En prácticamente todo el territorio provincial se produjeron actos de repudio al conocido fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficiara a genocidas de la ultima dictadura militar.
La Ciudad, hace un breve resumen de algunas de esas expresiones.
EL GOBERNADOR BORDET
Por las redes sociales, el gobernador Gustavo Bordet, expresó textualmente:
“REPUDIO. Más allá de las argumentaciones jurídicas, el fallo de la Corte Suprema parece querer claudicar los años de lucha que demandó condenar a quienes cometieron los más aberrantes delitos de lesa humanidad.
No hay motivos para una decisión como ésta sobre delitos imprescriptibles, sobre todo cuando aún queda mucho por hacer porque siempre entendimos que no puede haber reconciliación sin justicia.
Si nuestro desafío cotidiano es ir por más y mejor democracia, decisiones como ésta nos dejan la amarga sensación de impunidad y olvido. Sigamos construyendo políticas de reparación de los Derechos Humanos, buscando siempre memoria, verdad y justicia.”
EN NUESTRA CIUDAD
De diversas maneras las instituciones, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y sociales, sindicatos, y partidos políticos expresaron explícitamente su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia con la disminución de penas del 2×1 a los genocidas que actuaron durante la época del terrorismo de Estado en la Dictadura Militar.
En ese sentido, el viernes 5 de mayo por la noche se llevo a cabo una concentración en la Plaza Ramirez con ese sentido. Aproximadamente unas 200 personas se dieron cita a la convocatoria.
Documento de la Comisión Memoria Verdad y Justicia.
En el marco de la concentración mencionada, Comisión Memoria Verdad y Justicia dio lectura al pie de la histórica pirámide de la Plaza Ramírez al documento único redactado en repudio al fallo de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera aplicable la ley del 2 x 1 para los condenados por delitos de lesa humanidad.
“Declaración de los organismos de DDHH de Entre Ríos ante un nuevo atropello a favor de la impunidad
Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos manifestamos nuestra indignación y repudio ante el más reciente embate de la corporación judicial y política en contra de las conquistas en materia de derechos humanos de los últimos años: el fallo de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera aplicable la ley del 2 x 1 para los condenados por delitos de lesa humanidad.
Este veredicto del máximo tribunal de nuestro país se suma a otras decisiones de un sector del Poder Judicial que venimos denunciando y que adquirieron mayor fuerza desde que el 10 de diciembre de 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional, como son las prisiones domiciliarias a los represores, la extrema dilación de las causas y fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas bajísimas a los acusados como los del juez Federal de Paraná Leandro Ríos, entre otros beneficios para los autores de estos crímenes aberrantes.
Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad. Se inscriben en un cambio de paradigma que el gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar a través de múltiples estrategias. Así, por un lado vacían programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a abogados del Estado para no apelar fallos y no presentarse como querellantes, y por otro lado atacan a los y las principales referentes de los organismos de derechos humanos, cuestionan la legitimidad de nuestras luchas, habilitan el accionar de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos y niegan el genocidio. Como expresamos el último 24 de marzo, esta embestida en el plano simbólico persigue el fin de lograr el consenso necesario para ejecutar la represión con la que en estos días buscan doblegar la resistencia popular a las medidas económicas de hoy, el mismo plan económico de Martínez de Hoz. Es, a su vez, una demostración más de que la complicidad civil que sostuvo al genocidio sigue vigente y funcionando en la actualidad.
Tampoco es causal que pocos días antes de este fallo, la cúpula de la Iglesia Católica haya convocado a la “reconciliación” y “pacificación”, sin haber brindado información sobre el destino de los desaparecidos ni haber hecho una autocrítica sobre su rol durante la dictadura. Vuelve así la Iglesia a desempeñar un papel cómplice del terrorismo de Estado.
En esta ocasión, el golpe es de una gravedad inédita, ya que proviene del máximo órgano judicial de la Nación. Hoy, el fallo de la Corte –con los votos de Elena Highton de Nolasco y los jueces que Macri pretendió nombrar por decreto Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– le abre la rejas a los genocidas. Los asesinos, torturadores, apropiadores de bebés y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras podrán volver a caminar por las mismas calles que los sobrevivientes y nuestras Madres, Abuelas, Hijos y Familiares. Y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra provincia, donde la mayoría de los genocidas que han sido condenados podrán volver a quedar en libertad más temprano que tarde.
