La deuda de las familias argentinas alcanza niveles alarmantes mientras las tasas de interés profundizan una transferencia de ingresos hacia el mundo financiero. La historia muestra que, cuando los endeudados dejan de vivir el problema como una cuestión individual y se organizan, la usura también puede encontrar resistencia.
Por: Veronica Lopez
La noticia económica que recorrió los portales de noticias de la semana fue, sin lugar a dudas, el alto nivel de endeudamiento de gran parte de la población nacional.
El gráfico muestra cómo el incremento fue exponencial, pasando de 2,5 puntos, en noviembre de 2024, a 12,3 en mayo de 2026; en lo que respecta solo a morosidad con bancos, tomando la línea de familias. Cuando se analiza más en profundidad la mora que afecta a estas familias, el 73 % se concentra en créditos personales y tarjetas de crédito.
En relación al nivel de deuda en billeteras virtuales, el registro de mayo de 2026 supera en dos puntos el pico de la crisis pandémica del COVID, de 29,6 contra 27,1 en 2019.
El siguiente cuadro muestra la población total en situación de deuda; se considera moroso a quien no ha podido responder adecuadamente a sus deudas en los últimos tres meses.
La noticia no solo es alarmante en relación al nivel de endeudamiento de los habitantes de la nación, sino también cómo la desregulación hizo posible que las tasas de interés sean desproporcionadas y usureras.
Respecto a las edades, el rango de mayor nivel de deuda va de los 35 a 44 años, siguiéndole muy de cerca los rangos anterior y posterior, de 25 a 34 y de 45 a 54 años. En resumen, es la población económicamente activa quien se encuentra altamente endeudada.
El informe, que causó preocupación, no contiene el otro nivel de deuda, mucho más informal: el del prestamista barrial, los cuales operan mayoritariamente en zonas de alta vulnerabilidad, poco empleo registrado y con casi nulo acceso al crédito. En este caso, la vía de cobrabilidad involucra actos violentos como amenazas, persecuciones y hasta apropiaciones indebidas de bienes muebles e inmuebles.
La usura, estado actual de la situación, legitimada por la liberalización de las regulaciones, tiene una larga historia en la sociedad argentina.
Una de las primeras casas “crediticias” fueron los almacenes de campo. El almacenero fue el primer otorgador de créditos en los pueblos agrarios del país, pequeños pueblos que iban surgiendo a medida que se incrementaba la población inmigrante y se extendía el ferrocarril.
El almacenero comenzaba otorgando pequeños créditos para la compra de insumos de bienes, como herramientas de trabajo; en ciertos casos, sacaba (también) de algún aprieto con alimentos, tanto para animales como para la familia. Estos créditos eran saldables en pocos meses y hasta dos o tres años.
El crecimiento de la población y del negocio, bien visto por el almacenero, le llevó a incrementar la oferta de productos comerciales, desde alimentos (en todas sus formas y de distintos orígenes de elaboración), indumentaria, telas, artículos de blanquería, cristalería, librería, zapatería, ferretería, talabartería, armas, muebles, hasta materiales de construcción, maquinarias agrícolas, sulkys, carruajes, molinos de viento, tranqueras y bebederos para animales.
Es así que estos almacenes de campo pasaron a conocerse como de “ramos generales”. El lugar no solo se asemejaba a un gran hipermercado actual, sino que se podría comparar con un shopping, pues era, además, el lugar donde se ofrecía comida elaborada y espacio para tomar y compartir con amigos al final de la jornada; también era el lugar donde los fines de semana se concentraba la actividad de diversión con bailantas y guitarreadas. Todo el consumo podía anotarse en la “libreta”, que poco a poco acrecentaba la deuda de los parroquianos y hacía crecer las arcas del almacenero, con números siempre por sobre el valor real de los productos.
