El Gobierno anunció la privatización de Aysa con argumentos de los 90’: modernizar y bajar precios

“El Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), de esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90 por ciento de las acciones de la empresa, que está en manos del Estado”, dijo el vocero Adorni durante una rueda de prensa este viernes al mediodía.

El funcionario dijo que el proceso se realizará “a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.

Como un Bernardo Neustadt del tercer milenio, Adorni fundamentó el presunto costo que tendría para el Estado mantener su empresa de agua y saneamiento, que ya había sido privatizada en la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, y reestatizada en 2006.

“Desde su reestatización en 2006 Aysa requirió aportes permanentes del Tesoro nacional, totalizando más de U$S 13.400 millones hasta 2023”, dijo el vocero sin exhibir ningún detalle, como es habitual. “Indicadores clave muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, añadió, sin mencionar de qué indicadores se trata ni la gravedad del “deterioro”.

Según el vocero presidencial, “la dotación creció un 90 por ciento y el nivel de morosidad alcanzó el 16 por ciento, cuando supo ser del 4 por ciento promedio”, aunque privó a la audiencia de saber en qué períodos ocurrió cada cosa. En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, la empresa multiplicó el valor de la tarifa en procura de genera superávit en su balance, lo que lógicamente provocó aumento de la morosidad porque los ingresos de los usuarios no acompañaron ese alza.

“Al asumir este Gobierno se encontró con que se habían gastado más de 4.800 millones de dólares en la ultima gestión”, revoleó, y agregó que “la empresa funcionó como plataforma de campaña, hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25 por ciento se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, los municipios de donde venía su cúpula directiva”.

En otro tramo de su alocución, el funcionario afirmó que el plan de privatización anunciado inlucye la permanencia del 10 por ciento de las acciones de la compañía en manos de sus empleados. “Se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionista de Aysa dentro del Programa de Propiedad Participada vigente”, sostuvo Adorni.

En cambio, prometió el funcionario, la privatización «permitirá modernizar el sector y mejorar le precio y la calidad del servicio«, el mismo esquema argumental de hace tres décadas que terminó con un servicio malo y caro.

Los números de Aysa
Según el propio Gobierno, la empresa de saneamiento estatal obutuvo superávita el año pasado. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) presentó ante su directorio los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, destacando avances significativos en la gestión operativa y financiera, así como los desafíos y perspectivas futuras de la compañía.

Además, «la empresa alcanzó un hito histórico: por primera vez desde 2007, logró el superávit operativo, consolidando un modelo de gestión eficiente, sustentable e independiente financieramente del Estado nacional», comunicó la propia compañía. 

Entre los principales resultados, «la empresa ha demostrado un importante crecimiento en sus ingresos por servicios, que pasaron de $519.378 millones de pesos en 2023 a $907.353 millones de pesos en 2024, gracias a la implementación de una adecuación tarifaria y a un programa de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas». Es decir, mediante un tarifazo para mejorar su balance.

En paralelo, en términos de eficiencia, «los gastos de explotación se redujeron de $690.063 millones de pesos en 2023 a $638.116 millones de pesos en 2024, reflejando una gestión más eficiente de los recursos». Con esos datos, la privatización se pareja más a brindarle un negocio a un privado, que a reducir costos del sector público.

(fuente: https://www.conclusion.com.ar/)