Para hacer esto posible la Corte resolvió en contra de lo que hasta ahora era jurisprudencia indiscutida, haciendo uso de una ley derogada hace años, ignorando que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los hermanos y hermanas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desconocer.
Ante esta situación, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelvan a reinar en la Argentina el oscurantismo y la injusticia.
La impunidad sólo genera más impunidad.
30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre!”
EN CONCORDIA
Concejo Deliberante repudió el fallo de la Corte
El Concejo Deliberante de Concordia repudió la decisión de la Corte que beneficia a un genocida. Fue el primero de los parlamentos municipales en expresar un rechazo en conjunto. Este jueves hubo repudios desde todos los sectores.
El Concejo Deliberante de Concordia, por unanimidad, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó la Ley 24.390, también conocida como la del 2X1, y que fue derogada en 2001, a un genocida. Dicha ley reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña.
La decisión de la Corte -que fue por mayoría, 3 votos a favor contra 2- provocó una andanada de repudios en todo el país. En la provincia se expresaron en contra sectores del peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, gremios y algunos dirigentes de Cambiemos. Hasta el propio gobernador Gustavo Bordet salió a rechazar la decisión del máximo tribunal nacional.
A esa ola de repudios se sumó este jueves el Concejo Deliberante de Concordia, que se convirtió en el primero en la provincia en sentar una postura conjunta al respecto. Lo hizo a través de una Resolución, presentada por la concejal Julia Saénz (FpV), que fue aprobada por unanimidad por los concejales de los tres bloques.
El documento expresa que la aplicación de la Ley 24.390 -derogada en 2001- en el caso Luis Muiña; deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2×1”. Todos coincidieron en calificar el fallo como lamentable. El tratamiento del proyecto no estuvo exento de comentarios cruzados: por un lado el FpV y el Frente Renovador vincularon el fallo con la política del Gobierno nacional, que apuntarían a «deslegitimar la lucha por los derechos humanos»; mientras que Cambiemos remarcó que la decisión fue tomada por la Corte Suprema, y no por el Gobierno.
Entre los considerandos, la resolución sostiene, que hasta ayer «era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Que los mismos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes, criterio exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que la Corte Suprema ha desoído».
La Resolución manifiesta la preocupación de que el beneficio de este fallo podría alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Destacando que en este contexto, los organismos de Derechos Humanos denuncian demoras en las causas que juzgan a los genocidas, sumado a la decisión de varios juzgados federales de conceder prisión domiciliaria a unos 50 militares y policías ya condenados por delitos de lesa humanidad.
Sáenz (FPV): «el fallo de la Corte no viene descontextualizado»
La autora del proyecto, la concejal Julia Sánez (FpV), dijo en el recinto que «creo que en el día de ayer, la gran mayoría del país se vio sorprendido por esta decisión; avanzando sobre este pacto social que la comunidad construyó en relación a los Derechos Humanos. Un pacto social generado en base a políticas públicas que fueran asegurando avances contra la impunidad. Políticas de memoria y de verdad. Como sociedad hemos tenido muchos desacuerdos, han sido 40 años en los que buscamos acordar como leemos este proceso que se dio en la Argentina, que tiene sus responsables y que aún tiene pendiente muchas luchas: aún no han sido condenados todos los genocidas, no han aparecido todos los nietos, no sabemos que pasó con nuestros desaparecidos. Sin embargo había una base de acuerdo, que era cómo la Justicia debía proceder ante estos genocidas».
En ese sentido, afirmó que «el avance que ayer hizo la Corte no viene descontextualizado, sino acompañado de políticas a nivel nacional que van desde haber deslegitimado la lucha de los DD.HH. y hablar de que son un «curro» a iniciativas más concretas que implican dejar libres a estos genocidas condenados. Y a aquellos que aún no han sido juzgados darles la posibilidad de que ni siquiera pisen la cárcel».
