El rector de la Universidad de Rosario pone en duda el inicio del ciclo venidero. La situación judicial, el Presupuesto 2027 y la represión del jueves: «El gobierno cruzó un límite».
Licenciado en Ciencia Política, docente y con Raúl Alfonsín como referente, Franco Bartolacci conoce desde adentro lo que es ocupar distintos cargos en la vida universitaria, desde presidente del Centro de Estudiantes hasta decano durante dos períodos. En 2019 fue electo rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y a partir de marzo de este año preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano máximo que nuclea a las instituciones públicas de educación superior del país. Cuando asumió, llamó a reclamar, reformar y resguardar. “En esos tres ejes de trabajo se juega el presente y el futuro de la universidad pública argentina”, anticipaba. Hoy lo encuentra al frente de la lucha por lo más básico: que el gobierno cumpla una ley de financiamiento universitario validada por el Congreso y por la Justicia. Mientras los límites del funcionamiento democrático se van borrando, el inicio del ciclo 2027 se vuelve una incógnita.
–¿Qué conclusión sacás de lo ocurrido el jueves?
–Lo más importante es valorar la convocatoria masiva en todo el país. Más de un millón de personas, otra vez, movilizándose por quinta vez en defensa de la universidad pública. Es extraordinario, no hay mucho antecedente en la historia política argentina de un proceso de movilización en defensa de algo tan importante para el país como el que la comunidad universitaria realizó estos últimos años. Y lo de esta semana fue la confirmación de ese valor que la sociedad en su conjunto le asiste al sistema universitario argentino.
–Qué tremenda la imagen del acto en el escenario, el himno y las palabras, y detrás los gases volando. ¿Cómo lo vivieron ahí?
–Tremendo, absolutamente repudiable. Es asombroso además que ya tuvimos cuatro movilizaciones nacionales multitudinarias que no fueron custodiadas por las fuerzas de seguridad y no pasó absolutamente nada. Y el mismo jueves hubo más de 50 marchas en todo el país de punta a punta de la Argentina y en ningún lugar pasó absolutamente nada. Yo creo que cruzó un límite lamentablemente el Gobierno nacional con lo que pasó el jueves en la Plaza del Congreso.
–¿Cuál es hoy la situación judicial?
–Hay algo que es importante aclarar, porque no es la interpretación que hace el gobierno, ni siquiera la interpretación que hacemos las universidades, cuando hay una controversia en torno a una ley, la que dispone es la Justicia, porque si no está subvertido el estado de derecho, no solo que no se cumple una ley del congreso, no solo que no se respetan los fallos judiciales, sino que además no puede ser materia opinable. Porque el argumento del Ejecutivo de que nadie le dice de dónde salen los recursos, lo planteó en todas las oportunidades en el ámbito judicial y todas las decisiones de la justicia indicaron que el Gobierno tiene que redireccionar partidas para cumplir con lo que dice la ley. Ahora resta la cuestión de fondo, la aplicación completa de la ley está en manos de la Cámara, tiene que resolver un fallo en primera instancia del juez, eso fue apelado por el gobierno nacional, ahora tiene que resolver la cámara. Nosotros vamos a llevar la causa hasta las últimas consecuencias porque además nos asiste la razón como ha venido demostrando todo el proceso. Respecto de la cautelar, ya no hay nada que hacer más que cumplirla o desobedecerla, que es lo que está haciendo el Gobierno nacional.
–¿No hay una sensación general de impunidad?
–El antecedente es tremendamente peligroso en términos institucionales. No sé si le estamos dando la dimensión respecto de la gravedad que esto tiene para el país. Incluso saquémoslo de la discusión universitaria, porque hoy puede estar el área de financiamiento universitario, mañana puede ser cualquier otra. Pero no funciona un país si no es a través del imperio de la ley, porque esto es otra cosa, no es la Argentina y su régimen institucional.
–¿Y qué tiene que pasar para que no esté esa impunidad? ¿Tiene que haber más reacción social por fuera de las universidades? ¿Tiene que haber reacción del sector político opositor o de organizaciones? Porque parece que la acción del Gobierno no tiene costo.
