En el actual contexto económico nacional, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals y las empresas constructoras, comenzaron a rubricar las actas de neutralización de la obra pública. Al respecto, el titular del organismo provincial dijo hoy que «en el marco del Decreto N° 257 emitido por el Gobierno de Entre Ríos, se convino en neutralizar obras en ejecución o en proceso de inicio por el término de 60 días luego de la audiencia celebrada con la Cámara Argentina de la Construcción y la Delegación Entre Ríos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, según información enviada a DIARIOJUNIO. De esta forma, se podrá analizar la situación cuidando a los trabajadores, a las empresas y a la salud financiera de la provincia». La decisión de paralizar la construcción de viviendas sociales es inescindible de la asunción del presidente Javier Milei, quien en campaña prometió terminar con la obra pública. El secretario de Vivienda de Milei, Ricardo Inti Alpert, confirmaba en noviembre pasado que, a partir del 10 de diciembre, no habría más viviendas construidas con financiamiento del Estado. Por el contrario, se fomentará a la gente «que paga alquileres de 200 lucas» a que invierta en la «compra o remodelación» de una vivienda con dinero de su propio bolsillo.
El funcionario precisó que «mediante la neutralización de obras, se suscribirán actas con 24 empresas que contienen 39 proyectos y abarcan la construcción de viviendas en todo el territorio provincial y trabajos de infraestructura en la ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay, entre otras.
El 26 de diciembre pasado, la presidenta de la Delegación Entre Ríos de CAMARCO, Laura Hereñú, mantuvo una reunión con el Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio; el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; representantes de la UOCRA y funcionarios del gabinete de gobierno. “En la reunión se acordó analizar profundamente la situación de la obra pública en la provincia y establecer canales de diálogo constante para que las empresas afectadas puedan tener la información necesaria y un marco de negociación respecto a cada situación en particular”, se indicó en su momento.
El secretario de Vivienda de Milei, Ricardo Inti Alpert, decía en noviembre pasado que: «si esa gente tiene la forma de poner un anticipo, de 8.000, 10.000, o 12.000 dólares, y tiene un crédito de 40.000 dólares, se arma una vivienda de primera calidad», aseguraba el futuro secretario de Vivienda.
“Si las viviendas que se construyen por obra pública se la cedemos a una familia que la quiera comprar, no se va a parar la obra, va a pasar a ser una obra particular que será dominio de una familia por lo que nadie se queda sin trabajo”, manifestó Inti Alpert.
“Nuestro primer año empieza por decirle a todo médico, docente, colectivero, bombero, policía, personal de la salud, programadores, los que laburan en Rappi, quién sea, que tienen ganas en comprarse un departamento, en construirse, en ampliar y que no tienen un crédito; que se anoten y hagámoslo”, destacó Inti Alpert, según Télam.
No obstante, a fines de diciembre pasado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmaba que ya se hicieron 20 mil viviendas junto al Gobierno nacional y señaló que no lo van a «convencer que el mercado resolverá estos problemas» y aseguró que «hace falta un Estado que participe, que regule». «Desde el Gobierno dicen no más obras y eso significa gente que se queda sin trabajo», expresó el gobernador durante una entrega de casas en la ciudad de Salto, según indicó Télam.
Un mes antes, el gobernador bonaerense firmó la resolución N° 1949/23 del Instituto de Vivienda de la provincia, que estableció montos de referencia para determinar los precios finales de las casas construidas o financiadas por el Estado. Según destaca la norma: «En la actual coyuntura de crisis habitacional, se debe evitar, por todos los medios posibles, el eventual desfinanciamiento del sistema implementado por el Instituto, porque impactaría de una manera negativa en el derecho de acceso a una vivienda digna de los sectores más desposeídos de la población bonaerense”.
Así las cosas, el organismo que dirige Diego Menéndez decidió establecer el precio final de las viviendas construidas “conforme un índice de actualización de las inversiones realizadas por aplicación del principio de la realidad económica para no lesionar el interés público».
Fuente: Diario Junio