Benítez (Cambiemos): «ha sido una decisión lamentable de la Corte»
Por su parte, el concejal Esteban Benítez (Cambiemos), remarcó que el fallo fue una decisión «lamentable» de la Corte Suprema: «ha sido una decisión lamentable de la Corte Suprema de Justicia. Hoy hemos logrado la unanimidad porque entendemos que considerar los delitos de lesa humanidad como un delito común y volver a tratar una ley que ya estaba derogada desde el año 2001, es una decisión aberrante a mi juicio. Sinceramente creo que se deberían agotar todas las instancias y los reclamos de todos los organismos de Derechos Humanos y de las agrupaciones políticas, para lograr derogar este fallo de la Corte Suprema».
«La Justicia en este último tiempo nos está dando muestras de un accionar realmente lamentable. Lo vimos en casos de delitos comunes donde se otorgó la libertad a personas que no se merecían este beneficio y que no se entiende porque lo obtuvieron. Pero en estos casos se trata de criminales que van a recibir una especie de inmunidad. Es una situación comparable a la amnistía hecha por Menem en la década del 90, que deja a una porción de nuestra historia sin memoria», dijo.
Cedro (UNA Frente Renovador): «nos parece preocupante»
El concejal massista Daniel Cedro también rechazó la sentencia del máximo tribunal del país y, al igual que el FpV, aseguró que se produce en un contexto de «retorceso» en materia de derechos humanos como política de Estado.
«En principio nos parece preocupante toda esta escalada en contra de una política de DDHH que se venía desarrollando, que nosotros acompañamos por convicciones personales y fundamentalmente por una búsqueda de Justicia y Verdad. Me parece preocupante que la Corte haya hecho malabares a los efectos de beneficiar a los genocidas. Porque si vamos a los antecedentes de esta Ley del «2×1″ tenemos que destacar que se hizo en un contexto de crisis del sistema, en el que había una tardanza excesiva en los trámites de causa y también una superpoblación carcelaria. Pero esta situación contempla cuestiones distintas. Porque se trata de delitos de muchísima gravedad como es un genocidio del Estado y de personas que durante muchísimos años trataron de evadir la Justicia», dijo el edil.
«Es grave que la Corte Suprema de Justicia que debe velar por la seguridad jurídica haga un retroceso tan grande en relación a la política de Derechos Humanos. Un retroceso que viene acompañado de un ataque que se viene sosteniendo desde el gobierno de Macri; tiene que ver con la discusión de los 30.000 desaparecidos, con el tema del «curro», todo en contra de una política que se desarrolló no sólo en los últimos años sino desde la época de Alfonsín», finalizó.
EN PARANÁ
Mizawak: “El fallo del 2×1 es un grave error”
La titular del STJ opinó que el 2×1 para genocidas “es un beneficio que no corresponde desde ningún punto de vista, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de delitos imprescriptibles”.
«A mi modo de ver, es un grave error del voto de la mayoría. Desde el punto de vista jurídico y, sin ahondar, también lo es desde un punto de vista político”, subrayó la doctora Claudia Mizawak, máxima autoridad de la Justicia entrerriana.
Detalló que “desde el punto de vista jurídico, cita precedentes que no son similares, como el precedente de ‘Arce’”.
Mizawak señaló que “el 2×1 es una ley que estuvo vigente entre los años 1994 y el 2001, que fue derogada”, y que otorga “un beneficio procesal”.
El precedente ‘Arce’ especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma. Para la titular del STJ ese precedente “ni siquiera es aplicable al caso”.
En tanto, remarcó que “desde el punto de vista del derecho internacional, y del derecho internacional de los derechos humanos, es un retroceso enorme para la Argentina”.
Al respecto aseguró que “Argentina en el mundo estaba muy, pero muy bien considerada por su política sistémica en materia de derechos humanos en los últimos años, por haber enjuiciado con todas las garantías a los genocidas, es decir, con debido proceso, con derecho de defensa. Podemos decir que los genocidas, en la Argentina, tuvieron juicios con todas las garantías”.
Mizawak sostuvo que el 2×1 “es un beneficio que no corresponde desde ningún punto de vista. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de delitos imprescriptibles”.
