La impunidad de Joe Lewis y su proyecto inmobiliario en El Bolsón

En tiempos en los que se discuten en el Congreso y en las calles los proyectos de extranjerización de la tierra en nuestro país, agazapados, pero latentes, los intereses sobre la Pampa de Ludden, como se conoce a una porción del cerro Perito Moreno, en las cercanías del paraje Mallín Ahogado, a unos 20 km de El Bolsón, aparecen de cuando en cuando, buscando las fisuras para avanzar con un megaproyecto inmobiliario rechazado una y otra vez por las comunidades locales desde hace diez años, por los perjuicios ambientales y las fuertes irregularidades con las que se llevan adelante, que parten desde las formas espurias en que fueron obtenidas estas tierras fiscales a precios irrisorios, sin que se cumpliera el plazo de discusión parlamentaria que permitiera su venta.

Este proyecto, que lleva adelante la empresa Laderas de Perito Moreno S.A., vinculado al infame inglés Joe Lewis, dueño de la residencia al borde del Lago Escondido, tiene el propósito de construir un barrio privado al pie de dicho cerro, con 172 lotes, con canchas de golf, rugby, polo y una laguna artificial para pesca con «mosca».

Ahora bien, la aprobación de ese cambio de «manejo de suelo» viola la Orden Judicial de NO innovar vigente desde hace diez años. Si bien existe ese amparo de la Justicia que dio la «Orden de no Innovar», los intentos de los privados, en connivencia con el poder político (¡cuándo no!), siguen al acecho. En ese momento era vox populi el entramado del proyecto. La «pata política» mostró sus garras cuando el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, era uno de los socios del Estudio Contable (Fabrizio-Pogliano) que trabajaba para Laderas de Perito Moreno S.A. Pero no solo eso: el subsecretario de Bosques, Fernando Arbat, de la misma línea política, también fue representante de esta empresa, y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Rudolph, es el padre del actual encargado del Cerro Perito Moreno. O sea, que todo queda en familia. Y también la empresa Laderas S.A. es propietaria del complejo de esquí.

Todo esto forma parte del conglomerado del inglés Joe Lewis, que fue el que alojó a legisladores nacionales, como «Coco» Manrique, padre del actual ministro de Justicia, el juez Ercolini, y también un juez de la Suprema Corte de Justicia de EE. UU., Samuel Alito, que luego de esas mini vacaciones fueron al Hotel Llao Llao de Eduardo Elsztain, mentor de Milei, donde entre copas de champagne se repartieron sobres «marrones», seguramente con postales del lugar (sic). Esta gente juega un juego geopolítico que no es el de los argentinos. La pelea de mañana va a ser por el agua dulce y, a este ritmo, se va a quedar con el agua dulce de la cordillera. Es en este lugar donde Lewis maneja Patagonia Energía, empresa mediante la que opera una central hidroeléctrica sobre el río Escondido que entrega su producción al mercado mayorista argentino en el nodo El Bolsón. Sin embargo, para llevar el cable desde la usina al interconectado debería haberse hecho por soterramiento, pasando por la zona de El Repollo y luego por El Maitén. Sin embargo, fue desde la Central, pasando por la Pampa de Ludden y toda la costa del río Azul hasta la zona de El Bolsón, de Lago Escondido, o sea, su residencia.

Joe Lewis tiene un poder político que le permite hacer todo a su antojo. ¿Por qué? El grupo económico Tavistock sigue protegido por el «macrismo judicial residual». Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, los pusilánimes, puestos a dedo por Mauricio, «El Escorpión», Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que fueron designados para neutralizar todas las causas del macrismo en el fuero judicial, ratificaron un sobreseimiento en la compra de 11.000 ha de tierras en Bariloche, causa que viene del menemismo. Pero estos jueces eludieron la participación del fiscal general José Luis Iturbe de manera arbitraria, quien había expresado que el accionar de los camaristas era una exhibición de gravedad institucional, por lo que presentó en la Cámara de Casación Penal un pedido de anulación del sobreseimiento de Lewis y que le permita a la Fiscalía continuar con la investigación.

La compra de esas 11.000 ha incluye maniobras fraudulentas, que incluyeron a funcionarios menemistas de esa época, funcionarios provinciales y testaferros como Nicolás Van Ditmar, un empresario clave en la persecución que hiciera la exministra Patricia Bullrich a las comunidades mapuches de la Patagonia, a las que trataban de expulsar. El británico no solo se quedó con el Lago Escondido, materia también, hasta hoy, de investigación judicial por la manera violenta que se le prohíbe el paso a la ciudadanía. Mauricio Macri defendió a Lewis ante la Justicia, luego de alojarse unos días en su estancia. Ambos tenían relaciones desde 1996.

La causa contra Lewis no prescribió. Así lo entendió un dictamen jurídico del Ministerio del Interior de 2017.

El acontecimiento agraviante lo constituye la injustificada exclusión de esta Fiscalía General, en un recurso presentado en la Cámara de Apelación Penal.

Pero, por si esto fuera poco, en septiembre de 2022 el ciudadano Charles Barrington Lewis (Joe para los amigos) se presentó en representación de los socios de Hidden Lake S.A. ante la Comisión de Zonas de Seguridad, mediante un trámite abreviado, dos autorizaciones adicionales para la aprobación de la compra de 2.760 ha más en la misma zona de Seguridad de Fronteras. Mediante tales artimañas, en las que intervinieron importantes abogados y funcionarios públicos para comprar una enorme estancia en la provincia de Río Negro, se apropió del Lago Escondido, un lago de origen glaciar, que fue cercado para impedir el acceso a esa propiedad pública que es dicho lago. A pesar del tiempo transcurrido, el juez federal en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Canicoba Corral, recién llamó a indagatoria a los involucrados en el fraude en el mes de diciembre de 2015, estando para esa fecha, presuntamente, prescripta la acción penal, como lo estableció el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del 30 de marzo de 2017.

El desprecio de Macri por el ordenamiento jurídico se pondría en evidencia al defender al imputado de un delito. Resultaba obvio que Macri no podía ignorar la existencia de lo acontecido en la acusación penal y la abundancia de pruebas existentes. En ese tiempo, Rogelio Frigerio era ministro del Interior y, ante la remisión de los expedientes donde constaba todo el procedimiento, debiera haber adoptado los recaudos pertinentes para iniciar las acciones que en Derecho correspondan. No lo hizo, a sabiendas de que estaba convalidando un acto ilegal, y las excusas planteadas por el Ministerio del Interior (Frigerio) al Procurador del Tesoro resultaban no solo insostenibles, sino que mostraban el poco apego al orden institucional por la familia Macri y sus funcionarios. En el año 2021, la Cámara de Casación Penal dejó en firme el sobreseimiento y declaró prescripta la causa.

El resultado final es que Joe Lewis sigue cómodamente en su propiedad, realizando acciones intimidatorias a los que pretendan llegar a Lago Escondido. Es evidente que el poder político, parte del Poder Judicial y la corrupción instalada desde el menemismo hasta ahora, la realidad muestra que el órgano más importante para contrarrestar estos hechos es la Justicia, que ha llegado, con las excepciones del caso, desde lo más alto de los estamentos hasta el más insignificante tribunal, que han sido cooptados por la ambición personal y los poderes políticos.

(fuente: https://www.diariojunio.com.ar/)