecto de la Ley 1.420, fallecido el 5 de setiembre de 1913.
Por el lado entrerriano no olvidemos reivindicar a las primeras maestras jardineras: Macedonia Amavet, de Paraná (ahora incorporada al calendario de conmemoraciones por el Consejo General de Educación), María Errasquin, de Gualeguaychú y Justa Gómez, de Nogoyá. No olvidemos a Osvaldo Magnasco que intentó una profunda reforma educativa en la segunda presidencia de Roca. Rescatemos del olvido a Onésimo Leguizamón que ya en 1874, como ministro de Instrucción Pública de Avellaneda, propuso la convocatoria del Congreso Pedagógico y finalmente lo presidió en 1882.
Para salvar omisiones no sería una idea tan peregrina que los días consagrados a la educación fueran rotativos y que cada año se fijen en fechas vinculadas a hechos y personajes vinculados a la enseñanza pública.
