Según datos publicados por Indec durante el segundo trimestre de 2018, en el último año, aumentó la desocupación pasando de 8,7 a 9,6 por ciento. Si se observa este indicador por rango de edad, se evidencia que el mayor aumento de los niveles de desocupación se da en mayor medida en los sectores jóvenes de la población, siendo los más afectados por la crisis socioeconómica actual. Frente a este escenario, el Estado se retira de su intervención, ajustando en aquellos programas destinados a la inclusión laboral y educativa.
Según pudo saber AIM a partir del informe, los jóvenes constituyen uno de los grupos más perjudicados ante la crisis socioeconómica actual. Según datos del Indec, para el primer trimestre de 2018, alrededor del 30 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años pertenecen a hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En relación a los indicadores laborales, la juventud posee una tasa de desocupación que casi triplica a la de los adultos de 30 a 65 años.
A su vez, la desocupación afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes (la tasa de desocupación llega al 21 por ciento). Y, dentro del conjunto de jóvenes, la franja de los 18 a los 24 años es la más perjudicada ya que el 24,3 se encuentra buscando un trabajo y no lo consigue.
Aquellos jóvenes que logran insertarse en el mercado de trabajo, frecuentemente lo hacen en empleos informales. Esto da cuenta de la vulnerabilidad de este grupo social, ya que la tasa de no registro se encuentra cerca del 50 por ciento. En términos generales, la informalidad laboral afecta al conjunto del segmento juvenil, pero para quienes provienen de hogares con ingresos bajos la tasa de no registro es más del doble que para quienes provienen de hogares de ingresos altos. Esta situación se complejiza al observar que cuatro de cada 10 jóvenes no registrados poseen el secundario incompleto. Estas cifras se reducen a dos de cada 10 en el caso de los registrados. A su vez, el acceso a la educación superior incrementa las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal.
Para colaborar con los ingresos en el hogar, muchos jóvenes suelen salir anticipadamente del sistema escolar y la ausencia de credenciales educativas repercute luego en las posibilidades de inserción laboral y en la calidad de los empleos en los que obtienen. No obstante, más allá del esfuerzo individual que ellos realicen para mejorar su nivel educativo, existen factores estructurales que condicionan sus posibilidades de acceso y finalización de estudios.
¿Cuál es el rol del Estado en esta coyuntura?
El Estado ha implementado diversas políticas públicas que apuntan a lograr una mayor inclusión laboral y educativa de la juventud. Uno de los programas más ambiciosos en términos de inclusión educativa es el Progresar.
Creado en 2014, el programa originalmente ofrecía becas para jóvenes entre 18 y 24 años que estén cursando cualquier nivel educativo (primario, secundario o educación superior) o realizando algún tipo de formación como por ejemplo el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Pretendía alcanzar a cerca de 1.500.000 jóvenes.
En el último año, el programa sufrió importantes modificaciones en su implementación, y fundamentalmente atravesó un ajuste significativo. En 2017, tuvo un recorte de más del 50 por ciento y para el año que viene nuevamente se reducen sus partidas presupuestarias. Lo que implica, en términos concretos, menor cantidad de jóvenes con posibilidad de acceder a la beca. Hemos visto lo importante que resultan las credenciales educativas para obtener un empleo de calidad.
A su vez, el 34 por ciento de los y las jóvenes de 18 a 24 años no finalizó sus estudios secundarios. Muchas veces por su temprana inserción laboral que les impide continuar con su formación. Estos datos, dan cuenta de la importancia de la inversión del Estado en programas y políticas que reviertan esta situación tan desfavorable para los y las jóvenes.
La juventud es una población altamente sensible a los fenómenos de la desocupación y la informalidad laboral, más aún si se tiene en cuenta la condición de origen o estrato de ingreso en el hogar del cual provienen. En este contexto complejo no se evidencian propuestas de políticas públicas que permitan un abordaje integral de las diversas situaciones por las que atraviesan los jóvenes. Al mismo tiempo, ciertos programas que apuntaban a la inclusión laboral y educativa de la juventud, como el caso del Progresar, cada vez poseen menos financiamiento.
Informe Centro de Estudios Atenea, especial para AIM.
(fuente: http://www.aimdigital.com.ar)
