Por Juan Martín Garay
Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J.
En Entre Ríos se discute por estas semanas algo mucho más profundo que una reforma técnica. Se discute un límite: el límite entre administrar una dificultad estructural y utilizarla como excusa para recortar derechos.
La Caja
La situación de la Caja de Jubilaciones provincial es compleja; nadie podría negarlo. El sistema previsional debe ocupar un lugar central en la agenda pública porque el debate sobre su sostenibilidad ya no admite postergaciones. La ley vigente fue concebida en una realidad muy distinta a la actual. Hoy la Caja enfrenta un desequilibrio estructural marcado por una menor relación entre trabajadores activos y beneficiarios, una mayor expectativa de vida y fuertes restricciones presupuestarias.
La relación ideal de tres aportantes por cada jubilado está lejos de alcanzarse. El deterioro progresivo de ese vínculo impacta directamente en la capacidad financiera del sistema y pone en tensión el objetivo histórico de sostener el 82% móvil.
Ese es el diagnóstico. Y puede ser correcto.
Lo que genera alarma es la conclusión que empieza a insinuarse: que el problema se resuelve tocando el corazón del derecho jubilatorio.
El 82% móvil no es un privilegio ni una anomalía del sistema. Mucho menos lo es el 85% móvil, otro derecho adquirido del que casi no se habla. Son conquistas históricas que expresan una idea simple: quien trabajó toda su vida merece jubilarse con dignidad. Y la dignidad no puede redefinirse cada vez que las cuentas públicas atraviesan tensiones.
Cambiar la forma de cálculo, desenganchar los haberes jubilatorios de los salarios activos, postergar edades o relativizar porcentajes no es simplemente “ordenar” el sistema. Es decirle al jubilado que la promesa que sostuvo durante décadas ahora será reinterpretada. Y eso, más allá del lenguaje técnico, es una decisión política.
El riesgo de vaciar sin decirlo
Existe una estrategia conocida: no eliminar un derecho, sino vaciarlo progresivamente. Mantener el nombre, pero alterar el contenido. Decir que se “garantiza” el 82% móvil mientras se lo convierte en una fórmula cada vez más distante del salario real.
Ese camino puede resultar eficaz en términos comunicacionales, pero es profundamente injusto. Porque el jubilado no discute planillas Excel; discute su posibilidad de pagar medicamentos, sostener su vivienda y vivir con autonomía.
La técnica no es neutral
Se insiste en que se trata de una discusión técnica. No lo es. La técnica siempre responde a valores. Y cuando esos valores no se explicitan, se esconden detrás de porcentajes y proyecciones.
Hablar de sustentabilidad no implica, en sí mismo, hablar de ajuste. Implica garantizar que quienes hoy perciben un haber continúen cobrando en tiempo y forma, y que quienes están en actividad puedan jubilarse mañana con los mismos derechos. Pero también supone revisar inequidades, regímenes diferenciales y asimetrías que, de no corregirse, comprometen la viabilidad del conjunto.
La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a consignas simplificadas. El verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia previsional. Sin previsibilidad, sin reglas claras y sin ampliar la base de aportantes, cualquier esquema queda expuesto a crisis recurrentes. Pero ajustar siempre sobre quienes ya no tienen margen para recomponer ingresos no es equilibrio: es regresión.
El silencio también decide
e una palabra clara del gobernador no es menor. Gobernar también es asumir los costos políticos, no limitarse a utilizar redes sociales o canales indirectos para instalar temas o generar clima. Delegar decisiones sensibles y reservarse la prudencia no fortalece el debate; lo debilita.
El sistema previsional no es una oficina más del Estado. Es un pacto entre generaciones. Romperlo —o licuarlo silenciosamente— deja una marca profunda que no se corrige con discursos posteriores.
Sustentar sin empobrecer
Defender el 82% móvil no significa negar la realidad ni oponerse a toda reforma. Significa poner un límite. Existen otras herramientas: ampliar recursos, revisar exenciones, combatir la evasión, discutir aportes extraordinarios si fuera necesario. Ajustar siempre sobre los mismos no es valentía fiscal; es comodidad política.
Entre Ríos puede y debe dar un debate serio y maduro. Pero ese debate debe partir de una premisa clara: la sustentabilidad no puede lograrse a costa de la dignidad.
El 82% móvil no es un número heredado del pasado. Es una definición sobre qué tipo de provincia queremos ser. Y esas decisiones, tarde o temprano, nos terminan definiendo.
