Los surtidores volvieron a remarcar precios. Pero el verdadero impacto no está en el tanque: está en el bolsillo de cada familia uruguayense.
La nafta súper ya cuesta $2.225 por litro. La Infinia pasó a $2.464, el diésel común llegó a $2.266 y el Infinia Diésel alcanzó los $2.479.
Hace apenas unas semanas la nafta súper costaba $2.077. Luego pasó a $2.098. Después a $2.114. Más tarde a $2.199. Y ahora volvió a aumentar.
Los precios ya no cambian mes a mes. Cambian casi semana a semana. Los aumentos dejaron de sorprender porque se volvieron permanentes.
Y el problema no termina en el surtidor. Cada aumento del combustible impacta en el transporte, la logística, la producción y los precios que terminan pagando las familias. Todo se traslada. Todo aumenta.
Mientras tanto, nada acompaña a una realidad donde cargar combustible, trasladarse o trabajar cuesta cada vez más.
Lo que ocurre en nuestra ciudad refleja una situación que se repite en todo el país: aumentan los costos de vida, aumentan los servicios, aumentan los combustibles y el esfuerzo para llegar a fin de mes es cada vez mayor.
En la práctica, las decisiones económicas del Gobierno Nacional terminan recayendo, una vez más, sobre los mismos sectores: trabajadores, jubilados, comerciantes, pequeños productores y familias de clase media. Son ellos quienes absorben los aumentos, quienes resignan consumo y quienes deben reorganizar su economía cotidiana para afrontar costos cada vez más altos.
Por eso, más allá de los indicadores macroeconómicos o de los discursos oficiales, hay una realidad que ningún uruguayense necesita que le expliquen: cada vez que aumenta el combustible, aumenta también el costo de vivir.
Y entonces vuelve a surgir una pregunta inevitable. Si el peso del ajuste termina recayendo sistemáticamente sobre la ciudadanía común, ¿no es acaso el propio pueblo el que está siendo tratado como la verdadera «casta»?
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
