por Josefina Minatta –
Encuentro Regional de Derechos Humanos Plan Condor, Historia, impacto y vigencia en la región Concepción del Uruguay, junio 2025
El presente trabajo se dirige a explorar las implicancias del Plan Condor en el ámbito regional, en la tarea de recuperar las memorias locales de la trama represiva extraterritorial, y en particular, historizar las relaciones, coordinaciones y acuerdos desplegados durante las dictaduras argentina y uruguaya por las fuerzas militares de ambos países, en las márgenes del Rio Uruguay.
En la Costa entrerriana del Rio Uruguay, esta articulación entre las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y uruguayas se fue descubriendo gradualmente y a través de fuentes diversas, como relatos orales, documentación del Ejército Argentino y de la Prefectura Naval Argentina.
En un primer momento, me voy a detener a analizar los casos de violencia política desplegados en Concordia-Salto en que intervine como fiscal federal, con relación, en un gran número de casos, a las acciones impuestas por el terror para desarticular el movimiento obrero de la represa de Salto Grande e impedir la instalación en Concordia y Salto de militantes nacionales del otro país, tomando como periodo de estudio, el tiempo que va desde 1975 a 1978.
En otro sentido, referiré brevemente el modo en que la coordinación represiva instalada por el Operativo Condor alcanzó la complicidad de la dictadura de la República Oriental del Uruguay en cuanto a la impunidad de
los vuelos de la muerte desplegados en la Argentina, y en particular, en Villa Paranacito, Entre Ríos, localidad sobre la que también como fiscal, investigo esos sucesos.
1. La obra de la Represa de Salto Grande como influencia de la represión conjunta local
Es necesario, para comenzar, poner en contexto el clima socio económico y político que atravesaba la región en aquel tiempo.
En el año 1974 sucedió para Concordia y Salto, un hecho que puede marcarse como un hito en la historia de ambas ciudades, principalmente porque el 1 de abril de ese año comenzó la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande. Se trató de una obra de ingeniería de inmensa envergadura y de carácter binacional.
Luego del inicio de la obra, en los meses de octubre y noviembre de 1974, distintas personas de Concordia comenzaron a recibir amenazas de la “Triple A”. La primera amenaza llegó al domicilio de cada una de las víctimas el 8 de octubre de 1974. Según consta en documentos que conforman el expediente judicial, en que investigo estas detenciones, el contenido de la amenaza era el siguiente: “Los bandoleros apátridas, auto marginados públicamente, agitadores de otras banderas, están matando a mansalva dejando en su funesto camino, desolación en hogares dignos. Concordia, ciudad de paz y tranquilidad, tiene en su seno estos individuos que
la Alianza Anticomunista Entrerriana los tiene debidamente detectados y a quienes ya los condena a morir como se merecen los traidores del pueblo”.
Algunas de las personas amenazadas, trabajaban en los obradores de Salto Grande. Pese a la gran importancia de la represa para la región, su construcción se vio opacada por la persecución que padecieron distintos actores vinculados a la obra, como el Ingeniero Omar Rizzo, el arquitecto Juan Gustavo Figueroa, y los delegados sindicales de la UOCRA, Mario Néstor Ruiz, José Luis Yoya, José Luis Rey, Víctor Carlos Ingold, Raúl Hipólito Etchart, Marcelo Néstor Fischer, entre otros, quienes intentaban mejorar las condiciones de trabajo de los obreros de la represa.
Los principales líderes sindicales de los obradores de Salto Grande eran Mario Néstor Ruiz, José Luis Rey y José Luis Yoya. Como la República Oriental de Uruguay se encontraba en dictadura desde el año 1973, los obreros uruguayos de la represa eran representados por delegados argentinos.
Así lo recuerda el ex delegado sindical José Luis Yoya:
“Cuando se inició el primer conflicto, los uruguayos ya estaban en dictadura entonces no podían concurrir a las asambleas ni tener representación sindical, entonces yo llevaba los reclamos de los uruguayos. La mayoría eran bancarios que habían estado presos, salvo dos hermanos José Luis Rodríguez y su hermano. Había habido una razzia en un banco en Uruguay porque los bancarios eran los más combativos, los más cercanos a los tupa”.4
Estos delegados tenían frecuentes desencuentros con el secretario general de UOCRA, Rogelio Papagno, quien había intentado disuadirlos sobre la prolongación de las medidas de fuerza. Sin embargo, la decisión de la Asamblea fue la continuidad de la huelga, en reclamo de un franco compensatorio.
El 30 de octubre de 1975, el secretario general de UOCRA, Papagno separó de sus funciones sindicales a Mario Néstor Ruiz.
De tal modo, la construcción de la represa constituyó una plataforma fértil para la coordinación represiva de los países fronterizos. De acuerdo con el relato de uno de los delegados gremiales, José Luis Yoya, que representaba a los trabajadores uruguayos, fue conducido por la fuerza a la ciudad de Montevideo a una reunión con militares de la República Oriental del Uruguay y dirigentes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande:
“El primer reclamo fue por los salarios, a mí me llevaron a Montevideo a hablar con los milicos. Entonces la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande propuso esa reunión en Montevideo, entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, las tres empresas italianas, y los milicos. Me llevaron medio preso”.
