Rafael Lajmanovich es investigador Principal del CONICET y Profesor Titular de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL). A través de una profunda reflexión, brindó sólidos argumentos que sirven de insumo invalorable para un debate vigente.
“No toda ignorancia nace de la falta de conocimiento. A veces, es cuidadosamente cultivada.” Robert N. Proctor
La ignorancia también se produce. La agnotología, término acuñado por el historiador de la ciencia Robert N. Proctor (Universidad de Stanford), designa el estudio de la ignorancia fabricada: el modo en que ciertos intereses económicos o políticos generan dudas, desinformación o incertidumbre deliberada para impedir que el conocimiento científico se traduzca en acción.
Este concepto, inicialmente desarrollado para analizar las estrategias de la industria tabacalera, resulta hoy clave para comprender cómo se construye la percepción de seguridad en torno a los agroquímicos o “fitosanitarios”. En América Latina, y especialmente en Argentina, la discusión pública sobre el uso de plaguicidas se ha caracterizado por una brecha creciente entre la evidencia científica y el discurso político-regulatorio.
Presupuestos mínimos y la institucionalización de la duda
En 2025 ingresó al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley 5621-D-2025, impulsado por Atilio Benedetti y otros legisladores, que propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios. A primera vista, la iniciativa parece ofrecer un marco de orden y seguridad. Sin embargo, su redacción exhibe lo que podríamos llamar una forma institucional de agnotología.
El proyecto afirma que los plaguicidas son “indispensables para sostener la productividad agrícola” y que la ley “no parte de un enfoque prohibicionista”. Se centra en promover “buenas prácticas de aplicación”, capacitaciones y profesionalización del uso, pero omite el principio precautorio consagrado en la Constitución Nacional y en el Acuerdo de Escazú.
Rafael Lajmanovich
«Las distancias de exclusión propuestas, 10 m para aplicaciones terrestres y 45 m para aéreas, contrastan con la evidencia científica disponible. Estudios realizados en Argentina y Europa demuestran que la deriva de plaguicidas puede alcanzar varios cientos de metros e incluso kilómetros, afectando aire, agua, suelo y organismos fuera del área tratada. En el Litoral argentino se han detectado residuos en aguas de lluvia, subterráneas y superficiales, así como en fauna silvestre, lo que confirma la dispersión atmosférica de estas sustancias«, sostiene Rafael Lajmanovich.
El estudio internacional SPRINT, que incluyó sitios de Argentina, registró 209 principios activos en más de 4.600 muestras ambientales y biológicas, incluso en aire, polvo y sangre de personas no expuestas directamente. Estas evidencias refutan la idea de un riesgo confinado: la contaminación por plaguicidas es difusa, persistente y sistémica, y las zonas de resguardo de pocos metros resultan claramente insuficientes para garantizar la protección ambiental y sanitaria.
Ciencia, retórica y poder
El proyecto se elaboró en conjunto con la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada principalmente por cámaras empresariales y entidades vinculadas al agronegocio. Esto configura un caso de captura epistemológica: los mismos actores que producen y comercializan los plaguicidas participan en el diseño de las normas que deberían regularlos.
En la práctica, el texto sustituye la prevención por la gestión del riesgo, trasladando la responsabilidad del daño a los aplicadores o asesores técnicos, y no al sistema de producción basado en el uso intensivo de agroquímicos. La ignorancia, en este caso, no es falta de información: es una construcción política que neutraliza el conflicto social y tecnocratiza la discusión ambiental.
La evidencia que se intenta silenciar
Desde la ciencia independiente argentina, se han documentado durante más de dos décadas los efectos de los agroquímicos sobre los ecosistemas, la fauna silvestre y la salud humana. En la base de datos internacional PubMed, que reúne más de 37 millones de artículos revisados por pares en biomedicina y ciencias ambientales, se registran centenares de publicaciones con filiaciones argentinas que abordan esta problemática. Los resultados evidencian residuos de plaguicidas en suelos, aguas y organismos acuáticos, así como alteraciones enzimáticas, genotoxicidad, malformaciones y daños reproductivos en anfibios, peces, aves y en comunidades humanas expuestas en regiones agrícolas del país.
Esta vasta producción científica, sostenida por universidades públicas y organismos de investigación, constituye una base empírica sólida sobre los riesgos ambientales y sanitarios del modelo agroquímico; sin embargo, gran parte de esa evidencia continúa siendo ignoradas o minimizadas en el debate regulatorio y legislativo, perpetuando la brecha entre conocimiento científico y toma de decisiones.
Estos hallazgos se suman a evaluaciones internacionales, como la de la OMS/IARC (2015), que clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno” (Grupo 2A), y a los dictámenes de la EFSA sobre deriva y contaminación de aguas superficiales (2022). En contraste, el proyecto Benedetti omite incorporar esta evidencia y carece de mecanismos de monitoreo ambiental y epidemiológico independientes.
Ignorancia legislada y democracia del conocimiento
La agnotología permite ver que la ignorancia no siempre es un error: puede ser una estrategia de gobierno. Cuando una ley se presenta como “científicamente fundamentada” pero excluye la ciencia independiente, cuando apela a la “seguridad tecnológica” sin cuestionar la estructura productiva que genera el riesgo, estamos frente a un proceso de fabricación institucional de desconocimiento.
El peligro de esta “ignorancia legislada” es doble:
1-Legitima la exposición crónica de comunidades rurales, escuelas y ecosistemas.
2-Debilita la confianza social en la ciencia y en las políticas públicas.
«Frente a ello, es urgente recuperar una democracia del conocimiento que incorpore los saberes científicos, locales y comunitarios en la toma de decisiones. La verdadera protección ambiental no se logra tecnificando el riesgo, sino reconociendo la incertidumbre y aplicando el principio de precaución como guía ética y política«, concluyó el investigador y docente.
(fuente: https://www.conclusion.com.ar/)