–Yo no creo que sea tan así, por supuesto debería resolverse de otra manera, pero confío en lo que hagamos. Es todo junto al mismo tiempo, o sea, no es que hay alguna línea de trabajo en particular, es el ámbito público, todas las veces que haga falta, no necesariamente o exclusivamente con movilizaciones, sino de las maneras más diversas, poniendo en valor la universidad pública argentina, pero también exigiendo el cumplimiento de la ley para custodiar las instituciones democráticas. En el ámbito legislativo es muy importante la discusión del presupuesto 2027, yo creo que ahí hay una oportunidad para que podamos incidir de manera tal de que lo proyectado incorpore lo que contiene la Ley de Financiamiento; y en el ámbito judicial, por supuesto, llevando la causa hasta las últimas consecuencias. Siempre uno quisiera más celeridad, pero hemos sido muy respetuosos de los tiempos institucionales de la justicia, y vamos a seguir trabajando para que lo más rápido posible podamos tener una sentencia firme respecto de la cuestión de fondo. Mientras tanto insistir para que se cumpla la cautelar. Es la necesidad de defender la universidad y también custodiar la institucionalidad democrática.
–¿A cuánto llegan los fondos que necesitan las universidades?
–Para ponerlo en números, el gobierno proyectó para el año que viene 7,2 billones de pesos. Si cumpliera con la ley de financiamiento universitario, tendría que llegar a 9,8 billones. En términos de PBI es el 0,2%. Es un porcentaje ínfimo de partidas que además están contenidas en el presupuesto 2027 de libre disponibilidad. No es que no hay recursos en el presupuesto, con las mismas metas que plantea el gobierno nacional se pueden redistribuir recursos de otras áreas y aplicarlo para cumplir con la Ley. No es un problema de si existen o no los recursos, es un problema de decisión política.
–¿De qué manera concreta se sufre el ajuste en el día a día universitario?
–La matriz que impacta por igual en todas las universidades, independientemente de cuál fuera, es la situación salarial. Y eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos, en muchos casos vos podés reponer el cargo de quien renuncia, pero no necesariamente volvés al punto anterior, porque en algunos casos se trata de personas con muchos años de formación. Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos, eso también va lesionando la capacidad de dedicación. Alrededor del 70% de los trabajadores docentes y no docentes de la educación superior perciben un salario que está por debajo de los 850.000 pesos por mes. Y después lo que tenés también es mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional, y eso también te afecta el funcionamiento. Una comunidad que sostiene todo ante tanta precariedad, lo mínimo que debería recibir es reconocimiento, y no solo tiene un mal salario, sino que además la descalifican todo el tiempo. Después hay muchos otros problemas gravísimos, en materia de infraestructura, equipamiento, tecnología. Ahí todos los fondos del 2023 a la fecha se cortaron. Una universidad como la nuestra, de Rosario, que son muy grandes, con edificios distribuidos geográficamente, de valor patrimonial, que exigen mucho mantenimiento, es como una casa, cuando vos no vas reparando lo que se te va rompiendo, después de un tiempo empezás a ver el deterioro. Y después en materia de investigación y desarrollo científico… el 70% de la ciencia se produce en la universidad argentina, y ahí el desfinanciamiento es prácticamente total.
–En poquito más de un mes termina terminan las cursadas, va a haber menos gente en las facultades. ¿Cómo se sigue de cara al 2027?
–El tema es serio y exige responsabilidad, porque hay una comunidad con mucha preocupación. Pero tengo que decir que si no logramos modificar razonablemente el presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremenda para funcionar el año que viene, eso es objetivamente así. Entonces le pido a los legisladores, sobre todo a quienes se formaron en la universidad pública, que cuando tengan que tomar una decisión piensen en los jóvenes que ellos fueron y en garantizarles las oportunidades que la educación les dio y en garantizarle a las futuras generaciones las mismas oportunidades que ellos tuvieron. Y lo mismo le pido a los miembros del poder judicial para que puedan avanzar con celeridad en la resolución de la causa. Es muy preocupante y doloroso lo que están haciendo con la universidad pública argentina, y profundamente injusto, porque el que cree que se le hace un daño a la universidad con el desfinanciamiento y con la campaña de descalificación, se equivoca, porque el daño se lo estamos haciendo al país. Los modelos de países que suele citar el gobierno invierten diez veces más en ciencia y universidades, incluso sin tener un sistema tan abierto y robusto como el de la Argentina.
–¿Corre riesgo el inicio en 2027?
–Vamos a tener muchas dificultades. Si no hay respuestas de acá a fin de año vamos a tener muchas dificultades. «