Mas adelante, los intentos por desarticular los reclamos se irían recrudeciendo contra todos los trabajadores. Tal como señaló otro exdelegado gremial, Víctor Carlos Ingold, hubo desde el directorio de Salto Grande, amenazas hacia los obreros para desalentar las huelgas:
“La patronal de Salto era un consorcio de empresas, italianos fundamentalmente. Militares no se veían, Salto Grande tenía lanchas con nombres de dioses griegos, y tenía la lancha donde nos cruzaban a nosotros, los lanchones. Tenían colectivos con logo de Salto Grande, todo identificado. Cuando los militares toman el gobierno hubo asambleas donde dijeron bueno se acabó de la joda, trabajen para terminar Salto Grande, ellos llamaron a los trabajadores para que los escucharan, los milicos eran, del directorio de Salto Grande. Pusieron militares en el directorio”.
En un mismo sentido declaró Yoya, al relatar otro modo de instigación, más violento, para la deposición de la huelga:
“Después de la bomba hubo una razzia contra todos los trabajadores de Salto Grande. Estábamos en asamblea en Salto y ahí vienen los milicos uruguayos, sacan toda la gente, la cargan en colectivos y van todos mezclados, a la cana, al Regimiento de Salto, en Uruguay. Desde ahí, los uruguayos tenían miedo, después de la razzia que los llevó a todos en cana quedaron todos fichados, muchos eran laburantes que no militaban, había bolivianos, chilenos, un húngaro había también, entonces empezaron a venir muchos menos uruguayos a las asambleas. Decayó el número de asistentes uruguayos a las asambleas.”
El 6 de noviembre de 1975 se produjo un atentado explosivo en Concordia, contra la sede del gremio de la construcción al que eran afiliados los obreros, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, -UOCRA-. Tras ello, fueron detenidos los delegados sindicales Mario Néstor Ruiz y José Luis Rey. En los días posteriores, fueron también detenidos Víctor Carlos Ingold y José Luis Yoya, y delegados de otras empresas vinculadas a Salto Grande, como la firma Garamendi. El dueño de dicha empresa, Gualberto Joaquín Garamendi, sería detenido el día del golpe de estado, al igual que otros integrantes del Comité de Huelga de Empresa Constructora de Salto Grande SA, como León Oscar Córdova, Fausto Bonvicino y Raúl Hipólito Etchart.
Acuerdos de caballeros. Detenciones Extraterritoriales y agencias de inteligencia
Hacia fines de noviembre de 1975, representantes de los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, reunidos en Santiago de Chile, establecieron el llamado “Sistema Cóndor,” o Plan Cóndor. Según el Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, el nombre Cóndor fue aprobado por unanimidad por una moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede. La red transnacional de Cóndor permitía a las dictaduras apuntar específicamente a personas exiliadas que habían huido de su país de origen y continuaban denunciando desde el extranjero a los gobiernos dictatoriales en el poder. No obstante, en algunos casos también sufrieron persecución los familiares que buscaban a seres queridos desaparecidos, y/o a personas refugiadas que habían dejado de ser
políticamenteactivas.
El Cóndor reprodujo la misma gama de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por estos regímenes dentro de sus fronteras, pero con un ingrediente adicional: la naturaleza transnacional de los crímenes. Esto se puede ver en tres aspectos.:
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El intercambio de información entre al menos dos países (a veces incluso más): el país de origen de la/s víctima/s buscada/s, y el lugar donde se encontraban
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La realización de operativos conjuntos por grupos de trabajo internacionales integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen de la misma (a veces, incluso de otros países interesados)
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Los traslados clandestinos de personas detenidas en un país a su país de origen.
A pesar de que la reunión fundacional formal del Plan Cóndor se realizó a fines de noviembre de 1975, en el caso argentino ya se habían desarrollado operaciones transnacionales de intercambio de inteligencia, de monitoreo y persecución de opositores políticos, incluso más allá de las fronteras del país.
De tal manera, en nuestra región, fue detenido en Salto el obrero argentino Hugo Galvani. Galvani era trabajador de una empresa subsidiaria de Salto Grande, y había decidido dejar la obra para mudarse a Salto, debido al clima de persecución que se vivía en Concordia con relación a los trabajadores de los obradores. Sin embargo, la coordinación represiva entre ambas orillas funcionaba ya a esa época, por lo que Galvani fue detenido en la ciudad uruguaya, en el mes de noviembre de 1975. De acuerdo con su relato, en el marco de la investigación que llevo adelante, fue detenido en una camioneta perteneciente a la propia represa:
“fui detenido en el Uruguay bastante antes del golpe de estado de Argentina, en Salto, yo iba caminando por una calle lateral a la principal, en la zona céntrica; ahí me llevaron, me detienen las fuerzas conjuntas del Uruguay, me meten en una camioneta de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se identificaron como investigaciones del Uruguay, me llevaron primero a un regimiento que tengo entendido estaba en el cerro. El lugar era grande, con un patio inmenso con una galería, me ponen una venda en los ojos, me meten en una celda y me empiezan a interrogar sobre la represa Salto Grande que gente había ahí que gente conocía. Movimientos sindicales de la represa, porque en ese momento había problemas de paros, marchas en el centro de concordia y un poco nos conocíamos todos, me preguntaban si yo conocía gente de la represa. En Uruguay me interrogaban con respecto a la represa, me interrogaba gente de ellos, servicios uruguayos. Estando yo en Uruguay se da le golpe en Argentina. Ellos se interesaban en la relación mía con gente del Uruguay. Me mostraban fotos, si los conocía, me interrogaban por toda esa gente. Allá me trataron mal sí, pero después me traen para acá, me traen al puerto de Concordia en una lancha. Estuve bastante tiempo en el regimiento de Salto. Cuando me sacan las esposas los uruguayos, me cambian por otras, la venda me la ponen cuando llego, ahí alcanzo a ver el puerto y Prefectura. Me llevaron al puerto de Concordia desde el puerto de Salto en una lancha de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”.
