Instituciones dedicadas al cuidado y transporte de personas discapacitadas advierten que el recorte al Programa Nacional «Incluir Salud» pone en peligro la atención. El 26 de septiembre habrá una marcha al Monumento a la Bandera a la que convocan actores, futbolistas y periodistas.
Instituciones y profesionales que asisten a personas con discapacidad advierten que está en riesgo la prestación de sus servicios ante la sucesión de recortes presupuestarios sufridos por el Programa Nacional «Incluir Salud» de parte del gobierno nacional. A modo de alerta, organizaron una movilización para el próximo 26 de septiembre a la que convocaron actores, periodistas y futbolistas reconocidos.
El Programa Nacional «Incluir Salud», que afilia apersonas con discapacidad sin obra social viene recibiendo severos ajustes que repercuten directamente en el sector. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la psicóloga Mariel Chapero de la Casa Azul, resumió la situación: “El reclamo es muy amplio pero registramos demoras de 10 meses de pago en el programa nacional y el mes pasado surgió un recorte de los pagos del 40 por ciento en el transporte. Hay demoras en las autorizaciones de pago a las obras sociales, sobre todo a Iapos, y muchas dificultades en pensiones que no se tramitan”, sostuvo.
La profesional explicó que las instituciones que se desempeñan con esta población “no pueden acceder a las prestaciones porque los transportistas no pueden sostener, es inminente la caída de las prestaciones en general”, amplió.
Ayer tuvo lugar una reunión en el Concejo con los ediles Norma Lopez y Roberto Sukerman y los prestadores que están afectados por los recortes en el programa federal. En esta ocasión, instituciones y transportistas organizaron una actividad que se realizará en el Monumento a la Bandera. Los futbolistas Hernán Bernardello, Nahuel Guzmán y Marco Ruben; la periodista Luciana Rubinska y los actores Luis Machín y Rodrigo de la Serna grabaron un video para convocar a la marcha prevista desde las 10.
Desde la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes), sostuvieron que “las personas que son parte del programa Incluir Salud se encuentran en una gravísima situación y están al borde del corte de servicios de profesionales, Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Transportistas, Centros de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar y residencias», precisaron.
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, baja la órbita de la vicepresidencia, que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las pensiones no contributivas (PNC). Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.
Desde Adpra también señalaron que el gobierno nacional debe pagos por servicios prestados desde hace 7 meses, además adeuda pagos del 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017, y se opone a otorgar aumento en los aranceles «acorde a la ardua situación inflacionaria que se atraviesa en el último año»
«Seguiremos con medidas y estamos organizando una actividad muy fuerte para este próximo 26 de septiembre para poner en la calle nuestra situación para conocimiento de toda la ciudadanía», confirmó Pablo Bolego, presidente de Atraes.
La edila Norma López, por su parte, manifestó: “El recorte en las pensiones pone en jaque los derechos de las personas con discapacidad. Sin Incluir Salud funcionando a pleno (como corresponde) No hay continuidad de tratamientos ni posibilidad, ni de socialización de los beneficiarios y las políticas de cuidado dejaron de ser complementarias entre instituciones y familias. Por el contrario, al interior de ellas el recorte las afecta directamente antes no había una única persona al cuidado sino que los integrantes de la familia podían salir a hacer otras tareas”.
En este sentido, Roberto Sukerman expresó: “Estamos preocupados por la baja en la inversión en Incluir Salud pero también porque las pensiones están congeladas. Las juntas medicas, que son nacionales, están subestimando el porcentaje de discapacidad para que las personas no accedan a ellas”.
Sólo 10 días para demostrar la invalidez
La Agencia Nacional de Discapacidad dará de baja a aquellas personas que tengan pendiente la actualización de su pensión por discapacidad.
Según la norma, «se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez».
Además, dispuso un plazo de diez días «hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, así como también tomar vista de las actuaciones», es decir, presentar los papeles actualizados de su pensión.
(fuentes: https://www.rosario3.com e http://www.infonews.com)
