Luego del fin de semana largo, el dictado de clases en las universidades nacionales estará afectado por un nuevo paro universitario y acciones de protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 300 días sin aplicarse.
La semana pasada, el conjunto de los gremios que representan a los docentes y personal no docente realizó una huelga el 12 de agosto. Esta semana, la Conadu Histórica (Conaduh), una de las federaciones sindicales, seguirá con el esquema de paros desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, para exigir la recomposición salarial fijada en la ley de fondos.
Al ser una sola de las federaciones que convocan a la huelga, la medida de fuerza probablemente tenga acatamiento dispar en las casas de estudio. Los estudiantes podrían encontrarse con clases suspendidas o modificadas en su modalidad durante esa semana. Ahora bien, el pleno del Frente Sindical y de las organizaciones estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA, convocaron a acciones de protesta y de visibilidad del conflicto hasta el jueves inclusive, con la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en todo el país.
El epicentro de la protesta será este miércoles 19 frente Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. Habrá un acto y movilización de estudiantes, docentes y no docentes a las 11, para continuar exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la ley. En ese marco, Conaduh convocó a un “banderazo”, a tono con las protestas del sector científico y tecnológico de la semana pasada.
A la par, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, destacó: “Las universidades están abiertas y dando clases normalmente. El ‘paro’ es convocado por un grupo de gente que NO TIENE personería gremial”.
“La AGD es una agrupación ‘simplemente inscripta’ que no puede ejercer la representación de los docentes de la UBA. Estamos con una paritaria vigente y convocada. ¡La única motivación es política!“, se descargó el funcionario en las redes sociales.
Según las estimaciones gremiales, el Gobierno adeuda una recomposición salarial de entre 28,5% y 31,2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y “que también se siguen reclamando”. Esta situación se arrastra desde hace 300 días, período durante el cual las organizaciones sindicales sostuvieron que no se implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso.
Entre los reclamos también se incluyen las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.
El conflicto volvió a retomar ritmo luego de una serie de fallos judiciales que avalaron el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que judicializó la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso el 2 de octubre de 2025 para actualizar los recursos y salarios del personal universitario según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Las universidades cuentan con un fallo cautelar de diciembre, confirmado por la Cámara de Apelaciones en marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el último recurso del Gobierno y devolvió la ejecución de la medida cautelar al juez de primera instancia Martín Cormick, quien la ordenó. La semana pasada, Cormick convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto, donde se esperan novedades judiciales.
El pedido de audiencia fue originado por la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que llevó adelante la demanda para que se cumpla la ley, solicitó que se intime al Gobierno a cumplir la cautelar bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal por desobediencia y aplicar multas al Estado nacional.
Las medidas de fuerza continuarán en lo que resta del mes de agosto. Además de la medida del paro de esta semana, CONADU llamó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, junto a otras federaciones, como FEDUN y FATUN.
Ante el regreso del conflicto la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, defendió la política oficial al indicar que “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidad Nacionales”.
(fuente: Infobae)