Hugo Galvani, también había declarado testimonialmente en la causa “Harguindeguy”, oportunidad en que refirió que fue detenido en Salto, República Oriental del Uruguay, interrogado y torturado por los militares de ese país, que le preguntaban sobre la represa y sobre personas militantes; acotando que también lo interrogaron militares argentinos, antes de marzo de 1976. Luego fue trasladado ilegalmente a la Argentina, donde fue apresado en distintos centros clandestinos de detención como la cárcel de Gualeguaychú y la de Coronda. Estuvo tres años privado de su libertad.
De acuerdo con el testimonio de Galvani, su detención extraterritorial resulta simultánea a la firma de acuerdo que dio nacimiento al Operativo Condor, y en su caso se verifican, tempranamente, las características definitorias del Plan: El intercambio de información entre al menos dos países; la realización de operativos conjuntos por grupos de trabajo internacionales integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen de la misma y el traslado clandestino de la persona detenida en un país a su país de origen.
Es que, aun antes de la firma del acuerdo en Chile, la Operación tuvo un momento previo, signado por actividades bilaterales, acuerdos de cooperación, y repatriaciones forzosas. Ese tipo de acciones fue recordado por el fallecido militar chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, como «la era de los acuerdos de caballeros». Esas actividades bilaterales comenzaron en 1973, se consolidaron el 28 de noviembre de 1975 con la firma del acta de fundación de Cóndor tras una reunión de tres días en Santiago y, finalmente, en marzo de 1976 comenzó su etapa más dura, cuando el golpe de Estado en Argentina favoreció su consolidación.
En tales condiciones, la investigación, dirigida a obtener elementos probatorios para verificar si aquellos hechos de 1975 constituían crímenes de lesa humanidad, se hacía necesario un relevamiento documental, que encomendé al Equipo de Relevamiento Documental del Ministerio de Defensa.
A partir del análisis de los distintos Libros Históricos del Regimiento de Tanques 6 de Concordia, así como de legajos personales de oficiales que cumplieron funciones en el Comando Cuerpo Ejercito II, se pudieron constatar comisiones de las autoridades militares argentinas, a la República Oriental del Uruguay durante los años 1975, 1976 y 1977.
La primera de ellas es del año 1975 y surge del Legajo personal del Oficial coronel Roberto Vilar, quien era jefe del Departamento II de Inteligencia en el Comando Cuerpo de Ejército II entre los años 1976 y 1977. En su foja de calificación, se encuentra asentado que asistió a dos comisiones a Uruguay. La primera, para concurrir a una “conferencia bilateral de inteligencia”, del 5 al 12 de octubre de 1975, y una segunda, desde Buenos Aires a Carrasco, también en octubre de 1975.
Respecto de la Conferencia Bilateral de Inteligencia, se tiene registro de un temprano Acuerdo Bilateral de Inteligencia celebrado entre Argentina y Paraguay en Asunción, el 12 de septiembre de 1972.11 Esto explica que, en el libro histórico de 1975, aun antes del nacimiento formal del Operativo Condor en Santiago Chile, ya se registrara la participación en Uruguay de oficiales, que revistaban en el regimiento de Concordia, en una conferencia de esa clase.
Del mismo modo, existen registros de viajes en comisión – asentados en el Libro Histórico del Regimiento- de oficiales argentinos a Salto y Tacuarembó.
El Oficial Rubén Gaitán era del arma Artillería y obtuvo la aptitud Especial de Inteligencia en el año 1969. De acuerdo con su informe de calificación de 1974/1975 de su legajo personal, asumió la Jefatura de la Sección de Inteligencia dependiente del Destacamento de Inteligencia 122, desde el 6 de diciembre de 1974 hasta el 4 de diciembre de 1977, cuando fue destinado a la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. Según consta en su legajo, como jefe de la Sección del Destacamento de Inteligencia 122 registra tres comisiones a Uruguay durante los años 1975 y 1976. La primera a Salto, del 8 al 11 de abril de 1975. Luego una comisión a Tacuarembó desde el 16 al 18 de septiembre de 1975, y, por último, en el informe de calificación de 1975/1976 se asienta una comisión reservada del servicio a ROU, desde el 3 al 7 de agosto de 1976.
Esta colaboración con las fuerzas represivas uruguayas también se visualiza en algunos legajos de oficiales del Regimiento de Concordia. En el reclamo que realiza para ascender de rango, Wilmar Alcides Basconnet señala:
“En 1975 me desempeñé como jefe de operaciones del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindado 6 “Blandengues” y simultáneamente, ocupé durante casi todo el año el puesto de Inteligencia de la Plana Mayor, habiendo trabajado intensamente en colaboración con militares uruguayos en la detección y anulación del enemigo subversivo que se manifestaba en la zona mediante acciones violentas”.
