Los primeros datos del relevamiento muestran que el año pasado entre el 40% y el 45% de las empresas locales accedieron a algún tipo de asistencia del Estado, ya sea bajo la forma de créditos a tasas subsidiadas, o por el programa de Asistencia en la Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP).
Pero de ello, los destinado a mantener en pie el aparato productivo alcanzó a los $353.084 millones, de los cuales el programa por el cual el Gobierno se hizo cargo de pagar una parte de los salarios de las empresas (ATP) fue de $226,823 millones, mientras que el financiamiento a través del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), llegó a los $126.261 millones.
Según aclaró Donato, este tipo de financiamiento al sector privado de parte del Estado hay que ubicarlo en el contexto de la crisis del covid-19. Fuera de ese escenario, en condiciones normales, las empresas argentinas enfrentan los desafíos de mantenerse competitivas casi sin financiamiento. Desde hace décadas las pymes están condicionadas a tener niveles extraordinarios de rentabilidad para financiarse con su propio flujo de caja. Donato señaló que Argentina “tiene un sistema financiero absolutamente subdesarrollado, lo cual es una anomalía total”. Históricamente, el país no logra superar un nivel de financiamiento al sector privado que no pasa el 15% del PBI. El economista señaló que el sistema financiero “es demasiado chico con relación a otros países de PBI per cápita similar, sobre todo porque no tenemos moneda”. “En ese contexto, el acceso al crédito de las empresas es muy difícil y es un límite de la consolidación de la recuperación. Es uno de los límites de oferta que muestran hoy las pymes locales”, explicó.
Algunos estudios recientes, como el caso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), muestran que en ese sector el 56% de las empresas dicen no tener crédito bancario.
