La UCA alertó por el crecimiento de la precariedad laboral, acceso limitado a salud e insuficiencia alimentaria en Argentina

La supuesta reducción de la pobreza por ingresos en Argentina, que tanto celebra el Gobierno nacional, convive con un incremento en los déficits de acceso a derechos sociales básicos, según datos aportados por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Los principales indicadores de carencia se concentran en la falta de empleo de calidad con seguridad social, el acceso limitado a recursos de salud y la insuficiencia alimentaria, factores que impiden una mejora integral en las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, entre los años 2024 y 2025, la proporción de hogares con al menos una carencia social no monetaria aumentó del 65,6% al 67,3%, lo que evidencia que la capacidad de consumo no resuelve las privaciones estructurales.

Los datos corresponden al informe «Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria», publicado en junio de 2026 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). El estudio analizó el bienestar desde una perspectiva multidimensional que abarca seis dimensiones de derechos económicos y sociales.

En la ponderación del informe, el mayor deterioro se registra en el mercado laboral y la seguridad social, con una carencia que alcanza al 33,1% de los hogares en 2025, frente al 26,7% que se registraba en 2017. Asimismo, el déficit en el acceso a la salud subió al 34,3% y la privación alimentaria escaló al 18,7%.

Según el documento, «los indicadores multidimensionales permiten evaluar privaciones que quedan ocultas detrás del dato monetario». Esta dinámica generó un aumento en el segmento de hogares que no son pobres por ingresos pero mantienen carencias sociales, el cual pasó del 33,3% al 42,9% en el último año analizado.

El informe destaca que existe una «mayor fragmentación y segmentación laboral, así como también pérdida de acceso a recursos esenciales».

La investigación concluye que «el descenso de la pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no se traduce en una mejora integral de las condiciones de vida ni en un mayor cumplimiento de los derechos sociales».

El diagnóstico final subraya que las deudas sociales del país son un problema estructural que excede la recuperación de la capacidad de compra de los salarios, una problemática que subyace de años y requiere de más y mejores recursos para ser solucionada.

(fuente: https://www.conclusion.com.ar/)