Tal Como señal la investigadora Melisa Slatman, a fines de noviembre de 1975, cuando el representante argentino en la Primera Reunión de Inteligencia Nacional firmó el acta de cierre, lo hizo representando a un Estado que estaba decidido a aniquilar a los opositores políticos.
1976
Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas.
Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Producido el golpe de estado, la desaparición forzada de personas, que hasta entonces había sido usada ocasionalmente, se convirtió en una de las principales herramientas que utilizó el plan sistemático de represión desplegado por el Estado terrorista. Los secuestrados eran conducidos a lugares especialmente adaptados, situados dentro de unidades militares o policiales o dependientes de ellas, conocidos con posterioridad como “centros clandestinos de detención” (CCD), que adoptaron dos tipos de funcionamiento: como “lugares de reunión de detenidos” (LRD), con capacidad de alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos, y como “lugares transitorios” (LT), que funcionaban como primer lugar de detención, desde el cual los detenidos desaparecidos eran derivados a otros destinos. Varios de esos CCD fueron utilizados para los prisioneros víctimas del Plan Cóndor, como Automotores Orletti (en la Capital Federal), Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes (en el conurbano bonaerense) o La Polaca en la provincia de Corrientes. Algunos puestos fronterizos cumplieron un rol relevante, ya que en ellos se produjeron capturas de quienes ingresaban al país o intentaban escapar del mismo (como por ejemplo Paso de los Libres, en Corrientes, limítrofe con Uruguayana en Brasil).
Esta metodología también se replicó en los bordes, es decir, en menor escala y en ciudades del interior del país como Salto y Concordia. Así, por ejemplo, del legajo personal del Mayor Wilmar Alcides Basconnet, quien revistara desde el 9 de enero de 1975 hasta el 9 de diciembre de 1976 como jefe de Operaciones en el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindado 6 “Blandengues”, se puede observar su traslado en una comisión a la ciudad de Rivera (ROU). La misma comisión tuvo lugar a través de la Orden del Dia 139/76 y aconteció desde el 7 al 9 de agosto de 1976.
Otra fuente documental que prueba la articulación Conjunta de las fuerzas represivas, esta constituida por la Memoria Anual de la Prefectura Naval Argentina del año 1976: En ese documento también se puede observar la coordinación entre las fuerzas represivas de Argentina Uruguay. En el apartado de la Memoria anual denominado “Antisubversivo”, en lo que hace a la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, se registró que
“Las dependencias subordinadas a la Prefectura de Zona Bajo Uruguay centraron sus esfuerzos a la tarea de identificación de las personas que se hallaban en embarcaciones inspeccionadas, con el objeto de detectar a individuos, ya sea aislados o en grupos, argentinos o extranjeros, que pretendieran alterar o entorpecer el libre ejercicio de las tareas comerciales o la tranquilidad de las personas a bordo de las embarcaciones deportivas. Al respecto, es dable destacar que en este aspecto se trabajó en forma coordinada con las autoridades uruguayas, implantándose medidas similares en lo que hace al contralor de personas, entradas o salidas de los respectivos países, con el fin de aumentar la eficacia del poder de filtro y para disminuir las posibilidades de acciones de individuos o grupos subversivos, manteniéndose por ello un constante flujo de información. En la jurisdicción terrestre se desplegaron campamentos volantes que observaron permanentemente el movimiento ribereño, complementando la acción mantenida precedentemente llevada a cabo en el área fluvial. Además de las operaciones enunciadas, se llevaron a cabo distintos ejercicios combinados con fuerzas del Ejército Argentino, que permitieron desarrollar diferentes tipos de estrategias y tácticas planificadas para la lucha antisubversiva”.
La información que arroja la Memoria Anual de Prefectura es central, porque se trata de la fuerza de seguridad que tiene el dominio absoluto sobre el rio, en este caso, sobre el Rio Uruguay, que compone la línea fronteriza entre ambos países. De allí se extrae, en particular, que la policía naval tenía la misión de detectar a individuos argentinos o extranjeros que pudieran alterar la tranquilidad, aumentar la eficacia del poder de filtro y para disminuir las posibilidades de acciones de individuos o grupos subversivos, manteniéndose por ello un constante flujo de información, objetivos para los que “se trabajó en forma coordinada con las autoridades uruguayas”.
Las garras del Cóndor
Hacia el año 1977, el Operativo Condor ya era un ave en pleno vuelo, no solo en las grandes concentraciones urbanas como Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile o Rio de Janeiro, sino también en nuestras pequeñas localidades ribereñas de la costa del Rio Uruguay.
El 3 de julio de 1977, los militantes del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay Jesús Suarez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia Garetta, junto a otros miembros de la familia Suarez Méndez, María Julia y Luis Suarez Méndez, Brenda Levith y su hijo Joaquín Suarez Levith, de 3 años- fueron detenidos por fuerzas militares argentinas en la ciudad entrerriana de Concordia, en Parque San Carlos, mientras hacían trabajos de quinchado en el Hostal del Rio.
En un primer momento fueron trasladados a la Jefatura Departamental de policía, y sometidos a violentos interrogatorios de los que tomaron parte militares uruguayos, que se identificaron como el Capitán Ramon Barboza y el militar Waldemar Tarigo.
