“Suspéndase, a partir del 1° de julio del corriente año, toda actualización de haberes, salarios y cualquier otro concepto que integre la remuneración de los funcionarios y del personal fuera de escalafón del Sector Público Provincial, comprendido en la Administración Central y Descentralizada, entes autárquicos y autónomos, así como de las sociedades y empresas del Estado, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente”. Eso dice el artículo 1° del decreto 1391 que firman Rogelio Frigerio y sus ministros de Gobierno y Hacienda y Finanzas, Manuel Troncoso y Fabián Boleas.
En los considerandos del decreto- al que tuvo acceso Página Política– se alude “a la caída real de los ingresos nacionales coparticipables, la eliminación de múltiples transferencias del gobierno nacional a la provincia y los vencimientos de los pagos de los servicios de la deuda en los próximos meses, entre otras erogaciones” que son “factores que impactan de modo directo sobre las cuentas del Estado provincial”.
En otro párrafo de los argumentos, se señala que “el mantenimiento del equilibrio fiscal resulta un deber del Estado consagrado en el artículo 35º de la Constitución provincial, el cual genera la necesidad de implementar medidas en todos sus ámbitos con el objetivo de continuar con la atención de las obligaciones fundamentales”.
En los artículos 2° y 3° del decreto invitan a las autoridades de los entes descentralizados, autárquicos y autónomos, sociedades y empresas del Estado.
También lo hacen con las autoridades de los poderes Legislativo y Judicial “a que se sumen al esfuerzo, adoptando medidas equivalentes” en sus ámbitos.
En el Poder Judicial rige la Ley de Enganche, en el que el Poder Ejecutivo Nacional homologa la actualización que propone la Corte Suprema de Justicia. Esto implicará una dificultad para sumarse al esfuerzo que plantea el Gobernador.
(fuente: https://paginapolitica.com/)