Además recordó que “algunos jueces que firmaron el voto de la mayoría, son los que dijeron que eran imprescriptibles. Y ahora no explican ni motivan este cambio de opinión”.
En declaraciones periodísticas, la presidenta del Superior Tribunal entendió de todos modos que este fallo no tendrá repercusión en las justicias provinciales.
“En los tribunales ordinarios no tenemos ninguna competencia”, señaló. Pero acotó: “Me pregunto qué pasará en los tribunales orales federales, que todavía están juzgando y tienen dispuestas prisiones preventivas en juicios de lesa humanidad”. (APF)
La reacción al 2×1 en la Capital Provincial fue centralmente peronista
El Diario de Paraná informa que en la capital provincia, las distintas expresiones peronistas dominaron el repudio político al fallo que reduce la condena de represores. El kirchnerismo aportó mayor presencia en la movilización que hubo en Paraná.
Por alguna razón que no se termina de explicar, el radicalismo dejó en Entre Ríos el campo libre al peronismo para que domine políticamente las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad a que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el cómputo del 2×1.
En un año electoral el repudio fue capitalizado por el kichnerismo, que le dio aval político al grito de “Macri, basura, vos sos la dictadura”, que se cantó reiteradamente este viernes en Paraná , durante la convocatoria que formuló la Multisectorial de Derechos Humanos, bajo la consigna “Todos a la plaza a decirle no a la impunidad”.
La dirigencia política que se hizo presente en la plaza central de la capital provincial fue mayormente kirchnerista. Entre otros, estuvieron la ex intendenta Blanca Osuna; los diputados provinciales Pedro Báez, Gustavo Guzmán y Emilse Pross; las concejales Cristina Sosa y Stefanía Cora; el diputado nacional Juan Huss.
No hubiera sido cómodo para un radical que es parte de Cambiemos asistir a un acto donde se ligó al presidente de la Nación con la dictadura. Pero lo más curioso no fue eso, sino la ausencia total de pronunciamientos sobre el fallo durante todo el día jueves. Recién el viernes se conoció el parecer de algunos pocos dirigentes radicales que, acorde con la historia del partido de Raúl Alfonsín, se expresaron en contra de la aplicación del 2×1 para los delitos de lesa humanidad.
Qué dijeron. En sintonía con la posición del gobernador Gustavo Bordet, dentro del peronismo se multiplicaron los rechazos al fallo:
– El bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria que los delitos por los cuales fueron y son juzgados decenas de militares continúan perpetrándose, ya que hay miles de familias que siguen sin conocer el destino de sus familiares desaparecidos y siguen buscando a sus nietos y nietas apropiadas ilegalmente.
-El presidente del bloque de senadores del FPV, Angel Giano, afirmó que “el máximo organismo del país está presionado por grupos que fueron partícipes en el terrorismo de estado. Cada día las decisiones que se están adoptando a nivel nacional vuelven a vulnerar la historia de este país, la búsqueda de verdad y justicia”, sostuvo Giano respecto a lo que definió como “una afrenta contra toda la ciudadanía y en particular hacia la lucha de las madres y abuelas”.
Sergio Urribarri
“Cuesta interpretar este ajustado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contrariando su propia doctrina y abriendo las puertas a discusiones que creíamos terminadas”. Con esas palabras abre el ex Gobernador su crítica en Facebook por la decisión del máximo tribunal de Justicia, que autorizó la aplicación de la ley del 2×1 ante un condenado por lesa humanidad, redundando en la disminución del cumplimiento de su condena.
“Qué triste entender que pudimos ir tan lejos y que sólo un paso en falso nos haga retroceder tanto”, agrega la publicación en la cual el presidente de la Cámara de Diputados reivindica “la labor incansable de los organismos de derechos humanos, la lucha de madres y abuelas, por la aparición con vida o restitución de identidades robadas”.
Jorge Busti
-El ex gobernador Jorge Busti calificó al fallo como “un retroceso mayúsculo en cuanto a la política de Derechos Humanos, y una bofetada a la lucha de millones de argentinos”. Consideró además “inoportuna” la convocatoria de la Conferencia Episcopal a una reconciliación, ya que “la Iglesia jamás ha dado un informe ni ha realizado un mea culpa de su participación en la época de la dictadura”.
