Cada vez es más difícil reconocer qué es caro o barato en la economía nacional. Post devaluación y desregulación de precios, el golpe a los ingresos familiares hace mella en bienes esenciales que muestran la mayor aceleración en estos meses.
Mientras el poder de compra de los ingresos cae de forma sostenida para la mayor parte de la población, un estudio de la UBA reveló que Argentina se convirtió en estos meses en el país más caro de la región ya que se necesita, en promedio, el doble de ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos que, a su vez, no dejan de aumentar. Así, bienes esenciales como frutas y verduras, panificados, arroz, fideos y cereales, leche y derivados, carne picada, y algunas infusiones acumulan en siete meses del año un incremento entre el 100% y 360%, cuando el índice nacional se ubicó en torno al 90%.
En tal sentido, la mega devaluación de diciembre desencadenó una redefinición de precios relativos con el encarecimiento de bienes básicos para la mesa argentina, a la par que creció la rentabilidad de empresas del sector con mejoras del 40% comparando solo con un año atrás. A esto se suma el impacto de la desregulación y liberación total de precios dispuesta por decreto por el gobierno nacional, todo lo que derivó en una situación de emergencia alimentaria reflejada en que cada vez más familias no llegan a cubrir los bienes esenciales, a lo que hay que sumar el recorte de partidas en comedores comunitarios y en programas sociales.
Por su parte, la apertura importadora que incluyes alimentos y otros bienes de primera necesidad hace que sea muy difícil competir con precios externos afectando a cooperativas, pequeños productores, y a pymes nacionales que se muestran en alerta tras la caída del consumo desde diciembre pasado, a lo que se agregan las dificultades del gobierno para ordenar las variables de la macroeconomía, y la incertidumbre ante las variaciones aceleradas de precios y el impacto de cualquier modificación cambiaria, que dificultan planificar a futuro.
El gobierno de Javier Milei devaluó la moneda un 118% en diciembre, lo que generó un salto de magnitud en los precios, con especial incidencia en los primeros meses de este año. A partir de entonces, la pulverización de salarios ya deteriorados sumado a un enorme ajuste fiscal, impactaron en la demanda y el nivel de actividad dando paso una recesión económica que frenó el salto anterior de precios. “La sostenibilidad de este proceso de caída de la inflación está sujeta a que el gobierno mantenga el ancla del tipo de cambio, es decir no se vea forzado a devaluar (algo difícil dada la escases de dólares y la fuerte apreciación que sufrió la moneda desde su devaluación en diciembre) y a que continúe agudizando el ajuste para garantizar una demanda deprimida, además de la postergación en el ajuste tarifario que aún no aplicó en su totalidad”, señalaron sobre la coyuntura actual desde el centro CIFRA-CTA.
Sobre ello, si bien el índice de precios de la economía mostró desde mayo una morigeración de su ritmo de crecimiento, lo cierto es que las subas en alimentos básicos de la mesa familiar lejos están de desacelerarse y continúan por arriba de la inflación: en los últimos doce meses el índice general de precios alcanzó el 263%, mientras que los alimentos aumentaron 276%. En nuestro país, el peso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas en el IPC es significativo, esto quiere decir que las variaciones en esos precios tienen considerable impacto en el resultado final del índice, y en la relación de precios relativos.
A su vez la canasta básica de alimentos en barrios populares creció 112% desde que asumió la gestión libertaria, según el centro ISEPCI. “Cumplidos ocho meses del actual gobierno, los incrementos de precios en los negocios de cercanía de los barrios populares, desmienten el relato del gobierno sobre la continuidad de la tendencia descendente del valor de los alimentos y de los servicios básicos”, señaló el último informe del centro de estudios que detalló que según el relevamiento que realizan mensualmente en 20 distritos del conurbano bonaerense, una familia de cuatro integrantes en julio necesitó para adquirir los mismos productos de la canasta alimentaria, 17 mil pesos más que treinta días antes. Mientras que, desde la asunción del actual gobierno en diciembre del año pasado, la suba fue del 112,5%, por arriba del índice nacional de precios.
Si se mira el caso de alimentos, el consumo de lácteos (expresado en toneladas) acumuló una contracción del 17,3% en el primer semestre del año. Según un informe Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) el consumo anualizado per cápita se encuentra en 156,3 litros por habitante por año contra los 194 litros que cerró el año 2023. Asimismo, el consumo per cápita de carne bovina muestra una caída en siete meses del 15% y promedia los 45 kg por habitante, quedando en mínimos históricos. También disminuyeron el consumo de carnes de ave y cerdo (-2% y -1% acumulada).
Por su parte, los servicios públicos se encarecieron en los meses recientes, generando un fuerte incremento en el gasto familiar. De acuerdo con el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-Conicet) un hogar promedio del AMBA destinó en agosto $144.000 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Comparado con diciembre 2023, el costo de la canasta total de servicios se incrementó 380% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero, junio y agosto), gas natural (abril, junio y agosto) y agua (abril, julio y agosto).
