El Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad condenó a los ex integrantes de Gendarmería Nacional Néstor Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto a diez años de prisión por su responsabilidad en secuestros, torturas y persecuciones contra militantes del Partido Comunista durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, por mayoría, se dispuso que sigan en libertad hasta que la sentencia quede firme.
La sentencia constituye un hecho de relevancia para la memoria, la verdad y la justicia, en Concepción del Uruguay, pero también en la provincia, al tratarse de la primera condena en Entre Ríos contra integrantes de esa fuerza de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
La investigación permitió reconstruir hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en Concepción del Uruguay, cuando militantes comunistas y sus familias fueron víctimas de procedimientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos físicos y psicológicos, amenazas y persecuciones sistemáticas. Entre las víctimas se encontraban también niños y niñas que sufrieron las consecuencias directas de la represión.
Durante el debate oral, numerosos testimonios permitieron acreditar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la ciudad. Los relatos dieron cuenta de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas y simulacros de fusilamiento llevados adelante por fuerzas represivas que actuaban de manera coordinada.
Cabe destacar el rol de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a quien el Tribunal dispuso remitir copia del veredicto para avanzar en la señalización de distintos espacios vinculados al accionar represivo de aquellos años como Sitios de Memoria. Entre ellos se encuentran la Unidad Penal N° 4, la sede local del Escuadrón de Gendarmería y la denominada “Casa Bernay”, identificada en el juicio como un lugar utilizado para la detención clandestina y aplicación de tormentos.
La sentencia reafirma la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas de memoria y el compromiso de las instituciones democráticas con la defensa de los derechos humanos, promoviendo el conocimiento de lo ocurrido durante la última dictadura para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Desde la Municipalidad a través de la Dirección de Derechos Humanos, se continuará trabajando en acciones de preservación de la memoria colectiva, acompañando los procesos de verdad y justicia.
