Desde el Bloque de Senadores del Partido Justicialista expresamos nuestra preocupación frente a una nueva muestra de la creciente judicialización y espectacularización de la política entrerriana, prácticas que, lejos de fortalecer la democracia, deterioran la convivencia institucional y profundizan un clima de confrontación permanente que la ciudadanía ha manifestado, una y otra vez, no querer.
El comunicado difundido en las últimas horas por los senadores de Juntos por Entre Ríos vuelve a desplazar la política al terreno de la denuncia mediática, la condena anticipada y la construcción de relatos de “gravedad institucional”, en lugar de canalizar las diferencias por la vía del diálogo democrático y la responsabilidad pública que la representación impone.
La democracia exige dirigentes capaces de administrar desacuerdos, debatir ideas y sostener la convivencia aun en contextos de tensión. Convertir cada intercambio o cada discusión en una escalada pública de acusaciones personales y derivaciones judiciales no protege a nadie, sólo degrada el debate, banaliza herramientas que deben reservarse para hechos verdaderamente graves y alimenta una lógica de enfrentamiento que erosiona la confianza en la política toda.
Si este es el anticipo del estilo de campaña que ciertos sectores del oficialismo provincial pretenden llevar adelante contra dirigentes de la oposición, advertimos con claridad que se trata de un camino equivocado y profundamente perjudicial para la convivencia de los entrerrianos. Los vecinos y vecinas de nuestra provincia esperan de sus representantes propuestas y soluciones a los problemas reales; no operaciones políticas construidas sobre denuncias mediáticas, sospechas permanentes ni titulares de ocasión.
El intendente José Lauritto ha negado de manera categórica haber proferido amenazas o agravio alguno hacia una concejal y ha manifestado expresamente su voluntad de esclarecer los hechos por las vías institucionales que corresponden. Su trayectoria política y su compromiso democrático son ampliamente conocidos en Concepción del Uruguay y en toda la provincia, y no admiten ser reducidos ni tergiversados a partir de interpretaciones interesadas que se pretenden instalar públicamente.
Advertimos, además, que determinados sectores políticos parecen haber encontrado en la judicialización de la política una herramienta para sustituir el debate por el impacto mediático inmediato. Esa lógica no fortalece las instituciones: las debilita. Y, sobre todo, instala un clima en el que el adversario político deja de ser alguien con quien debatir para convertirse en alguien a quien destruir.
Reafirmamos nuestro compromiso con un debate respetuoso, con la independencia de los poderes y con la convicción de que la mejor manera de honrar las instituciones es no utilizarlas como instrumento de confrontación partidaria. La política entrerriana merece estar a la altura de su pueblo.
(fuente: APFDigital)