Encarecimiento de la vida
Los ingresos de los hogares sufrieron una brutal pérdida de poder adquisitivo en los primeros meses del nuevo gobierno. Así como la devaluación tuvo un impacto directo en la inflación, a la par los ingresos evolucionaron muy por detrás (el conjunto de los ingresos familiares per cápita sufrió una reducción de 21% en su poder de compra en los primeros meses de este año).
En tal coyuntura, Argentina se transformó en pocos meses en el país más caro de la región. De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias de Económicas de la UBA, si se evalúa el costo de vida de una familia tipo (pareja con dos hijos) se necesitan más de 14 salarios mínimos (dicho salario equivale a $262.000 en agosto) para poder adquirir bienes y servicios básicos y pagar un alquiler.
Respecto de la canasta de alimentos y en comparación con la región, en nuestro país se requiere en promedio del doble de ingreso para adquirir una canasta de alimentos de 2400 calorías diarias respecto a los países vecinos, y casi cinco veces más de ingreso en promedio que en los países europeos para poder adquirir la misma canasta de bienes. “Es importante remarcar que Argentina se encuentra entre los 10 mayores productores mundiales de alimentos, por lo que los precios de estos dentro del país deberían ser bajos debido a la alta oferta, lo que no se observa si se compara en términos relativos los precios de los alimentos con otros países”, destacaron los economistas.
Por su parte, si se compara la situación de la vestimenta, en Argentina también es más cara en ropa en términos relativos, debido a que se necesita casi tres cuartos de un ingreso mínimo para comprar un par de zapatillas mientras que en los países de la región este producto equivale, en promedio, al 23% de un salario mínimo y menos de un 7% de un salario mínimo en los países de Europa.
Por su lado, comparando el precio del combustible, en Argentina (U$D 0,90) es menor al precio promedio internacional (U$D 1,32) sin embargo, éste es caro respecto a la región y a países de Europa si se mide en términos de ingreso. En Argentina y Perú se destina mayor porcentaje de un ingreso mínimo para adquirir un litro de gasolina (0,55% y 0,54% respectivamente) dicho valor se encuentra muy por encima del promedio de la región (0,33%) y de los países europeos (0,11%)
El deterioro de los ingresos y el encarecimiento de bienes esenciales se observa también si se analiza la situación de las jubilaciones, las más perjudicadas en este escenario recesivo, siendo el foco central del ajuste del gasto público. En los primeros siete meses del año, la jubilación mínima tuvo en promedio un poder adquisitivo 24,3% inferior a noviembre de 2023 y considerando la pendiente a la baja desde 2016 en adelante, si se compara el haber promedio con el de 2015 se observa una reducción real del 53,4%, es decir que se perdió más de la mitad del poder de compra.
Al contrastar el haber mínimo actual ($225.000 más bono $70.000) con el valor de los bienes esenciales se refleja que difícilmente tal monto les permita a las y los jubilados del país acceder a una canasta básica de consumo (en julio fue de $241.921 para un adulto mayor) más el gasto en medicamentos esenciales que aumentaron en torno al 190% desde el inicio del gobierno libertario.
Quiénes ganan
El fuerte ajuste que puso en marcha el gobierno de Milei no solo provocó la recesión de la economía argentina sino una profunda redistribución regresiva del ingreso, ya que la devaluación desencadenó una redefinición de precios relativos que se sustenta en un importante traslado de ingresos en favor de la rentabilidad empresaria, en especial de las grandes empresas y grupos económicos.
Así lo señaló un informe publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que analizó los balances de 23 empresas y reveló que “se verifica la apropiación de ganancias extraordinarias por parte de 10 empresas cuyo nivel de rentabilidad superó el 40% de las ventas en el primer trimestre de 2024”. Entre ellas empresas de alimentos, servicios, combustibles y farmacéuticas: Arcor (50,2%), Metrogas (74,3%), Pampa Energía (68,3%), Richmond (51,2%), entre otras.
Asimismo, 17 del total analizado más que duplicaron su nivel de rentabilidad entre los primeros trimestres de 2023 y 2024. Sobresale el caso de Richmond cuyas utilidades fueron del 1,5% de las ventas en el primer trimestre de 2023 y subieron al 51,2% en el mismo período de 2024, Metrogas que pasó del 2,3% al 74,3%, Aeropuertos Argentina 2000 cuya rentabilidad trepó del 19,3% al 80,1%, Aluar que escaló del 5,0% al 52,1%, Mirgor del 5,5% al 51,2%, el Banco Macro del 4,3% al 44,9%, y Arcor del 15,5% al 50,2%.