Sin presupuesto, Milei buscará licuarle los recursos a las provincias. reuters
¿Cuáles son impuestos que subirán pero que no se repartirán?
- Derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial/ 20% CCL). Cómo el gobierno da señales de jugar a retrasar nuevamente el tipo de cambio, se espera que más adelante cambie el “blend” para hacerlo más atractivo a los exportadores.
- Impuesto País, por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último al 17,5%. Podría recaudar unos $ 7 billones. No es coparticipable pero un 30% se gasta en las provincias a través de fondos que manejan organizaciones sociales.
“En paralelo, el principal impuesto coparticipado – Ganancias – se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles el mínimo no imponible para las ganancias de la 4ta categoría de los empleados en relación de dependencia”, señala el trabajo.
¿Alcanza el recorte a las provincias?
Volviendo a la idea del presidente Javier Milei respecto de la magnitud del ajuste, el informe de LCG advierte que de cada 10 pesos de achique del gasto solo 2 aportarían las provincias
“Estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado, dado que aún reduciéndose por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos de ajuste para equilibrar el resultado financiero”, señala el estudio.
Sin presupuesto de 2024: la próxima batalla contra las provincias
Un elemento a tener en cuenta es que en 2024 rige el mismo presupuesto del 2023 prorrogado por decreto. Hasta ahora el gobierno decidió mantener las mismas partidas presupuestarias del año pasado, con un gasto de $37 billones y aplicar una “licuadora”a los fondos correspondientes a los gobernadores.
El estudio sostiene que “la no aprobación del Presupuesto para 2024 implica que se mantienen los créditos nominales que rigieron en 2023 y abre la posibilidad al Jefe de Gabinete a reajustar partidas con cierta independencia”.
“En un contexto de elevada inflación, esto podría habilitar la decisión del Gobierno de licuar los montos transferidos, reduciendo significativamente el peso de los giros presupuestarios a las provincias sin mayores restricciones legales”, explica el informe.
En rigor, hay que tener en cuenta que la mayoría de los fondos discrecionales, los que van por fuera de la coparticipación, están creados por ley, de modo que el gobierno está obligado a pagarlos. Aunque no sean enviados de manera automática, pasado un determinado plazo tiene que hacerlo.
La hipótesis indica que si el gobierno propusiera una Ley de Presupuesto, debería actualizar los créditos en función de la inflación. Entonces debería transparentar el recorte de este tipo de partidas y probablemente no logre lo votos en el Congreso. De allí que se piense que este año, tal vez no haya presupuesto del 2024.
(fuente: Ambito Financiero)
