El Proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación con 222 votos a favor y solo una abstención.
El proyecto de Ley que llegará a la mesa de entradas de la Cámara ade Senadores de la Nacion, establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.
También, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Además faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)».
Por otra parte, le da al Poder Ejecutivo la potestad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Origen del reclamo
El reclamo por la sanción del proyecto, empezó hace varias semanas y sus principales impulsores fueron la cúpula de la Iglesia católica y las organizaciones sociales, tanto las que son más cercanas al Frente de Todos como las que no responden a ese espacio.
Algunos días después se sumó al pedido un grupo de intendentes peronistas bonaerenses, que respaldaron la demanda de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Corriente Federal de los Trabajadores, entre muchas otras organizaciones.
Si bien en el oficialismo trataron de bajarle el tono al reclamo y aseguraron a Infobae que el Gobierno estuvo «aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia», el principal argumento del Poder Ejecutivo para desestimar el pedido fue que la emergencia alimentaria ya estaba contemplada en dos leyes, un decreto firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y un proyecto del oficialismo de 2016.
A poco de asumir, el ex gobernador bonaerense impulsó un DNU que estableció la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional «destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza». La ejecución de esa iniciativa, que ratifica «el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía», cae bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.
Además, el oficialismo aseguraba que una norma sancionada por el Congreso en 2016 consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie declaró la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
Esa ley le da poder a la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña para que efectúe las «reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de $25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y, en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5 mil millones.
El Senado buscará convertirla en ley el próximo miércoles
Tras la media sanción de Diputados, la cámara alta ya puso fecha para la sesión especial que buscará convertir en ley el proyecto opositor y que es ampliamente reclamado por los movimientos sociales tras el brutal aumento de la pobreza y el hambre. Esperan que no haya «circo» y el tratamiento sea similar al de este jueves.
Los diputados nacionales aprobaron el proyecto de ley que declara la Emergencia Alimentaria hasta el año 2022 y ahora será tiempo del Senado. La sesión especial en la cámara alta se dará el próximo miércoles 18 desde las 14 horas y se espera que se repita el clima de «acuerdos» que hubo este jueves en la cámara baja.
La iniciativa plantea “un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Sobre este punto, oficialistas y opositores dudaban en cuanto al monto en cuestión, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso ubicó esa cifra en poco más de $10.400 millones.
En tanto, el Ministerio de Hacienda maneja un monto menor, según confiaron desde el macrismo a Ámbito Financiero. Todo, sin embargo, será en modo de redireccionamiento de partidas para sostener metas fiscales. Para lo que queda del año habrá redireccionamiento de partidas por entre $8.000 millones y $10.000 millones, según cálculos deslizados por legisladores del oficialismo y oposición.
Un punto clave es que se facultará desde enero de 2020 y hasta que finalice la emergencia al jefe de Gabinete para que actualice “trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘‘alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.
(fuentes: https://www.lavoz901.com y https://www.politicargentina.com)