Así lo rememora Luis Urrutia en su declaración testimonial: “Estuvimos en dos enterraderos, donde nos apresaron. Acerca de los responsables, los primeros fueron argentinos y ya en el correr de la tardecita/noche empezaron a aparecer los uruguayos. Los que yo recuerdo de ese momento, recuerdo a Barbosa que era Capitán del S2 en Salto, un cabo que pertenecía al S2 también, que era un rubio grandote de pelo largo y después había otro Uruguayo más pero que no los recuerdo. Después sí, tengo una imagen de Tarigo. Tarigo era un flaco de un metro noventa más o menos”.
Del mismo modo lo recuerda Eduardo Robatto: “Ahí estamos más o menos tres horas más en Jefatura hasta las once de la noche y aparece una persona que se presenta como el Mayor Tarigo, integrante de las Fuerzas Armadas uruguayas.”
Con excepción de Jesús Suarez Méndez, que logró fugarse tras haber sido torturado durante alrededor de veinte días, todos fueron trasladados ilegalmente a Salto.
Luis Urrutia explicó el modo en que se desplegó su traslado: “me trasladan para acá para Uruguay, en una camioneta del Ejército que atraviesa el puente de Salto Grande. La camioneta ingresa a territorio argentino. A mí y a Robattq nos sacan del penal y nos trasladan en un Ford Falcón a una ruta. En esa ruta estaba esperando la camioneta del Ejército”.
También fue ilegalmente trasladado a Uruguay Eduardo Robatto, quien señaló: “Con la capucha media puesta, no. Y nos hace firmar una documentación ahí. Sé que el 26 o el 27 de julio, nos suben otra vez en los autos, nos dejan en una carretera, nos suben a una camioneta del Ejercito uruguayo. Nos tiran adentro de la camioneta, nos tapan con unos ponchos y entre cuatro o cinco soldados, apoyan los fusiles en los cuerpos nuestros y pasan por la represa Salto Grande”.
Robatto y Urrutia sufrieron encarcelamiento por cinco años, en el penal uruguayo de Libertad. María Julia Suarez, Brenda Levith, Luis Suarez y el pequeño hijo de ambos fueron liberados tras el traslado clandestino.
La coordinación articulada entre las fuerzas represivas en este caso también fue documentada. De los registros de la Jefatura Departamental de policía de Concordia, perteneciente a la policía de Entre Ríos, sus detenciones fueron anotadas como ordenadas por “el jefe de Área 225”, es decir, el Coronel Naldo Dasso, jefe del Regimiento local. En el caso de Jesús Suarez Méndez, se registró en ese documento, que fue entregado por la policía de Entre Ríos al Teniente Primero Alemán, quien revistaba entonces como Oficial de Inteligencia de la Plana Mayor del Regimiento de Tanques 6 “Blandengues” Concordia.
Según surge del Libro Histórico de la Unidad, ese año, el coronel Naldo Miguel Dasso viajó en comisión a Salto (ROU) el 25 de agosto de 1977, acompañado por el Mayor Osvaldo Larocca (que era el segundo jefe de la Unidad y jefe de la Plana Mayor) y Elbio Pesotto. Esta comisión no figura en sus legajos personales y no tiene fecha de regreso, pero es posterior a las detenciones de los miembros del PCR.
Del mismo modo, el funcionamiento represivo del área se puede ver en la junta de calificaciones del Mayor Ramon Orieta, quien realizó un reclamo en desacuerdo con sus calificaciones del año 1980. En ese reclamo, Orieta refiere su colaboración dirigida a: “Desarticular elementos del Partido Comunista Revolucionario Uruguayo, que, aprovechando la situación fronteriza de Concordia, habían montado su organización y mantenían contacto con organizaciones terroristas argentinas, y señala la relevancia de detener y procesar elementos terroristas que, habiendo operado en Paraná y Buenos Aires, se replegaban en Concordia”.
De la misma manera, en el año 1977, la Memoria Anual de Prefectura registra, para la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, el 9 de octubre de 1977, un operativo de carácter antisubversivo para el control de la frontera: “Se inicia el “Operativo Indio Muerto” en el que intervienen, además de efectivos de la Prefectura de Zona del Bajo Uruguay, el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional y un helicóptero de la Institución, para control de área de frontera”.
De tal modo, lo que se verifica para el año 1977, de modo paralelo a las detenciones de Suarez Méndez, Robatto, Urrutia y el resto del grupo, el despliegue de las directivas del Operativo Condor se hacían visibles no solamente mediante los operativos conjuntos y los traslados ilegales, sino que se constata, además, el intercambio informativo y la realización de controles fluviales para impermeabilizar las fronteras.
1978
Hacia 1978, el matrimonio integrado por Susana Escudero y Jorge Iannandrea, y su hija pequeña de cuatro años fueron secuestrados en Concordia, en el barrio conocido como Gruta de Lourdes, y sometidos a interrogatorios de los que tomaron parte los militares uruguayos Ramon Barboza y Waldemar Tarigo. Luego fueron trasladados a la cárcel de Paraná. La niña había sido separada de sus padres, y según relató su madre, Susana Escudero, la pequeña fue recuperada y restituida a sus progenitores debido al accionar de un sacerdote concordiense, el padre Andrés Servín, quien la rescató y la escondió hasta tanto sus padres fueron liberados. En 1972, en Montevideo, había sido asesinado el primer esposo de Susana, Nelson Santiago Rodríguez Muela, por lo que Susana se encontraba en Argentina a fin de resguardar su vida, y, sin embargo, fue secuestrada, separada de su hija y de su esposo y sometida a torturas.