A principios del S. XX, los almaceneros de ramos generales habían crecido en ofrecimiento crediticio y su capital se acrecentaba al ritmo del endeudamiento de los paisanos. Muchos de ellos se ofrecían como casa de depósito, en gran confianza, para comerciantes y productores agropecuarios; a su vez que ofrecían crédito a chacareros y obreros de oficio. Esto dejaba un saldo de ganancia sin riesgos para el almacenero, que terminó siendo propietario de campos y estancias, a veces, como forma de pago por deudas contraídas e imposibles de evaluar.
A mediados del S. XX, habían crecido tanto en la usura y capacidad crediticia que trabajaban financieramente con “crédito a la cosecha, a terminada la esquila o a la venta de los capones o novillos”; es decir que los chacareros solo podían comprar insumos en el almacén de ramos generales y, al levantar la cosecha o vender los animales, se le entregaba (íntegra) la producción al almacenero.
El único control sobre la deuda de los chacareros era el almacenero mismo, que inflaba los precios notoriamente, pero además era quien ponía el precio al cuero, la carne, el grano o la esquila que llevaba el chacarero para saldar la deuda; lo que resultaba que, en el mejor de los casos, quedaban emparejados o, lo más común, siempre quedaba algo de “cola” para mantener el vínculo usurero, atando un año más al colono con el almacenero financista.
A esta altura de la historia argentina, el almacenero no era más que parte del entramado oligopólico de las grandes casas exportadoras como Bunge & Born o Dreyfus.
Basta con recorrer cualquier pueblo de la Argentina y aún perduran las construcciones sólidas y de gran presencia, siempre en esquina, de los “almacenes de ramos generales”, por lejos las mejores construcciones, incluso superadoras hasta de las casas parroquiales.
Como era previsible, la cadena de endeudamiento se estira tanto que llega un punto que se corta. Uno de esos hitos fundacionales de resistencia contra la usura fue el “Grito de Alcorta”. Los chacareros, en su gran mayoría colonos italianos y españoles, obligados a arrendar tierras a terratenientes que se volvían cada vez más abusivos con los precios de arrendamiento, que además eran cada vez de menor plazo y no permitían la cría de animales domésticos para la subsistencia, se encontraron con dos años de malas cosechas, lo que incrementó sus deudas crediticias con los almaceneros.
El 25 de junio de 1912 se reunieron en la Sociedad Italiana de Alcorta unos dos mil chacareros para plantear su situación. Entre sus voceros estuvieron Francisco Bulzani, el almacenero socialista Ángel Bujarrabal y el comerciante Luis Fontana. El paro se extendió rápidamente por Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En julio, se reúnen los propietarios y terratenientes en la Sociedad Rural de Rosario, solicitando intervención del Ejército ante el estado de huelga; allí sorprendió el discurso de Lisandro de la Torre, planteando la necesidad de una reforma agraria.
En agosto de ese año, en la Sociedad Italiana de Rosario, con la presencia de representantes de colonos y chacareros en huelga, se funda la primera asociación gremial del trabajo rural: la Federación Agraria Argentina.
El Grito de Alcorta es un hito de resistencia contra la usura. Si bien muchas de las demandas fueron negociadas y se consiguió aliviar la situación de los colonos, el fin de la actividad usuraria sobre el arrendamiento recién llegó con la Ley 13.246, en 1948, cuando el gobierno de Perón regula el arrendamiento y prohíbe el subarrendamiento.
El endeudamiento poblacional no es más que la transferencia descarada de ingresos del pueblo trabajador hacia las arcas del mundo financiero; es tan vieja como la historia de la humanidad. La solución siempre fue la unión de los endeudados, cuando dejaron de pensar que era un problema individual y privado y comprendieron que era un problema del sistema usurario y políticas económicas que deben revertirse para el bien integral de la sociedad.
Ese es el único camino, ante la brutal situación social que oprime hasta elevados niveles de angustia, depresión, enfermedad y muerte a casi 20 millones de argentinos y argentinas.
