El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, cuantificó en el 2018, que hay más de 3,5 millones de argentinos mayores de 6 años con discapacidad y que en 1 de cada 4 hogares vive al menos una persona con discapacidad.
Por esto, se generaron instancias de diálogo e intercambios plurales y federales, activos hasta fines de mayo, con participación multimodal que garantiza aportes diversos y accesibilidad. La participación en la elaboración de un proyecto de ley que se elevará al Poder Legislativo es la primera gran diferencia con la ley que existe en la actualidad.
También intenta consolidar un marco legal de reconocimiento de derechos humanos, civiles y políticos. Esta otra diferencia con la ley vigente busca interpelar a la sociedad en su conjunto mejorando y eliminando barreras, la peor de ellas, la actitudinal. De acuerdo al último informe del INADI, el mayor motivo de discriminación registrado en las denuncias fue la discapacidad, con un 20,2%.
Los ejes temáticos en los que se están realizando aportes son: educación, trabajo, salud, protección social, accesibilidad, participación política, vida autónoma e independiente. En todos los ejes existen actualmente barreras para que las personas con discapacidad desarrollen una vida autónoma con participación social.
El modelo desde donde se aborda a la persona con discapacidad es diferente en la ley actual y en la nueva propuesta. La ley vigente considera a la persona con discapacidad desde una mirada rehabilitadora, asistencialista, médica, paternalista, donde la condición la define y la persona es tratada sólo como sujeto de cuidado con un rol social pasivo.
La nueva ley de discapacidad busca un cambio hacia el modelo social de la discapacidad, con un enfoque que ubica a las personas con discapacidad primero como personas, como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas. Me detengo en la problemática del acceso al trabajo. Si 8 de cada 10 personas con discapacidad está desempleada, tiene que ver no sólo con la tasa de desempleo actual de nuestro país, sino con las barreras que impiden el acceso al trabajo.
La ley vigente establece un cupo laboral inicial del 4% en organismos del Estado, que en la última estimación pre pandemia se encontraba cercana al 1%. A principios de este año se decide la creación y promoción de un perfil profesional en el ámbito de las áreas de recursos humanos de los organismos de la Administración Pública Nacional.
El rol (RIDEL), tendrá la función de asegurar la planificación, gestión y fortalecimiento de los procesos conducentes a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Debería derribar barreras con el diseño universal, la accesibilidad, los ajustes razonables y apoyos necesarios que aseguren la inclusión y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad. También se habla de cupo en el sector privado. Las grandes generadoras de empleo genuino son las pymes, que están esperando cambios impositivos a largo plazo, necesarios para mejorar su capacidad ociosa, crecer y poder emplear.
Otra barrera al empleo es la pensión no contributiva, es una gran responsabilidad que una persona con discapacidad resigne su pensión para tomar un empleo que no sabe si sostendrá en el tiempo.
Todo el entramado social es responsable de mejorar las barreras del entorno, un proyecto de ley que viene a retomar conversaciones pendientes que hagan efectiva la participación social de las personas con discapacidad.
Fuente: Ámbito
