Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas desde agosto en el área rural de Tartagal, en el norte de Salta, según denuncias de Greenpeace y comunidades wichí de la zona.
La organización ambiental documentó el trabajo de topadoras con cadenas en tres fincas ubicadas sobre la ruta nacional 86: Tonono, Alcoba y Caraguatá. De acuerdo con los denunciantes, el avance afecta directamente a tres comunidades y pone en riesgo el territorio y los medios de vida de otras siete.
En el sector de Finca Tonono, las máquinas llegaron a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Sus habitantes lograron evitar hasta el momento que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio cercano.
Greenpeace vincula el avance de los desmontes con la reforma del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta aprobada a fines de 2024. Sectores que anteriormente estaban clasificados como zona amarilla pasaron a una categoría denominada amarillo oscuro, que permite cambios en el uso del suelo.
Según la organización, el nuevo ordenamiento habilitaría potencialmente la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia. Greenpeace cuestionó esa modificación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que vulnera la Ley Nacional de Bosques.
Un relevamiento satelital de la entidad estimó además que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 11.960 hectáreas en Salta, aproximadamente el doble que en igual período del año anterior.
Las comunidades afectadas cuentan, según Greenpeace, con relevamientos territoriales realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), por lo que cuestionan que se autoricen desmontes en espacios reconocidos como de ocupación ancestral.
Entre las comunidades mencionadas figuran Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.
Los habitantes presentaron denuncias judiciales para intentar detener el avance de las máquinas, aunque sostienen que hasta el momento no obtuvieron respuestas efectivas.
Greenpeace también reclama información sobre las autorizaciones concedidas por la Provincia y advierte que la flexibilización de las normas de protección podría incrementar la pérdida de bosque nativo en la región chaqueña.
La organización recordó que durante 2024 se perdieron casi 150.000 hectáreas de bosque nativo en el norte argentino, principalmente en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.
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