La papelera finlandesa UPM, que está estudiando invertir en la segunda planta de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay -la tercera en ese país-, destacó ayer que tanto la empresa como la Nación están haciendo un trabajo “muy fuerte” para cumplir con las etapas previstas y concretar la inversión.
Así lo dijo ayer el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo en Uruguay, Petri Hakanen, en una conferencia donde explicó que se cerró “satisfactoriamente” con la segunda etapa de la segunda fase del proceso del acuerdo de inversión para la instalación de la segunda papelera.
“Estamos ingresando a la fase tres, donde los principales asuntos están relacionados con los aspectos fundamentales del negocio de UPM, la previsibilidad y estabilidad necesarias para poder desarrollar operaciones sostenibles en el largo plazo. Estamos satisfechos con los avances y se ha realizado un trabajo muy fuerte por todas las partes”, sostuvo en declaraciones publicadas en el diario El País.
En este sentido, el vicepresidente senior acotó que el negocio de la celulosa está basado “en inversiones de largo plazo” en el entorno de los 30 a 50 años y generan empleo en muchos aspectos ya que permiten el desarrollo regional y de pequeñas y medianas empresas.
“UPM ya está establecido en Uruguay desde hace mucho tiempo, ya con operaciones en funcionamiento ininterrumpido desde hace más de diez años en Fray Bentos”, subrayó Hakanen, y agregó que los principales aspectos del país son su estabilidad política y social y su tradición democrática.
Por otra parte, el representante de UPM también señaló la importancia del cumplimiento de los aspectos complementarios a la propia planta como el desarrollo del ferrocarril para el transporte de carga desde el sitio en el que se instalaría la empresa (en el centro del país) hacia el puerto de Montevideo.
Si bien reconoció ciertos atrasos en el proceso de licitación enfatizó que no están preocupados y que confían en que se puedan cumplir con los plazos establecidos. Hakanen consideró que, a diez meses de firmar el primer acuerdo, se ha realizado “mucho esfuerzo” para que los trabajos avancen según lo previsto.
Una vez que se concrete la inversión y que el ferrocarril esté en construcción, el representante de UPM manifestó que “alrededor de 30 mil personas en el mundo” se verán impactadas por esto, publicó el diario El País.
La última etapa de la segunda fase está prevista que se cierre en marzo de 2019 y la empresa finlandesa tendrá como plazo máximo el 15 de febrero de 2020 para decidir si efectivamente desea concretar la millonaria inversión en el Uruguay.
El proyecto de la tercera planta implica una inversión de unos cuatro mil millones de dólares y será la mayor de la historia del Uruguay.
Críticas
En los últimos años, Uruguay ha fomentado la industria forestal y la instalación de gigantescas plantas de celulosa operadas por empresas multinacionales. Según las autoridades, estas actividades generan riquezas y puestos de trabajo, pero hay sectores de la población que ponen en cuestión la viabilidad y los beneficios de este modelo productivo.
Numerosos colectivos de la sociedad civil han vuelto a poner sobre el tapete esta discusión, ante el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la finlandesa UPM en noviembre de 2017 para la construcción de una nueva fábrica de pasta de celulosa que estará ubicada en el centro de ese país.
En vísperas del 25 de agosto pasado, fecha en la que Uruguay conmemoró su Independencia, una comitiva remitió al presidente Tabaré Vázquez más de cinco mil peticiones contra la segunda planta de UPM, que ya posee otra en Fray Bentos a orillas del río Uruguay, publicó el sitio Sputnik.
Allí se indicó que el proyecto “es lesivo desde el punto de vista institucional”, pues implica profundas concesiones sobre aspectos que tocan la “soberanía” del país, explicó a Sputnik Víctor Bacchetta, periodista especializado en temas ambientales e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
“Es un compromiso unilateral del Gobierno uruguayo a realizar una serie de obras e inversiones sin ninguna contrapartida. Es inconstitucional, implica aceptar la injerencia de una empresa extranjera en actividades propias del Estado”, dijo el especialista.
En el convenio, más allá de la obra pública para facilitar el desarrollo de la industria, Uruguay incluye otros temas inherentes a “la legislación laboral y la educación”, apuntan los opositores de la planta. Además, la fábrica de celulosa funcionaría bajo el régimen de zona franca, que otorga a la empresa amplios beneficios mediante la exención de impuestos.
Por otro lado, tanto los directivos de UPM como las autoridades uruguayas, ahora cuentan con un apoyo explícito del gobierno de Mauricio Macri y la anuencia disciplinada de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Da Caru).
Además, saben que muchos de los referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú son simpatizantes de Cambiemos (el abogado Osvaldo Fernández fue un alto funcionario del entonces Ministerio de Ambiente de la Nación bajo la conducción del rabino Sergio Bergman, por ejemplo), lo que también les permite atravesar estas etapas sin mayores conflictos.
(fuente: https://www.diarioelargentino.com.ar)
