La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. De esta manera, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años.
De esta manera, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad», manifestó Patricia Bullrich, titular de bloque de LLA y principal impulsora del proyecto.
Qué dice el proyecto
El proyecto de ley propone la creación de un sistema penal juvenil especializado orientado a adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y regula que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. La propuesta contempla la rápida intervención del aparato judicial y reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por los delitos juveniles. El proyecto garantiza a las víctimas asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y de oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal. La normativa también contempla la participación de las víctimas en instancias restaurativas, como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones establece un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo será aplicable en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
Para la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción del joven. La libertad condicional podrá otorgarse solo con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen medidas específicas para responder a problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé la diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como la capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, el proyecto estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
