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Alquiler de cautelares: Cristina Kirchner se refirió al escándalo que reveló Ámbito Financiero

 

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra el funcionamiento de la justicia y los empresarios. Lo hizo desde sus cuentas de Twitter y Facebook este lunes, donde hizo referencia al «alquiler de cautelares» de varias empresas que usan ese recurso judicial para autorizar importaciones con el precio del dólar oficial.

El mensaje de la Vicepresidenta en las redes sociales fue a partir de una nota publicada por Gabriel Morini en Ámbito, la cual reveló cómo la Aduana descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una orden judicial contra la AFIP y se la “cedió” a otra firma importadora, para poder ingresar mercadería y liberar dólares del Banco Central. «Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía», señaló Cristina Kirchner en las redes sociales este lunes.

En su posteo, la Vicepresidenta cuestionó el funcionamiento de la justicia y el accionar de sectores del empresariado nacional: «Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible», sentención Cristina Kirchner a través del mensaje en sus redes sociales oficiales.

Alquiler de cautelares: la maniobra que reveló Ámbito

En la nota que citó la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que apuntó contra la justicia, se consignó que la Aduana descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una orden judicial contra la AFIP y se la “cedió” a otra firma importadora, que no tenía una SIMI aprobada, para poder ingresar mercadería y liberar dólares del Banco Central.

¿Cómo se las ingenia para ingresar sus productos? Utiliza la SIMI de la primera empresa amparada por una cautelar perfectamente autorizada por un juez, en una maniobra que pasa totalmente inadvertida al fisco, al Banco Central y al Gobierno. Esta operación de «alquiler de cautelares» ocurrió en la realidad y no fue el único.

Se trata del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (más conocido como SIMI), es decir, la autorización que otorga la AFIP para acceder al trámite de importaciones. El caso en cuestión inició el 13 de abril de 2021, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, liberó la primera tanda de SIMI a la empresa Yoko SA, dedicada a la fabricación de productos de marroquinería, dado que necesitaba importar materiales para su producción.

Ya en septiembre de 2021, la empresa Yoko SA logró una primera extensión del permiso. Bajo una idéntica fórmula, la sentencia reiteró “siempre dentro del limitado ámbito cognoscitivo impuesto por el procedimiento cautelar” que la validación de la SIMI por parte de las autoridades provocaba una “demora injustificada” en el ingreso de la mercadería y que sería “arbitraria e irrazonable” porque se erige como una “barrera para-arancelaria”.

Por lo tanto, antes de que venciera el plazo de 6 meses, la firma volvió al juzgado de Madariaga de Negre e introdujo una docena de trámites para importar. El 24 de noviembre de 2021 la jueza le amplió la cautelar. Lo mismo terminó ocurriendo el 13 de mayo de 2022 sobre otro puñado de SIMI.

El objetivo, en concreto, era tener una orden judicial que le libere varias SIMI, entre ellas la 22001SIMI097638V. La firma, increíblemente, consigue que la justicia le prorrogue la validez de la cautelar en tres oportunidades, y en cada secuencia amplía la cantidad de operaciones y por ende, la cantidad de dólares para importar.

Así fue como la Dirección General de Aduanas descubrió entre las autorizaciones que logró la firma Yoko SA para liberar mercadería, que salteó el requisito de validar la SIMI vía cautelar y le cedió la autorización a la firma Tropea SA, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería –en dos envíos detectados- superó los u$s200.000, tras el cruce de datos.

Pero lo más curioso apareció luego: a través de una hoja con un par de sellos que firma una persona apoderada de Tropea, autoriza a Yoko SA a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; autoriza a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. Lo que sí aclara es que todo ese poder tiene un plazo. Exactamente, un mes.

En realidad, se detectó que Yoko SA no utilizó la SIMI, sino que las “transfirió” a la tutela jurisdiccional en beneficio de Tropea, bajo la simulación de que Yoko estaba autorizada a comercializar la marca, entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.

Fuente: Ámbito

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