Otras Expresiones
-El secretario General del PJ de Entre Ríos José Cáceres, afirmó que el fallo de la Corte “sólo se comprende como parte de la política del macrismo que quiere eliminar la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Estamos retrocediendo décadas. Hoy los genocidas están celebrando y la lucha del pueblo ha sufrido una derrota”. Afirmó que “es el reflejo de lo que expresa el gobierno de Macri sobre los DD HH. Este fallo es parte de una acción deliberada del gobierno nacional que quiere terminar una etapa histórica de conquistas populares donde las condenas a los genocidas fueron parte fundamental”.
-La Agrupación Luche y Vuelve, que conduce el diputado Pedro Báez, el gobierno de Cambiemos indudablemente quiere impulsar políticas de olvido, mentira e impunidad para los genocidas”.
En las filas de la UCR no hubo una comunicación oficial del partido y tampoco de bloques legislativos de Cambiemos. Se conocieron, en cambio, posiciones personales:
-El diputado Alberto Rotman expresó su “enérgico desagrado y repudio con la sentencia donde la Corte Suprema de Justicia aplica el castigo del 2×1 para la prisión preventiva en delitos contra la Humanidad, desconociendo el fallo de la Corte Penal Internacional, olvidándose de las aberraciones que se cometieron durante la última dictadura militar donde la Justicia de la Democracia recuperada, por primera vez en nuestra historia condenó a la cúpula militar, tipificando a estos delitos como, contra la humanidad”.
Aclaró que “a pesar de ello seguiré bregando por la independencia del Poder Judicial, pero me reservaré el derecho como ciudadano, de criticar sus fallos cuando estos no estén de acuerdo con mi pensamiento, con mi ideología o con mi conducta de vida”.
-El senador Raymundo Kisser, señaló sus “dudas” respecto a la razón que llevó a tres de los cinco miembros de la Corte a avalar el 2×1. “Realmente, qué es lo que hay escondido detrás de este fallo no lo sé”, dijo.
“Tengo una sensación de amargura, de impotencia frente a esto, porque ese fallo ahora lo único que queda es plantearlo ante la Corte Interamericana. Ojalá se lo lleve a ese ámbito y ponga un poco de cordura en todo esto”, opinó.
A su vez, reconoció que “si bien los fallos en la Argentina son para el caso concreto, ya sabemos hoy hay pedidos de aplicación de esta misma doctrina jurisprudencial para otros casos. Entonces vamos a tener acá una gran cantidad de liberados que tendrían ya cumplida su condena si se hace el cómputo de 2×1”.
El diputado nacional Jorge D’Agostino dijo que la argumentación del voto de la mayoría en el fallo “es taxativa, absolutamente normativa y aplicable sin mirar las consecuencias del entorno del delito. Los otros dos votos sí lo hacen, que son los votos de la minoría con los que yo acuerdo”. Luego recordó que el delito por el que se condenó a Luis Muiña a 13 años “es un delito que no tiene beneficios de ninguna naturaleza”.
“A nadie le ha gustado este fallo, pero lo respetamos porque respetamos la independencia de los poderes. El fallo ha caído en un momento que afecta la sensibilidad social y molesta que un delito de esta naturaleza sea juzgado con este beneficio”, concluyó.
Implicancias Jurídicas
Eduardo Barcesat: «Este fallo amerita un inicio de juicio político para los tres jueces de la Corte»
El abogado constitucionalista se refirió al fallo de la Corte Suprema que beneficia con el 2X1 a represores condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. “La nueva lucha de las Organizaciones de DDHH será lograr que la sede internacional examine la conducta del Gobierno argentino”, afirmó a Radio Gráfica.
En comunicación con Radio Gráfica, Eduardo Barcesat, especialista en Derechos Humanos, habló sobre el nuevo fallo de la Corte Suprema que permite reducir el cómputo de la prisión en casos de delitos de lesa humanidad.
“Este fallo amerita un reproche y un inicio de investigación del juicio político para los tres jueces de la Corte que están quebrando la doctrina de la Corte Suprema y que hace algunas décadas provocaron las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos de Menem”, aseguró.