En ese mismo año, en la Memoria Anual de la Prefectura Naval Argentina se puede verificar la continuidad de esta clase de operativos de controles fronterizos. Se hace mención a las Ordenes de Operaciones dispuestas con relación al quehacer antisubversivo:
“Orden de Operación “dorado” de la Fuerza de Tareas 11, correspondiente a operaciones de vigilancia y protección de fronteras en apoyo a fuerzas del Ejército Argentino y dentro de la Jurisdicción del área Naval Fluvial, con misión de operaciones antisubversivas y contrarrestar acciones fronterizas de fuerzas extranjeras, interviniendo las Prefecturas de Zona Delta, Rio de la Plata y Bajo Uruguay”.
Así, se puede concluir para el año 1978, que la comunidad informativa y operacional extraterritorial permanecía activa.
El Plan Condor como plataforma de impunidad para los Vuelos de la muerte
La metodología de ocultamiento de los cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas a través de los vuelos de la muerte completaba el circuito criminal de secuestro, tortura, muerte y desaparición propio del terrorismo de Estado, que buscaba la eliminación de las pruebas materiales de los delitos de lesa humanidad cometidos con el fin de consolidar la impunidad de los culpables y generar el terror en la sociedad.
Como fiscal federal, me encuentro a cargo de la causa en que se investigan los vuelos de la muerte acontecidos en las aguas del Delta del Paraná, sobre el rio Paraná Bravo, en la localidad entrerriana de Villa Paranacito, frente a Nueva Palmira, Uruguay.
A través de los testimonios que colecté en ese expediente, se puede observar la relación que existía entre la población de Villa Paranacito con la población de Nueva Palmira, y el modo en que esa relación de cercanía era la plataforma para que las fuerzas argentinas y uruguayas llevaran adelante operativos conjuntos o coordinados de patrullaje del rio y de control de la población, como parte del Operativo Condor, y aun antes de su acta fundacional.
¿Qué dicen las voces de Villa Paranacito? Fabian Magnotta, un periodista de Gualeguaychú compiló en un extenso trabajo de investigación periodística, muchos de esos relatos. Tambien me acompañó en los recorridos fluviales que realicé en la investigación judicial. El expediente sumó varios testimonios.
Esteban “Cacho” Lujan era repartidor de carne en lancha. Por su trabajo, navegaba muchas horas al día. Así tomó conocimiento de los vuelos: “En algunas oportunidades vi los aviones esos, no se cómo se llamaban, que tiraban cuerpos al agua, en el Bravo, en la boca del Desaguadero. Eran cuatro aviones, y dos tiraron, nosotros veíamos el chicotazo del agua cuando caían”. Recuerda que veía los cuerpos en sus recorridos, y que para evitar que sus alumnos los observaran, cambiaba de ruta o les pedía a los niños que se agacharan adentro de la lancha.
Francisco Rapp es agricultor. Como muchos isleños del delta, cultiva nuez de Pecan. Vivió en Paranacito toda su vida. Tiene 86 años. Cuando fui a encontrarme con él para recibir su declaración testimonial, recomendé que, por su edad, no tuviera que subir las escaleras. Pero Rapp subió con una destreza inimaginada. La vida en las islas explicó, nos obliga a comer pescado, a movernos, a estar en contacto con la naturaleza. Sobre los vuelos, relató que encontró cuatro cuerpos en un canal de su quinta familiar, flotando sobre el agua. Eran hombres, vestidos de short. Aparecieron tras el paso rasante de aviones y helicópteros sobre el rio Sauce.
Carlos Ferreyra era un niño, y vio un cuerpo sobre un pontón de su muelle. Dijo que uno escuchaba los aviones y sabía que, al cabo de dos o tres días, aparecerían los bultos flotando por ahí.
Mirta Romero recuerda el momento en que desde una aeronave cayeron los bultos al agua: Hacían ruido y hacían olas. Después flotaban, corriente abajo. “Yo los vi”. Algunos bultos iban envueltos en frazadas, otros en Nylon. Otros iban desnudos: “Mi marido era chofer de lanchas, veía bultos, o muertos, en el río Sauce. Vio al menos dos o tres veces hacia el año 1977. Yo vi helicópteros oscuros que tiraban bultos, eso lo vi yo, vi los bultos y salpicaban y hacían olas. Esos cuerpos después aparecieron en el rio, el rio corre para el Uruguay. Mis vecinos los vieron, algunos envueltos en
frazadas. Otro tenía un short floreado y tenía las manos atadas con alambre. Yo tenía miedo, trataba de no salir para no ver. No me animaba a salir a ver. Yo vi cuando caían”. Mas adelante expresó: “En esa época no sabíamos qué hacían, no podíamos hablar, no se podía decir nada. A los cuerpos los dejábamos que se fueran por el rio. Nos daba mucha tristeza ver eso y no poder hacer nada, no poder hablar”.
Graciela Calzada era maestra. Recuerda que la Prefectura le avisaba que tal día, a tal hora, no saliera con su canoa. Y que, si veía bultos en el rio, se alejara de ellos.
Carina Chávez también relató la experiencia de su madre: “Mi mamá recuerda haber visto los helicópteros arrojar las bolsas negras. Ella era docente allá en el Ceibo. Vio a los helicópteros arrojar las bolsas. Pero en esa época no se podía decir nada.”
