En lo que empieza a ser el inicio de la agenda que el Gobierno tenía planeada antes de la pandemia, el Presidente puso primera en la iniciativa con la que, de ser aprobada, diluye el poder de Comodoro Py y pone en marcha el sistema acusatorio, entre otras cosas. «Es hora de una justicia proba que haga respetar el estado de derecho», dijo, tras destrozar la herencia macrista en la materia.
Finalmente y después de mucha demora y ansiedad, provocadas principalmente por el cambio de agenda que implicó el coronavirus pero un poco también por cómo se movieron los tiempos políticos, el presidente Alberto Fernández presentó esta tarde en Casa Rosada el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y la creación del Consejo Consultivo, es decir las dos iniciativas que componen lo que se conoció como la reforma judicial del Frente de Todos.
El Presidente recordó sus palabras en la última apertura de sesiones para decir «nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno» y fue especialmente crítico a las decisiones tomadas por la gestión macrista, además del daño hecho al Poder Judicial durante la dictadura militar y el gobierno menemista. «Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para poder tener un mejor Estado de derecho», dijo.
«En los cuatro años que precedieron estuvieron signados por reglas que afectaron las reglas de imparcialidad», señaló en alusión a la gestión macrista y enumeró, entre otros, el decreto 257, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal y que «la AFI volvió a quedar bajo un manto de sospecha a permitirse una vez más el manejo de fondos reservados y participar de pesquisas judiciales».
Y recordó cómo «con el devenir de los días se incrementó el cuestionamiento a jueces y la manipulación a otros que respondieran al poder de turno se volvieron orden del día».
Además, enfatizó que en los años que los precedieron «se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir el encarcelamiento en un sigma de penas anticipadas» y aseguró que transformando la estructura judicial que fue usada para estos propósitos busca decirle «de una vez por todas nunca más a una justicia usada para saldar discusiones políticas».
El mandatario estuvo rodeado por parte de su gabinete y también por los juristas que analizarán eventuales cambios a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, entre otros puntos. Estuvo también presente Elena Highton de Nolasco por parte de la Corte y consejeros como Alberto Lugones y Diego Molea. También hubo varias ausencias, incluyendo el faltazo de la oposición, que rechazó la iniciativa sin leerla y la presunta ampliación del máximo tribunal, cosa nunca anunciada.
Ante las críticas anticipadas pero infundadas por parte del macrismo, que ya habló del riesgo de dañar causas en las que actúan jueces, Fernández garantizó que con la idea de «unificar los fueros criminal y económico” y la nueva estructura que surgirá «no afectará el principio del juez natural”, durante un acto llevado a cabo en Casa Rosada en el que se presentó el proyecto de Reforma judicial.
Fernández afirmó que el proyecto de reforma judicial busca crear 23 nuevos tribunales y apunta a terminar con la Justicia que actúa «en función del clima político». También subrayó que esa ampliación se hará a través de la fusión de los fueros Federal y Penal y Económico y que «ha tenido en cuenta la necesidad de adecuar la labor a la necesidad que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio».
«De esta manera buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática», agregó.
El proyecto, punto por punto
* Crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
* Propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo se ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes. Se aclaró que esta nueva estructura judicial «en nada afecta el principio del Juez Natural».
* Unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que y le otorguen el mejor funcionamiento.
* Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente.
* La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo
* Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.
Los objetivos de la Reforma Judicial.
El presidente mencionó se recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.
La ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno anterior mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.
Por otro lado, se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia. De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.
(fuentes: Política Argentina y Diario Uno)
