Por el Licenciado Germán Bercovich
La toma de varios colegios en la Ciudad de Buenos Aires es noticia desde hace semanas. Más allá de las precisiones que se discuten, sobrevuela la sensación de que los estudiantes asocian una determinada renovación de la forma de cursar la Escuela secundaria, con un clima político general nacional. Es decir, que hay coherencia entre las disposiciones de las autoridades educativas nacionales, y la ideología del Gobierno Nacional. Del otro lado, las autoridades del Ministerio, y varios analistas políticos (ver la nota de Jorge Lanata en Clarín, el sábado 16 de septiembre) anuncian que los alumnos pecan de sobreactuación, inmadurez, incoherencia, etc.
En el recorrido que sigue, veremos un antecedente valioso para lo que se encuentra en pugna: una de las Reformas educativas de la década del 90. Intentaremos vincular si la ideología neoliberal propia de esos años se correspondieron con algunas decisiones en materia de Educación. Para ello usaremos un trabajo de María Claudia Cabrera, “La mercantilización de la educación durante la década neoliberal Argentina”.
Recordaremos, inicialmente, algunos preceptos claves del liberalismo: la sociedad está constituida por individuos, y el rol del Estado debe asegurar las condiciones del libre mercado. Los individuos son, de esta manera, puros, autónomos, amos de sí mismos. El mercado tenderá, en su funcionamiento, a igualar las condiciones de posibilidades de éxito de cada persona. Aquellas que actúen conforme a las reglas del mercado, serán premiadas. Aquellas que no se adapten, serán objeto de las políticas represivas y-o sociales del Estado, que ocupará el mínimo espacio posible en el terreno económico. El mercado es, así, amo y Señor de la economía y de la sociedad.
Durante la década del 90 se aprobaron tres Leyes que se proponían transformar el sistema educativo de manera global: la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos, la Ley Federal de Educación, y la Ley de Educación Superior. Intentaremos abordar la primera, una de las dos más ambiciosas (la otra es la Federal), en cuanto a que abarcaban a la Educación en su conjunto.
La Ley de Transferencia Educativa (24.049) fue tratada en el Senado el 13 y 28 de noviembre de 1991, y pocos días después fue aprobada en Diputados. Lo que implicaba esta Ley era la transferencia de los servicios educativos como un tema exclusivamente de Presupuesto, dejando de lado que constituye una política de Estado. El primer paso fue despolitizar el Presupuesto, reduciéndolo a una cuestión numérica. Luego de esto, cualquier tema podía tratarse como un asunto de caja. La tensión entonces se dio entre aquellos que criticaban a la Ley por contar solamente con el color de la Economía (la oposición), y aquellos que defendían esta concepción. La Orden del Día 679-91 del Dictamen de Comisión finalmente terminó expresando que aceptaba la subordinación de la educación a las “variables económicas”.
Los que apuntaron al criterio economicista de la Educación, dentro del Senado, fueron muy pocos.
Un Senador entrerriano por la UCR, Ricardo Lafferriere (puede leerse en el Diario de Sesiones del Senado del 13 de noviembre de 1991), remarcó una tibia preocupación al respecto, pero reconociendo que “la gran batalla que está librando el gobierno nacional- la que está librando el país- es la batalla económica”. Suena bastante actual el argumento. Y ampliaba Lafferriere “aunque no nos guste, comprendemos que haya que poner el petróleo como bien de cambio, que haya que negociar el tema de los trenes, reformar el Estado con el tema de los teléfonos y Aerolíneas, o iniciar conversaciones respecto a otros asuntos”. Es decir, la “oposición” estaba allí para allanar el camino, no poner palos en las ruedas.
En la semana siguiente, el proyecto se trató en Diputados, aprobándose la moción justicialista de tratar el proyecto de transferencia y el de Presupuesto juntos, de tal forma que servicios educativos y Presupuesto Nacional volvían a confundirse. Juan Pablo Cafiero, del peronismo disidente, tuvo una destacada participación (Diario de Sesiones del 5 y 6 de diciembre de 1991) cuando calificaba a la intención del Estado como no tendiente a descentralizar nada, sino a “sacarse de encima esta carga que se ubica al lado de los gastos de una embajada o de un consulado, como si la educación tuviera un valor puramente económico, como los servicios públicos calificados de ineficientes (…) la idea es sacarse de encima las escuelas secundarias, las técnicas, las artísticas y los bachilleratos. La educación pasa a ser sujeto de las Leyes de mercado y el Estado se convierte en un desertor, en un fugitivo de sus obligaciones más importantes”. El proyecto fue, finalmente, convertido en Ley, transfiriéndose 3578 establecimientos y 86374 cargos docentes, y generando un sistema desarticulado, y de enormes condiciones de desigualdad según la Jurisdicción a la cual se transferían las responsabilidades. A partir de 1994, el Ministerio de Cultura y Educación ya no tenía bajo su dependencia directa institución educativa alguna.
La Historia sabemos que, si de algo conoce, es de repetición. Desde un Gobierno comandado por empresarios de todo tipo se intenta avanzar con procedimientos que promueven la inserción de estudiantes en empresas. Los alumnos ven, en estas maniobras, ideología de mercado. Quién puede acusarlos de delirantes?