Además, varios relatos colectados en Villa Paranacito, afirman haber visto el lanzamiento al rio de tambores rellenos de cemento, con cadáveres adentro. Se trata de un método de ocultamiento de cuerpos utilizado en el centro clandestino de detención porteño identificado como “Automotores Orletti”, lugar caracterizado por ser el espacio de cautiverio de victimas extranjeras durante el terrorismo de estado, es decir, victimas del Plan Condor. Orletti fue una de las bases operativas del plan Condor.
Los vuelos de la muerte configuran -hoy lo sabemos- el último tramo del proceso represivo, conformado por una secuencia que contempla secuestros, tortura, desaparición de las víctimas y eliminación de sus cuerpos. En el último eslabón de la trama se instituyeron los vuelos, tanto como método de exterminio como de desaparición de la prueba por excelencia del crimen: los cadáveres.
El conocimiento general sobre la ocurrencia de los vuelos se fue deslizando de manera gradual. Se pueden señalar distintas etapas a través de las que la información acerca de este método fue tomando conocimiento público. En un primer escenario, durante el terrorismo de estado y en los primeros años de democracia, los traslados, su significado y los vuelos parecen haber configurado un rumor, una sospecha o una hipótesis que circulaba, no de modo masivo, sino, antes bien, en el circuito de testigos víctimas y organismos de derechos humanos. Luego, en el juicio a las juntas, los sobrevivientes y familiares formalizaron sus experiencias ante el poder judicial. Mas adelante, algunos represores rompieron, en condiciones de impunidad, un pacto de silencio. Dieron su versión de los hechos desde el centro íntimo de las fuerzas represivas. Scilingo, Ibáñez, Costanzo y otros represores confirmaron la existencia de vuelos de la muerte a la par que agregaron información sobre esos sucesos.
La primera sospecha que se tuvo acerca la utilización del agua -no aun de los vuelos- como método de exterminio, está marcada por la aparición de cuerpos en las costas uruguayas hacia abril de 1976, prácticamente al inicio de la dictadura. El 22 de abril de ese año, tres cadáveres fueron hallados en distintos lugares: dos en Laguna de Garzón, otro en la costa del Paraje El Caracol. Uno llevaba las manos atadas y los ojos vendados, otro tenía las piernas atadas con una soga, y el tercero, correspondiente a una mujer, tenía amarrada una soga a la pierna. Esos fueron los primeros cadáveres, de varios que fueron hallándose posteriormente. Así, entre 1976 y 1979 aparecieron treinta cadáveres en los departamentos de Colonia, Rocha y Montevideo.
En la descripción de autopsia respecto, por ejemplo, de un cadáver -identificado como NN N° 4- hallado el día 19 de mayo de 1976 en la Playa uruguaya denominada La Arenisca, puede leerse:
“El examen general muestra múltiples escoriaciones post mortem. No se observan heridas de arma blanca ni de arma de fuego. En la cintura presenta atado un alambre. Ambos pies se encuentran unidos por una doble ligadura, una de ellas formada por cables y la otra con alambres. Múltiples lesiones traumáticas: fractura de codo izquierdo, fractura expuesta de puño izquierdo, fractura de rodilla izquierda, fractura de pierna derecha, tercio medio, fractura de cuello de pie derecho. Región anal y perianal muestran heridas desgarrantes. Tiempo de muerte aproximado: 30 días. Fecha de muerte según Partida de Defunción: 19 de mayo de 1976. Causa de muerte según autopsia: Muerte producida por asfixia por sumersión en un cadáver con politraumatismo”.
El ejemplo que tomo es de un cuerpo hallado en la Playa La Arenisca, y lo escogí porque esa playa uruguaya -de las que registraron cadáveres- es la más próxima al Delta del Paraná. Se encuentra ubicada en el departamento de Colonia. Mas adelante, el Equipo argentino de Antropología Forense informó el hallazgo de otro cuerpo en Nueva Palmira, Uruguay. Nueva Palmira es un lugar ubicado justo frente a las costas de Villa Paranacito.
Los cuerpos encontrados en las costas de la República Oriental del Uruguay fueron inmediatamente conocidos por la opinión pública, aunque las versiones que daba la prensa sobre las causas de muerte, en un principio al menos, alejaban toda posibilidad de que fueran producto de la masacre que atravesaba la Argentina. Se instaló la versión de que eran muertos de origen oriental y que podrían haber sido víctimas de las mafias chinas.
Sobre la base de estos hallazgos, un ex agente de la Prefectura Nacional Naval uruguaya identificado como Daniel Rey Piuma, que había tenido acceso a distintos archivos secretos, dio a conocer hacia 1988 algunas circunstancias acerca de los cuerpos encontrados en costas uruguayas. Señaló elementos comunes en esos hallazgos, como el hecho de que
“la casi totalidad de los cuerpos evidenciaban señales de haber tenido sus miembros atados entre sí y con pesos para evitar que flotaran, que todos muestran señales de tortura y algunos de violaciones, que algunos pudieron haber encontrado la muerte antes de ser arrojados a las aguas, por las extremadas señales de violencia que presentan; que ningún cuerpo presentaba elementos que pudieran conducir a la determinación de su identidad: Inclusive, los dos últimos encontrados tenían sus rostros quemados con soplete; pocos cuerpos tenían ropa o restos de ella, y la mayoría tenía una permanencia en las aguas superior a los diez días.”
