Los productores de las principales provincias arroceras argentinas, Entre Ríos y Corrientes, están en alerta y en pie de reclamos al Gobierno. Lejos de que sea un tema productivo, la macroeconomía los conduce a caminos sin salida, debido a las retenciones, a los altos costos y los problemas para liquidar divisas.
Jorge Paoloni, asesor de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, productor e industrial, como buen conocedor del panorama general, describió las cuestiones que aquejan al sector.
El área sembrada en la provincia tuvo una caída de 1.550 hectáreas, con una producción total de 465.625 tn. Los datos fueron difundidos oficialmente por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
«Hay una total falta de consideración por lo que sucede con esta economía regional, así como sucede con otras. No hay políticas, ni acciones concretas. No les importa -al Gobierno- que se concentre más ni que se produzca menos», introduce el asesor, muy molesto con la situación de los arroceros.
Los productores están muy afectados por diversos temas. El alza en los costos de producción, sobre todo por el aumento en los precios de los combustibles y la energía eléctrica; los derechos de exportación que ya pesaban sobre el sector desde el año pasado y, ahora, al reducir el plazo para la liquidación de divisas, se agrega otra dificultad.
«No nos entregan volumen de combustible y para quien riega es fundamental. Una vez que encendemos el motor de los equipos regantes no lo podemos detener por tres meses. Eso significa 30.000 litros de gasoil por mes y no venden ese volumen por la incertidumbre de los precios», se lamenta Paoloni.
Este año, expone el asesor, se sembrará la menor superficie en 19 años. En Corrientes, se implantarán unas 85.000 hectáreas y el 50 por ciento lo hacen cuatro grandes empresas, las restantes están en manos de 40 productores. En Entre Ríos, Paoloni duda que se alcancen las 60.000 hectáreas. Ejemplifica que en la localidad de San Javier (Santa Fe), zona en la que se sembraban 48.000 hectáreas, este año no llegan a las 25.000, de las cuales 11.000 están en manos de una sola empresa.
Una de las últimas normativas del Banco Central estableció que las empresas exportadoras deberán liquidar divisas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
(fuente: El Entre Rios)
