Mientras el precio de la nafta asfixia el bolsillo de los argentinos, el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal los fondos del impuesto al combustible destinados por ley a obras públicas, configurando un desvío millonario que paraliza al país.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó una denuncia demoledora contra la administración de Javier Milei y Luis Caputo: el Gobierno está “robándose” y desviando fondos que, por ley, tienen un destino específico y obligatorio. Según detalló, el Ministerio de Economía ha recaudado la astronómica cifra de 6 billones de pesos (millones de millones) a través del impuesto a los combustibles en los últimos dos años, pero no ha volcado ni un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar.
Esta maniobra representa un incumplimiento flagrante de acuerdos que llevan más de 30 años de vigencia institucional. Cada vez que un ciudadano carga el tanque, paga un impuesto que debería garantizar la seguridad vial y el desarrollo regional; sin embargo, el Ejecutivo nacional utiliza ese dinero para engrosar el ajuste fiscal mientras “hace la plancha” frente a la crisis energética. La denuncia subraya que este desvío no es solo una omisión administrativa, sino un ataque directo a los recursos que pertenecen a las provincias y municipios.
El escenario planteado por Katopodis es de una “crueldad sin antecedentes“. Mientras el precio del combustible se dispara y se traslada automáticamente a los alimentos, el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a los intendentes y gobernadores de todo el país que exigen respuestas. Caputo ya ha ignorado más de seis pedidos de audiencia, manteniendo una política de puertas cerradas mientras el Plan Nacional de Vacunación se desarticula y la obra pública queda en el abandono absoluto.
La paradoja del modelo libertario queda expuesta: Argentina, siendo un país exportador de petróleo, tiene hoy el litro de nafta más caro que los países a los que les vende el recurso. No existe un beneficio para los ciudadanos, sino una transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase media hacia las arcas del Tesoro, sin que ese esfuerzo retorne en servicios, salud o infraestructura. Es un esquema de “ajuste sin fin” donde las prioridades están fijadas exclusivamente para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.
Finalmente, la denuncia advierte sobre el quiebre del contrato social y legal. Bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el binomio Milei-Caputo parece operar al margen de las normativas vigentes que los obligan a coparticipar o invertir los fondos específicos. Lo que Katopodis describe es un modelo de exclusión que destruye el empleo en 23 de las 24 provincias y que, lejos de las promesas de bienestar, ha sumido a la población en una espiral de recesión y desamparo estatal.
(fuente: https://primereando.com.ar/)