Con el tiempo, y tras la experiencia de trabajo en identificaciones, se conocería la identidad de algunos de los cuerpos hallado en Uruguay, como en los casos de Floreal Avellaneda y María Rosa Mora. Esta identificación permitió confirmar el origen argentino de las víctimas.
Daniel Rey Piuma también relató en su libro una conversación que dijo haber entablado con un cabo de la Prefectura argentina. En estado de borrachera, el cabo Víctor Pena le habría contado, durante los primeros meses de 1978, que “el procedimiento utilizado para ocultar los cadáveres (también utilizado con detenidos vivos bajo el efecto de sedantes) era desnudarlos, atarlos, y ponerles pesas; luego los subían a helicópteros del SIPNA y se los arrojaba en la desembocadura –o un poco antes- del Rio Paraná”.
En una entrevista concedida a la televisión holandesa, Rey Piuma brindó testimonio acerca de lo que supo en su carácter de agente naval uruguayo desde 1978:
“Los cadáveres de mis camaradas se veían tan destrozados y humillados… el mar arrastraba los cuerpos como basura. En el año 77, el mar depositó en la costa el cuerpo de una mujer joven. Había sido despedaza por la tortura, había sido asesinada un par de días antes, aun tenía las uñas esmaltadas. Estaba partida en dos, la habían violado hasta destrozarla. Y aquí es donde la dejó la mar”. Yo lo que pienso es que hubo un intento por ocultar esa información
Esta idea acerca del ocultamiento por parte del estado uruguayo de la información sobre la procedencia argentina de los cuerpos fue luego corroborada, a través de un cable diplomático donde consta, expresamente, la decisión política del estado uruguayo de no dar a conocer estos hechos como integrantes del plan represivo argentino.
La investigadora argentina María Laura Guembe reseñó que el 27 de mayo de 1976, la embajada norteamericana en Montevideo envió al Departamento de Estado un telegrama secreto sobre la aparición de diez cuerpos en Uruguay. Indica que el gobierno uruguayo fue informado por las autoridades del gobierno argentino que ocho de los diez cadáveres hallados eran resultado de operaciones antiterroristas argentinas. Indica que la fuente afirmó que los cuerpos fueron arrojados al rio desde helicópteros después de los interrogatorios realizados por autoridades argentinas (Guembe, 2024).
De tal manera, es posible avizorar el modo en que, de acuerdo con el telegrama secreto, el gobierno uruguayo no solo estaba informado sobre el método de exterminio implementado por Argentina, sino que, además, adoptó una política de silencio frente a los hechos, compatible con lo acordado en el acta fundacional del Plan Condor.
Del mismo modo lo señalan las investigadoras Magdalena Figueredo y Fabiana Larrobla:
“el análisis de la documentación existente nos muestra por un lado la comunicación constante con la República Argentina ante cada hallazgo y además la activación rápida de mecanismos de presión al interior de cada localidad para que fueran aceptados, por ejemplo, los certificados de defunción sin que se explicite la causa de muerte. El estado uruguayo actuó en estos casos encubriendo los hechos hasta tal punto que cuando éstos cobran estado público, afirma, a través de un Médico Forense, que se trataba de personas de origen oriental”.
Esta política de complicidad en los vuelos de la muerte tuvo implicancias concretas frente a los cuerpos de víctimas de vuelos de la muerte, aparecidos en las costas uruguayas que pudieron ser identificados, como los casos de Floreal Avellaneda y María Rosa Mora, porque pese a las identificaciones, sus cuerpos no pudieron ser recuperados.
Por otra parte, la vigencia del Plan Condor en cuanto entre las victimas de vuelos de la muerte perpetrados por represores argentinos, se encuentran ciudadanos chilenos como Nelson Valentín Cabello Pérez y Luis Guillermo Vega Ceballos, ambos secuestrados en Buenos Aires. Los cuerpos de Cabello Pérez y Vega Ceballos fueron hallados en las costas de Uruguay. Ambos habían sido encontrados en las aguas rioplantenses, el 22 de abril de 1976 con signos de haber padecido salvajes torturas antes de ser lanzados al Rio de la Plata o al mar.
En resumen, mientras en las localidades ribereñas de Salto y Concordia se produjeron detenciones, operaciones conjuntas, controles fronterizos desplegados, intercambio de información de inteligencia, y traslados clandestinos a través de las fronteras desplegados por las fuerzas operativas de ambos países, el Plan Condor también fue implementado respecto de los vuelos de la muerte, cuyo escenario quizás menos explorado se encuentra sobre el Rio Paraná Guazú, en su confluencia con el Rio Uruguay, prácticamente donde nace el Rio de la Plata, en las proximidades de las costas de Nueva Palmira. En este aspecto, mientras las fuerzas represivas argentinas imponían este método de exterminio, sus pares uruguayos guardaban silencio y colaboraban para ocultar el real origen de los cuerpos de las víctimas.
En ambos casos, los sucesos experimentados en localidades del interior de ambos países, confirma que se trató de un plan ideado para llegar no solo a las grandes concentraciones urbanas sino antes bien, para operar en todos los países signatarios, en cada ciudad y respecto de referentes de distintos niveles, entre quienes se encuentran los cuadros medios y bajos de las organizaciones políticas y gremiales concordienses.
