Por Germán Bercovich –
El uso electoral de la corrupción, es decir, su manipulación como tema que define votos, no es en la Argentina algo de toda la vida. Hay un interesante trabajo de Martín Astarita, “Los usos políticos de la corrupción en la Argentina: una perspectiva histórica”, que vale la pena leer para entender mejor el asunto. En este artículo, vamos a revisar algunas ideas sustanciosas al respecto.
El foco intenso en la corrupción inicia, en los medios, a partir de 1988. En ese año comienzan a circular denuncias sobre funcionarios que recibieron comisiones para favorecer a determinadas empresas en las compras del Estado, y saltan a la luz maniobras fraudulentas dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de 1990, toda la administración nacional es observada a través del prisma de la corrupción, y en 1991 ya es un concepto que aparece frecuentemente en entrevistas, editoriales, y encuestas.
En la campaña para las presidenciales de 1989, aún se suscitaba escaso interés alrededor del tema. Esto varió para el momento mismo de la asunción del riojano. En aquel momento (hiperinflación, conflictividad social), Menem ya ubicaba a la corrupción como un problema a resolver: “Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional, y no para la defensa del delito o de la coima (…) vengo a anunciar ante los representantes del pueblo, que a partir de este momento, el delito de corrupción en la función pública será considerado como traición a la patria. Así como vamos a investigar los ilícitos cometidos en el último tiempo, también vamos a ser inflexibles con nuestros propios funcionarios (…) Aspiro a que nuestro gobierno sea un ejemplo de austeridad, de limpieza, de patriotismo. Porque la corrupción administrativa es un acto verdaderamente criminal. La Argentina tiene que dejar de ser el país de los grandes negociados, y tiene que pasar a ser el país de los grandes negocios. Esta será la línea central de nuestra gestión”. Con esta retórica, lo que Menem buscaba era justificar las reformas estructurales que emprendería en los años posteriores. En enero de 1991, estalla un escándalo denunciado por el embajador norteamericano en Buenos Aires, que incluía a un cuñado del presidente. El 24 de ese mes, Menem pronuncia un discurso sobre Emergencia Moral, en el que duplicaba el presupuesto destinado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, hacía obligatoria la presentación, para funcionarios del Poder Ejecutivo, de sus declaraciones juradas patrimoniales, y estipulaba mayores controles para los aportes privados a los partidos políticos. En mayo de 1996, el Presidente presentó en el Congreso dos proyectos de ley para penar los casos de soborno y enriquecimiento ilícito, en 1997 se crea la Oficina Nacional de Ética pública, que dependía directamente del Ejecutivo. En la Reforma Constitucional de 1994, se crea el Ministerio Público, independiente de los tres poderes del Estado y con autarquía financiera, el Consejo de la Magistratura, como Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados; La Auditoría General de la Nación, y el Defensor del Pueblo, ambos órganos de control.
Por supuesto, resulta inconcebible que desde lo discursivo y desde las medidas, el menemismo haya tenido esta tendencia anti corrupción tan fuerte, a la vista de la cantidad enorme de denuncias que luego recayeron sobre aquellos funcionarios. Hoy estamos a la vista de algo parecido. ¿Alguien cree sinceramente en la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso? Un ente con la consistencia de un holograma, donde se hace que se hace, y donde probablemente cada uno de los que allí trabaja debería contar con un brazo más, a la vista de que uno debe estar ocupado, siempre, en sostener la cara para que no caiga de la vergüenza.
A nivel internacional, la década del 90 también produce el surgimiento de la corrupción como ámbito de interés. En 1993 nace Transparencia Internacional, y en 1997 es aprobada en Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana contra la Corrupción. En ese mismo año, el Banco Mundial señala que la corrupción es “el verdadero cáncer de las democracias en los países subdesarrollados”
El tema ya tenía fuerte raigambre en la sociedad. En 1992, dos estudios (Mora y Araujo, y Gallup) indicaban que la corrupción era uno de los principales temas preocupantes para los argentinos (el 16% lo ubicaba como principal dificultad en el país, ubicándose en primer lugar junto a la educación).
Es interesante pensar cuán diversa es la consideración general en la comparación entre corrupción pública y privada. Sabemos que el énfasis está puesto, habitualmente, en la primera. Hay un trabajo de 2010 (“La fuga de capitales II: Argentina en el escenario global”, realizada por 3 importantes académicos, y disponible en internet) cuyas conclusiones van en contra del criterio más común, consistente en señalar a los gobiernos como la principal fuente de corrupción. En ese trabajo, se establece que el 63% del total de flujo ilícito se sostiene en grandes bancos transnacionales y los llamados “ricos globales”, mientras que el restante 37% se basa en actividades criminales de todo tipo, de los cuales sólo 3 puntos corresponden a las actividades gubernamentales. Claramente, la consideración generalizada de que los Estados son fuente de corrupción favorece al mundo neoliberal. Es un triunfo de este sector, que le sirve para desacreditar a lo público, y armar un sentido común que expresa que lo privado es siempre más eficaz y limpio, y que es conveniente achicar al Estado a niveles mínimos indispensables.
El concepto de más Estado, más corrupción, no es de menor importancia: le sirvió a Cambiemos para ganar las elecciones presidenciales y legislativas pasadas, y probablemente la futura. Mientras tanto, y sujetos a la ley del más fuerte, los votantes de Macri buscan árboles a los cuales treparse para que no los devoren los leones.
