Mientras el gobierno lo anuncia como una “modernización” de la defensa, la realidad muestra otra cosa: se trata de blindados con 25 años de antigüedad, comprados a Estados Unidos en medio de un brutal ajuste que castiga a jubilados, trabajadores y áreas sensibles como salud y educación.
La reciente firma de un acuerdo entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobierno de Estados Unidos para adquirir vehículos blindados M1126 Stryker vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué necesidad tiene la Argentina de comprar material militar de segunda mano, diseñado a fines del siglo pasado, y con un desempeño que ha sido ampliamente cuestionado incluso por el propio Pentágono?
Los Stryker son blindados 8×8 que comenzaron a fabricarse en el año 2002, a partir de una plataforma de diseño canadiense de los años 90. Tuvieron su debut operativo en Irak y Afganistán, donde enfrentaron enormes dificultades frente a entornos hostiles. En esos teatros, las tropas estadounidenses reportaron vulnerabilidades críticas ante artefactos explosivos improvisados (IED), limitaciones en la movilidad en terrenos difíciles, y un blindaje insuficiente frente a armamento moderno.
Un sistema que ya no cumple con los estándares de hoy
En la actualidad, buena parte de los ejércitos más avanzados están dando pasos hacia vehículos con mejor protección activa, mayor interoperabilidad digital, sistemas de control remoto de armamento y blindajes modulares de nueva generación. En ese contexto, el M1126 Stryker quedó relegado a tareas secundarias o directamente fue dado de baja en unidades estadounidenses.
De hecho, el Ejército de Estados Unidos lleva años desarrollando reemplazos para los Stryker, incluyendo variantes más modernas con torretas automatizadas, capacidad antiaérea y mejoras estructurales que no estarán presentes en los vehículos adquiridos por la Argentina.
Expertos en defensa advierten que los modelos ofrecidos en el marco del programa Foreign Military Sales suelen ser lotes excedentes del stock norteamericano, reacondicionados para la exportación. Es decir, no se trata de equipamiento de última generación, como intenta vender el gobierno de Javier Milei, sino de tecnología pasada de moda con altos costos de mantenimiento y bajo rendimiento en operaciones reales.
Compra sin sentido estratégico
Lejos de responder a una necesidad táctica o a un plan de defensa nacional, la incorporación de estos blindados parece tener más que ver con una alineación ideológica con Estados Unidos que con una decisión técnica racional. No hay hipótesis de conflicto que justifique la incorporación de este material. Tampoco existe una industria nacional que pueda integrarse a este sistema, por lo que se incrementará la dependencia en repuestos importados y asistencia logística externa.
Además, la llegada de las unidades está prevista para 2025 o 2026, lo que echa por tierra cualquier argumento sobre la urgencia de modernización. Para entonces, los Stryker tendrán casi tres décadas de antigüedad desde su diseño original, y seguirán quedando más atrás frente a los avances tecnológicos globales.
Tecnología vieja a precio de nuevo
Todo esto en un contexto económico crítico, en el que el gobierno se niega a homologar paritarias, congela jubilaciones y recorta áreas sensibles del Estado. Se gasta en blindados viejos lo que se le niega a la salud, la educación o la seguridad alimentaria. La defensa de la soberanía no se construye comprando chatarra militar, sino fortaleciendo una política propia, con industria nacional, innovación tecnológica y prioridades claras.
El verdadero “riesgo” que enfrenta hoy la Argentina no está en amenazas externas ficticias, sino en la destrucción sistemática de su tejido social. Y para eso, ningún blindado viejo servirá como escudo.
