Hoy, en ciudades como Concepción del Uruguay, una garrafa de 10 kilos cuesta hasta 20 mil pesos. No es casualidad. Es consecuencia directa de decisiones del Gobierno nacional.
Porque mientras el precio “oficial” sigue existiendo dentro del Programa Hogar, en la práctica el Estado se corrió: liberó precios, redujo subsidios y dejó sin control efectivo a un mercado que hace lo que quiere.
El resultado está a la vista.
La gente paga el doble de lo que debería.
Y lo más grave: el consumo cae. No porque sobre, sino porque no alcanza. Familias que cocinan menos, que se van a calefaccionar menos en invierno, que empiezan a querer pagar en cuotas algo tan básico como una garrafa.
Eso no es eficiencia económica. Es abandono.
Se podrá hablar de orden fiscal o de sinceramiento de precios. Pero cuando el ajuste llega a la cocina, lo que falla no es el mercado: es el Estado.
La garrafa a 20 mil pesos no es un exceso aislado.
Es la consecuencia de un Gobierno nacional que decidió retirarse justo donde más se lo necesita.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay
