Christian D’Alessandro presentó el recurso contra ANSES «para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados».
Un abogado previsionalista le exigió a la Justicia que frene el vaciamiento del fondo de los jubilados. En las últimas semanas, el Gobierno aceleró el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar las políticas de Mauricio Macri, pese a que el organismo resultó gravemente perjudicado.
El recurso de amparo del letrado Christian D’Alessandro recayó por sorteo en el Juzgado 1 de la Seguridad Social. Presentó junto con eso una medida cautelar para frenar el desguace de los recursos previsionales. Planteó que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, deben mantener el patrimonio de los trabajadores hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno de Alberto Fernández.
Mediante la resolución conjunta 69/2019 del 22 de octubre, las secretarías de Hacienda y Finanzas obligan a los organismos descentralizados del Estado a entregarle todo su excedente de liquidez al Tesoro Nacional, una medida fuertemente cuestionada por su presunta inconstitucionalidad. El Ejecutivo emitió a cambio de esto Letras, que le colocó, entre otras entidades, al FGS.
Macri de esta forma financia sus gastos corrientes con problema que patea al próximo gobierno, al que le deja organismos desfinanciados y lo fuerza a pagar los intereses multimillonarios de estos bonos. Lo decidió después de que agotó todas las fuentes de financiamiento, dado que los mercados internacionales le dieron la espalda y el FMI ya le entregó el préstamo más grande en su historia al final de la segunda guerra mundial.
D’Alessandro, como representante de Horacio Eladio Burgos, presentó el recurso contra ANSES «para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados». La cautelar apunta a no innovar y suspenda la resolución hasta que se sustancie la toma de mando del presidente electo democráticamente para que el FGS sea inalterable hasta el 10 de diciembre, para atenerse al artículo 43 de la Constitución Nacional y a la ley 16.986.
Denunció justamente que la resolución que salió de la órbita de Lacunza, y que fue acatada por ANSES, vulnera los derechos de los trabajadores pasivos, cuyos haberes provienen de los aportes realizados por los activos. Dichos recursos son ahora afectados a operaciones ajenas a los fines para los cuales integran el Fondo, lo que pone en riesgo a las futuras prestaciones, quienes ya padecen la quita de beneficios.
El Gobierno no consiguió que ningún economista o financista que quiera presidir el FGS desde mediados del año pasado, por lo que se hace cargo de la Subdirección Ejecutiva de Operaciones del Fondo el secretario general de ANSES, Alejo Maxit. El Destape reveló que la gestión de Cambiemos redujo el patrimonio administrado a tan sólo U$S 32.100 millones. Esto implicó una caída del 50% desde los U$S 64.000 millones que había consolidado a octubre de 2015, lo que sólo se explica por negociados, uso partidario del dinero y malas inversiones.
Jubilados: El Gobierno perdió el 50% del FGS en cuatro años
El default selectivo le dio un duro golpe a los inversores institucionales, principalmente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía el 20% de su cartera Letras del Tesoro. Por las variaciones del mercado, pero principalmente por los desmanejos, el ANSES perdió el 50% de esta caja en casi cuatro años.
Desde octubre de 2015 a agosto de este año, el FGS pasó de U$S 64.000 millones a U$S 32.100 millones, según los cálculos oficiales que circulan dentro del organismo jubilatoria y que llegaron a manos de El Destape. Es decir, sufrió una merma de U$S 31.900 millones en ese período, la mitad de los activos que había sabido acumular desde la estatización del sistema previsional en 2008.
El 9 de agosto de 2019, el último día hábil anterior a las elecciones primarias, el FGS contaba con U$S 48.300 millones, lo que ya implicaba una merma sustancial de los activos de este fondo anticíclico. En una sola semana, el 16 de agosto, tras la megadevaluación que Mauricio Macri permitió, la cartera se redujo a U$S 38.300 millones.
Fue aún peor el impacto que se vio 14 días después, post “reperfilamiento”. El 30 de agosto, el Fondo contaba con nada más que U$S 32.100 millones. El último dato oficial al que este medio tuvo acceso representa la mitad de esos gloriosos U$S 64.000 millones que había sabido sumar durante la gestión anterior.
Pero el derrumbe no sólo se dio en la medición en dólares, sino también en moneda local, lo que eleva aún más la preocupación. Mientras el 9 de agosto había $ 2,2 billones, a la semana siguiente se había reducido a $ 2,1 billones y el último día de ese mes se recortó a $ 1,9 billones.
Como el Gobierno no consiguió que ningún financista quiera asumir el cargo vacante que dejó Juan Martín Monge Varela en julio del año pasado, el secretario general de ANSES, Alejo Maxit, pasó a sumar las responsabilidades del FGS. A la vista de los resultados, se torna evidente que ningún economista haya querido ponerle la firma a todas las operaciones que llevaron a que se pierdan 50% de los activos.
Con la supervisión de Emilio Basavilbaso como director ejecutivo de ANSES, se incrementó el uso para fines políticos del Fondo, como los préstamos a las provincias afines y a los jubilados para que compensen la pérdida de poder adquisitivo tras el recorte previsional que implementó Cambiemos. En contraste, no existieron nuevos créditos para inversiones productivas, los que habían sido planificados también para reactivar la economía.
Pero, además, hubo manejos irregulares con el dinero de todos los trabajadores y jubilados desde 2016, cuando El Destape reveló el memorando con Qatar, que pretendía transferir U$S 300 millones del FGS a una offshore y que sea administrado por un financista privado, lo que claramente violaba todas las normas y leyes que lo regulan. El primer subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Luis María Blaquier, deberá prestar declaración indagatoria este miércoles ante el fiscal Franco Picardi por haber comprado desde el Estado bonos de Arcor y Cablevisión después de haber sido director de esas compañías. Además, había asumido el cargo con deudas con esas dos firmas por $ 1,5 millón y se retiró habiendo saldado esos créditos, lo que incrementa las sospechas sobre la administración de la que supo ser la mayor caja de Argentina.
Por Ezequiel Orlando
(fuente: https://www.eldestapeweb.com)
