Desde AGMER Seccional Uruguay, enviaron un comunicado en el cual señalan que “repudiamos el nuevo decreto que el gobierno de Entre Ríos emitió acerca de las pulverizaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales”.
Este decreto insiste en la reducción de las franjas de resguardo que retroceden a 500 metros las aéreas y 100 metros terrestres pero en esta oportunidad desde el casco de la escuela y no desde su cerco perimetral.
Además fija diferentes distancias basadas en lo que habilita el Senasa según el químico que se disperse. De 100 a 500 metros terrestres se pueden tirar agrotóxicos clase 3 y 4, con el mismo esquema para la franja entre 500 y 3000 metros en los casos de pulverización aérea.
“Lo que NO dice Rodríguez Signes ni el gobierno de Bordet es en base a qué clasifica el SENASA estos venenos. Tampoco tienen en cuenta que en el amparo se han presentado pruebas científicas (no opiniones) sobre contaminación ambiental y daño genético en niños rurales entrerrianos y también la relación entre éste y la aparición del cáncer como consecuencia. Esta es la verdadera dosis letal.
El nuevo decreto repite una serie de medidas que son legalmente exigibles (Ley de plaguicidas 6599) pero que nadie cumplió ni hizo cumplir jamás, tales como: exigencia de receta, aviso con 48 hs de anticipación, maquinaria habilitada, presencia de agrónomo en el campo y observación de las condiciones climáticas.
Además crea “Unidades Centinelas”, donde los docentes podrían ser centinelas de una fumigación, algo inaceptable desde todo punto de vista. Aquí nos preguntamos: Quién le garantiza la salud al momento de ejercer el control de la aplicación?
Este decreto desconoce el poder nocivo de la deriva, afirma que con fumigar fuera del horario escolar y cumplir con las buenas prácticas agrícolas de este modelo en base a venenos, es suficiente para protegernos.
Una vez más se priorizan las ganancias por sobre la vida, es por eso que repudiamos este decreto a la vez que luchamos en territorio defendiendo el derecho a la educación y a vivir en un ambiente sano, destacando que es el Estado quien debe garantizar estos derechos y no quien nos condena legalizando el envenenamiento silencioso de nuestras comunidades”.
(fuente: 03442)
