Por Sara Liponezky
El titulo corresponde a una edición reciente de La Nación, diario insospechado de peronismo, progresismo ni populismo alguno. Es que hasta el reaccionario más pintado, cuando se imponen evidencias incontrastables, prefiere mantener cierto prestigio, algo que parezca creíble.
Esta referido a ese triunvirato de “notables” que ejerce el supremo decisorio en la justicia nacional y hoy ha vuelto a ser noticia. No por la rapidez ni el brillo de sus fallos, sino por su descarado contubernio con el poder político y económico dominante.
Con un dejo de tristeza inevitable, evoco aquel tiempo de opción por la abogacía. Con un potente ideal: actuar en procura de lo justo, un cometido heroico. Y según nos transmitía la universidad pública, con dos paradigmas insoslayables. La independencia del quehacer judicial respecto de todo otro poder También la intangibilidad de esa función basada en el buen desempeño y como garantía para preservarla de la discrecionalidad política. Fue hace algunas décadas, pero parece de la prehistoria. Y no ha sido por el natural devenir de los tiempos sino por una decadencia voluntaria, de la sociedad y las instituciones. Sin el ánimo de defenderla, recuerdo la emblemática y criticada “corte menemista”, así llamada para indicar su sintonía funcional con el gobierno. Y esta vendría a ser la “corte libertaria”. Claramente dirigida a avalar cualquier violación de derechos, vulneración de soberanía o exabrupto jurídico del gobierno nacional. Porque actúan al amparo de esa intangibilidad que, en verdad, es impunidad. Impunidad de origen en esta corte cuyos miembros asumieron por decreto. Aun quien reviste como titular en el doctorado de Derecho constitucional (¿derecho constitucional?) de la UNL. Desde esa posición, sin apego al rigor jurídico ni un atisbo de compromiso con el interés nacional, utilizando un atajo procesal, los supremos desconocieron que la soberanía nacional es un bien colectivo y deslegitimaron a los ex combatientes de Malvinas. Leales al ejecutivo, convalidaron una derogación que expone a la extranjerización el patrimonio común de las y los argentinos.
Es cierto que estos actos caen en un contexto de resignación e inercia colectiva que tributa, trabaja, defiende la Patria con su vida y ya no confía en su inexistente equidad y probidad. Quizás en la agenda de una Argentina recuperada, debamos mirar el ejemplo de Méjico donde la legitimidad de los jueces reside en la soberanía popular.
