La propuesta reaparece como atajo frente al delito juvenil, pero elude el debate de fondo: la ausencia de prevención, inclusión y políticas eficaces.
Además, el debate omite una pregunta central: ¿Qué se hará con ese menor al que se pretende castigar penalmente? Los establecimientos en los que eventualmente sería alojado no están preparados para la reinserción social. No cuentan con dispositivos reales de educación, contención ni acompañamiento integral.
Otro camino
Si el objetivo es reducir el delito, el camino es otro: presencia estatal temprana en educación, políticas de contención reales, alejamiento efectivo de los menores vulnerables del consumo de drogas y una intervención decidida sobre las grandes estructuras delictivas —como el narcotráfico— donde actúan adultos que reclutan y utilizan a menores como mano de obra descartable.
El cierre del debate es incómodo, pero inevitable: bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad, es la admisión del fracaso del Estado. Es reconocer que no supo llegar a tiempo y que, ante esa ausencia, opta por castigar antes.
El derecho penal no puede ser el sustituto de la educación, la inclusión y la prevención. Cuando se lo usa de ese modo, no ordena la sociedad: la degrada.
(fuente: https://www.letrap.com.ar/)
