Sin consenso para seguir al frente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dejará la presidencia del máximo tribunal de Justicia del país luego de más de 11 años en el cargo. Será reemplazado por Carlos Rosenkrantz.
El todavía presidente de la Corte se incorporó al órgano de Justicia el 12 de diciembre de 2004, cuando fue propuesto por Néstor Kirchner, después de que el Senado aprobara su pliego para ocupar la vacante que había dejado Adolfo Vázquez. El 7 de noviembre de 2006 fue designado como presidente, cargo que asumió formalmente el primero de enero de 2007, en reemplazo de Enrique Petracchi.
En junio, el funcionario judicial fue recibido por el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, donde ambos compartieron un almuerzo. En ese momento, los rumores acerca de una posible renuncia a pedido del primer mandatario fueron disipados por el Gobierno, cuando el secretario de Presidencia Fernando de Andreis salió a desmentirlos. Tres meses más tarde el escenario cambió.
El reemplazo por Rosenkrantz se concretará a partir del primero de octubre. A esta decisión se llegó luego de una «tensa» reunión de Acuerdos, donde Lorenzetti no habría alcanzado las voluntades suficientes para continuar en el cargo. Fueron sus históricos aliados quienes optaron por no renovarle los pergaminos. Fuentes judiciales aseguraron que la salida del santafesino corresponde a un cambio de época, en medio de una fuerte crisis admitida por el Gobienro nacional, con el objetivo de sostener la «institucionalidad» del Poder Judicial.
Rosenkrantz es abogado, egresado de la UBA en 1983 y tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale. Fue profesor en varias universidades estadounidenses, en España y en la UBA y se desempeña desde 1998 como Rector de la Universidad de San Andrés.
Fue autor y coautor de numerosos libros y artículos tanto en el país como en el exterior. En 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y se desempeñó como asesor del «Programa para la Justicia» del Banco Mundial. Previo al tratamiento de su pliego, Rosenkrantz -de ascendencia radical- debió admitir el listado de clientes de su estudio, ante los que eventualmente tuvo que enfrentar un conflicto de interés en caso de que llegue algún expediente para tratar en el tribunal.
Conocido es que Rosenkrantz representó al Grupo Clarín en la audiencia pública por la Ley de Medios, pero también litigó a favor de Cablevisión, YPF, Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural (en cuya causa ya intervino la Corte), Carbap, McDonald’s, y las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo. También representó a Panamerican Energy y Central Térmica Patagónica SA. El estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados declaró haber asesorado a los Fondos de inversión GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus (donde se desempeñó Mario Quintana, exsecretario de Coordinación Interministerial).
La gran ganadora con la salida de Lorezetti de la presidencia de la Corte fue Elisa Carrió, quien mantiene un antiguo pleito con el maigstrado, que incluyeron denuncias penales cruzadas. Exultante, al enterarse de la salida, la diputada de Cambiemos festejó:«¡Gracias a Dios! Yo lo vengo denunciando desde hace 10 años. Terminó la impunidad y la extorsión. No es más presidente, que es quien administra la Corte. Es un milagro, no sabía que podía ocurrir», sostuvo, efusiva la dirigente macrista.
¿Cómo votó Rosenkrantz en los casos más polémicos que llegaron a la Corte?
Rosenkrantz reemplazará a Lorenzetti al frente del máximo tribunal desde el 1 de octubre. Aquí, un repaso por sus votos en algunos de los fallos más controvertidos de los últimos años.
Beneficio del 2×1 a represores
Por caso, tuvo una activa participación en uno de los fallos de la Corte más controvertidos de los últimos tiempos. Rosenkrantz dio su voto para la mayoría requerida en el fallo que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en los casos que juzgan delitos de lesa humanidad.
En mayo de 2017, la Corte, con el voto de Rosenkrantz decidió aplicar la ley «del 2×1» en un caso de un represor condenado por delitos de lesa humanidad, aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran liberados.
El fallo otorgó el beneficio al represor Luis Muiña aun cuando el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme.
La decisión, que fue dictada con la disidencia de Lorenzetti, fue la confirmación de un cambio de paradigma frente a los crímenes del terrorismo de Estado. Tuvo una mayoría ajustada de tres votos. En esa ocasión la integraron los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, quien también le debe su permanencia en el tribunal al Gobierno.
Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.
Una fuente de tribunales recordó que lo que ocurrió con el caso Muiña fue un episodio clave dentro de la crisis interna que vivía el tribunal. Ese expediente, según cuentan las fuentes, tenía un borrador de la secretaría penal, que entonces estaba a cargo de Esteban Canevari, para ser resuelto sin mucho trámite, rechazando sin desarrollar fundamentos, esto es por «improcedente».
Pero habría sido Rosenkrantz, ex rector de la Universidad de San Andrés, abogado de empresas, integrante del estudio que manejó importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, miembro de la Corte más afín a Cambiemos, quien advirtió la existencia de este caso y la necesidad de fundamentar una decisión, que terminó en casi un escándalo.
Sindicalización policial
El voto de Rosenkrantz también aparece junto al de la mayoría en otro fallo polémico, negando la sindicalización policial. La Corte determinó que la policía bonaerense no puede sindicalizarse y rechazó la pretensión de anotarse en el Ministerio de Trabajo. La sentencia llevó la firma de Rosenkrantz, esa vez junto a Lorenzetti y Highton, mientras que Rosatti y Maqueda votaron en disidencia.
Caso Nisman
Rosenkrantz también votó junto a sus colegas que la causa sobre la muerte de Alberto Nisman debía pasar al fuero federal, poniendo fin a un conflicto de competencias y dando paso a una nueva etapa de la causa por la muerte del fiscal.
Tarifazos
También dio su voto con fundamentos propios cuando meses atrás la Corte resolvió que es la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal, señalada como la más afin al gobierno, el tribunal que decidirá qué fuero y juez examinará la validez del cuadro tarifario de gas de 2017 en el marco de un conflicto de competencia entre el tribunal federal y uno provincial.
Jueces más allá de los 75 años
En otro tema polémico, Rosenkrantz se apartó de la mayoría en marzo del año pasado cuando con la firma de tres de sus cinco integrantes, la Corte Suprema revirtió lo que había dicho 18 años atrás -con otros miembros- y convalidó la cláusula de la reforma constitucional de 1994 según la cual todos los jueces deben ser ratificados por el Senado para seguir en sus cargos al cumplir los 75 años de edad.
La decisión fue tomada en una causa iniciada por el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin. Lo dispuesto por la Corte no alcanzó a la jueza Highton, que ya había obtenido un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo y que quedó firme porque no fue apelado por los abogados del Estado.
Rosenkrantz votó por la inconstitucionalidad de la reforma en lo que a esa cláusula concierne. Sostuvo lo mismo que había dicho en 1999 la llamada mayoría automática menemista de la Corte y otros magistrados inferiores a los que les tocó intervenir en el asunto, que la edad «jubilatoria» de los jueces no estaba incluida en el temario del llamado del Congreso a la reforma constitucional, y que vulnera la estabilidad de los magistrados.
(fuente: ámbito.com y minutouno)
