A través de la resolución 965/21, publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció que este comité será “de carácter asesor y consultivo” y funcionará como “un espacio de investigación y planificación de medidas de contención del impacto de la pandemia Covid-19 en las personas con discapacidad”.
Entre las funciones que se le asignan figura «brindar asesoramiento” sobre la implicancia de la pandemia en personas con discapacidad, evaluar la situación “de los derechos humanos de las personas con discapacidad” en este contexto y elaborar informes y recomendaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad.
La resolución también indica que el comité será presidido por una coordinación “a cargo de un/a profesional de reconocida trayectoria laboral y académica en la temática de discapacidad”, y contará con un plenario compuesto por distintos profesionales. También se aclara que todos los que integren este comité lo harán de manera ad honorem, sin percibir ingresos por su función.
En diálogo con Política Argentina, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) Fernando Galarraga resaltó la importancia de la gestión de este organismo luego de las consecuencias que implicaron los cuatro años de gestión del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que la pandemia vino a complejizar, aún más para la población más vulnerable que implica a las Personas con Discapacidad.
El funcionario a cargo de la ANDis recordó que la misma fue creada en el 2017 con “el discurso de jerarquizar las problemáticas de las Personas con Discapacidad”, pero «se usó para todo lo contrario: el ajuste, el recorte, y no se hizo nada para fortalecerlo y lograr una cohesión institucional. Toda esa tarea empezó con nuestra gestión”.
“Cuando llegamos abordamos la emergencia de 145 mil expedientes en papel, desparramados por el piso en cualquier habitación. Así se trataron las solicitudes de las personas con discapacidad en todo el país. Nosotros digitalizamos todos los datos que ellos dejaron cajoneados y más de 110 mil fueron otorgados y estamos terminando con ese procesamiento. Estamos trabajando para cumplir con nuestra competencia, como el caso de la certificación de personas con discapacidad, de pensiones no contributivas, etc.”, destacó en diálogo con este medio.
En este sentido, explicó que la discapacidad es una temática transversal y está presente en “cada política, acción y área del Estado, para eso hay que articular con todos los ministerios, áreas, y organismos” para dar respuestas a nivel multidimensional. “En definitiva estamos restituyendo el rol del Estado para acompañar y sostener a las personas con discapacidad que no tienen acceso igual al mercado laboral o al sistema de salud –entre otras cosas-. Es decir, a esa población a la que el macrismo le había dado la espalda, nosotros le estamos dando respuestas concretas”, expresó el funcionario.
COMITÉ
En esta misma línea, Galarraga se refirió a la mencionada creación de este comité para el análisis del impacto de la pandemia sobre la población con discapacidad, al remarcar que tiene varios objetivos: “Por un lado reunir a un grupo de expertos con y sin discapacidad para analizar los impactos y construir indicadores de esos impactos. Porque tenemos información relevada pero dispersa, tenemos conocimiento de muchos más datos para saber qué ocurrió realmente con la población con discapacidad desde diferentes aspectos”. “Desde la población con discapacidad infantil, hasta en las herramientas de accesibilidad, en tanto al cumplimiento de los protocolos por internación, en la vacunación, en la ocupación económica, al ingreso al mercado laboral”, enumeró poniendo en evidencia la transversalidad de la problemática.
“Desde múltiples aspectos tenemos que abordar la discapacidad en pandemia, y post pandemia. El Covid provoca condiciones de salud que requieren que la persona certifique discapacidad y es muy grande el trabajo para hacer pero que se viene haciendo de forma aislada, ahora buscamos centralizar con una investigación que nos de mayores certezas para concretar acciones”, precisó.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL
En referencia a la población de personas con discapacidad en el marco de la pandemia de coronavirus que azota a la humanidad desde el 2020, es importante tener en cuenta que existe una Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, que en su artículo 11 se refiere a las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.
Al respecto Fernando Galarraga, planteó la importancia de las “barreras históricas” a las que se ven sometidas las personas con discapacidad para el cumplimiento y el ejercicio de sus derechos. Mientras que al ser consultado respecto de si considera que nuestro país adhiere correctamente a la normativa internacional, contestó que “estamos avanzando a un mayor nivel de cumplimiento en muchas de las cuestiones preescritas por la Convención, nuestro país tiene un trabajo hecho, y en pandemia se dieron respuestas pero no suficientes porque la discapacidad enfrenta barreras históricas para ejercer sus derechos”.
“Sin embargo se consiguieron las prioridades y los protocolos en la vacunación, se consiguieron acciones concretas de muchos organismos y Salud accedió a un seguimiento a las personas con discapacidad en relación con el Covid. No recibimos la dificultad – como sí ocurrió en otros países- de tener que elegir a quién se le iba a dar prioridad. Eso fue gracias a que se trabajó fuertemente en fortalecer al sistema de salud, para que ningún profesional tenga que enfrentarse a esa situación”, concluyó.
Fuente: Política Argentina