En términos técnicos, el abogado explicó que “no son posibles la amnistía ni el indulto a la conmutación de la pena ni la aplicación del beneficio del 2×1 de una norma derogada” y “no tiene una jerarquía normativa para competir con la prescripción del tratado internacional que tiene jerarquía constitucional desde el año 1994”.
Asimismo, dijo que la decisión de reestablecer la ley 24.390 «es un quiebre del principio del deber de audiencia de la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos que integran la Ley Suprema de la Nación”, y que, “tanto la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos”.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, 278 represores podrían salir de prisión a partir de este fallo. Entre ellos, los genocidas Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta y Ricardo Cavallo.
En este sentido Barcesat expresó que «es una manera de impunidad a favor de los responsables del Estado Terrorista y ha concitado un repudio de todos las Organizaciones de Derechos Humanos”. También agregó que, partir de ahora, la nueva lucha de dichas Organizaciones «será llevar esto a la sede internacional para que se examine la conducta del Gobierno argentino”.
Por último, el reconocido abogado reflexionó sobre el peso de la medida y su relación con la coyuntura. “Argentina ha logrado un prestigio por los juicios de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar. Este fallo es un retroceso, que viene con la campaña a partir de un contexto donde el presidente ningunea los derechos humanos, que habla de guerra sucia”, señaló.
¿Consecuencias internacionales?
Human Rights le pide a Macri que retire a su candidato para la CIDH
El director de la organización internacional destrozó al abogado De Casas, impulsado por la UCR.
El director ejecutivo de la división América de la organización Human Rights Wacth (HRW), José Miguel Vivanco, le pidió al gobierno de Mauricio Macri que retire la candidatura del polémico abogado Carlos Horacio de Casas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una columna publicada en el diario El País de España, Vivanco define a De Casas como «un mal candidato para los derechos humanos» y pide dar marcha atrás con su candidatura, que ya había sido cuestionada en febrero por los organismos de derechos humanos argentinos, pero que fue respaldada por el gobierno y por el radicalismo, principal interesado en quedarse con ese cargo.
Esos cuestionamientos estaban relacionados con la defensa por parte de De Casas del ex militar Enrique Gómez Saa, quien fue procesado por secuestros y torturas durante la última dictadura. El abogado, que mediante presuntas dilaciones evitó que enjuiciaran a su defendido, sostiene que Gómez Saa en realidad fue echado del Ejército por enfrentarse a la dictadura.
Vivanco no se hizo eco de esas acusaciones, pero sí de algunas posiciones ideológicas de De Casas y su «escasa experiencia en el campo de los derechos humanos». «Cuando se ha pronunciado sobre temas como la libertad de prensa ha estado muy lejos de ser un defensor de derechos. Por el contrario, ha manifestado opiniones que contradicen principios básicos que la CIDH ha defendido durante décadas», señala el abogado chileno, que ya había cuestionado a Macri por el caso Milagro Sala.
Vivanco también menciona que De Casas cuestionó la derogación del delito de desacato. «Fue la propia CIDH la que logró que ese delito, que viola la libertad de expresión, fuera derogado en Argentina», recuerda el director de HRW, que también hace mención a la posición de De Casas sobre el aborto, que contradice la postura de la CIDH.
«Los antecedentes de Carlos de Casas son aún más preocupantes en relación con los derechos de las personas LGBT, donde su posición parece ser sencillamente decimonónica», apunta Vivanco, que en otro párrafo agrega que «da la impresión que De Casas, quien ha escrito que ‘el fundamento último de toda ley es Dios’, podría subordinar los estándares de derechos humanos a su fe».
«Lamentablemente, de acuerdo a las reglas de OEA, es demasiado tarde para reemplazar a de Casas por otro candidato argentino. Dado el riesgo que este candidato llegue a la CIDH, la única opción viable es retirar su candidatura, aún si esto puede resultar una decisión difícil y costosa», sostiene Vivanco, que concluye: «más costoso sería mantener una candidatura que coloca en entredicho el compromiso del gobierno con una CIDH capaz de enfrentar con firmeza los enormes desafíos que en la actualidad tienen los derechos humanos en el continente».
