El oficialismo impulsa tratar en extraordinarias el proyecto que baja a 14 años la edad de imputabilidad. Legisladores libertarios celebraron la iniciativa y presionan para su aprobación, mientras crecen las advertencias sobre el impacto de una medida que prioriza el castigo por sobre la protección de derechos y la prevención.
El Gobierno nacional incorporó al temario de sesiones extraordinarias el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La decisión reactivó la ofensiva política del oficialismo, cuyos referentes reclamaron avanzar con rapidez en el Congreso y presentaron la reforma como una respuesta a la inseguridad. “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, mientras que el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, afirmó que “la baja de edad de imputabilidad no puede esperar más” y acusó a la oposición de haber bloqueado el debate durante el año pasado.
Desde el propio espacio oficialista, el senador Ezequiel Atauche y la diputada Silvana Giudici profundizaron la línea discursiva que equipara endurecimiento penal con solución al delito. En ese marco, el proyecto vuelve a instalar una discusión sensible que atraviesa a toda la sociedad: cómo responder ante los conflictos protagonizados por adolescentes sin vulnerar derechos básicos.
Sin embargo, según constató AIM en diálogo con especialistas en niñez, adolescencia y sistema penal, la evidencia disponible no respalda la idea de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito. Diversos estudios académicos y pronunciamientos de organismos internacionales advierten que el encarcelamiento temprano incrementa la reincidencia y consolida trayectorias de exclusión. En la Argentina, además, los delitos graves cometidos por menores representan un porcentaje bajo del total, lo que relativiza el argumento de la urgencia punitiva como política pública.
También informaron a AIM profesionales del campo jurídico y social que la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en el país, establece que el sistema debe priorizar medidas socioeducativas y de reintegración por sobre la privación de libertad. La tendencia regional e internacional, señalaron, se orienta a fortalecer sistemas de protección integral, ampliar el acceso a educación, salud y acompañamiento comunitario, y no a ampliar el alcance del castigo penal.
La discusión legislativa se da, además, en un contexto de debilidad estructural de las políticas de niñez. Según supo AIM, programas de prevención, dispositivos territoriales y equipos interdisciplinarios registran recortes presupuestarios y dificultades de funcionamiento en varias provincias. Para referentes del área, avanzar en una reforma punitiva sin atender esas carencias equivale a trasladar al sistema penal problemas que son, ante todo, sociales.
El debate que se abre en el Congreso no solo interpela a la política criminal, sino también al modelo de sociedad que se busca construir. Priorizar la protección de la infancia y adolescencia, con políticas públicas integrales y sostenidas, aparece como una deuda estructural que no se resuelve con más encierro, sino con más Estado presente allí donde hoy predominan la exclusión y la vulnerabilidad.
(fuente: https://aimdigital.com.ar/)
