El tratamiento del proyecto se dará en un clima político adverso para el gobierno nacional tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y los reiterados pasos en falso en el Congreso con las leyes sancionadas en las últimas semanas y el rechazo a los vetos.
El presidente Javier Milei presentará este lunes en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, queplanea enviar inmediatamente al Congreso de la Nación. Entre tanto, el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.
Gobernadores y legisladores de la oposición comenzaron a manifestar públicamente que no consentirán un tercer año seguido sin una nueva Ley de Leyes, asegurando que fijarán un esquema riguroso para el tratamiento del proyecto, que permita alcanzar una sanción antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.
En este marco, emplazarán al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con citaciones para funcionarios de la cartera económica y fecha definida para firmar el dictamen.
De esta manera, buscarán ganarle de mano al Ejecutivo nacional para que no se repita lo sucedido el año pasado, cuando se canceló el tratamiento ante la falta de acuerdo y se dispuso la segunda prorroga de la norma sancionada para 2023, dándole discrecionalidad a la gestión libertaria para administrar los fondos.
Ante este escenario, la respuesta del oficialismo se centraría en convocar al debate ni bien ingrese el proyecto al Parlamento y reconstruir el vínculo con los gobernadores más cercanos, a partir de propuestas vinculadas a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la distribución del Impuesto a los Combustibles.
Entre los mandatarios provinciales que ya dejaron trascender su postura y mantuvieron diálogos con el Ejecutivo nacional en las últimas horas, se cuentan Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
Del lado de Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal no es negociable por lo que no convalidarán modificaciones al proyecto que pongan en riesgo ese propósito. Por su parte, desde las provincias, sostienen que no es viable profundizar el ajuste duro otro año más, negar el diálogo y no sancionar el presupuesto nacional nuevamente.
Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que no existe intercambio fluido con el Gobierno Nacional. Si bien manifestó su respaldo al déficit cero reclamó, en una entrevista con Radio Riuvadavia, que se aplique con sensibilidad social.
Al respecto, expresó: “Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita”.
En ese punto, lanzó una advertencia al oficialismo al considerar que “la motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”.
En la alocución de presentación de la iniciativa oficial, que realizará Milei en el comienzo de la semana, podrá vislumbrarse si la administración libertaria estará abierta a debatir los pedidos de la oposición o si intentará imponer su diagrama sin mayores concesiones.
El tratamiento del presupuesto se da en un clima político adverso para el gobierno nacional tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y los reiterados pasos en falso en el Congreso con las leyes sancionadas en las últimas semanas y el rechazo a los vetos.
Ajustes, parálisis de obras y un frente abierto con las provincias
La reducción de transferencias y el veto a los ATN agudizan la tensión con los gobernadores, que anticipan más conflictos por los recursos. El ajuste golpea a hospitales, escuelas, rutas y redes de agua, mientras el Gobierno de Milei destina más fondos al pago de deuda.
Mientras el presidente Javier Milei busca seducir a los gobernadores con la reconfiguración del Ministerio del Interior, lo cierto es que el Presupuesto 2026 que presentará este lunes, tiene un obstáculo adicional vinculado con las provincias: en lo que va de la gestión libertaria, el promedio de obras públicas nuevas se redujo a sola una por mes y la finalización de proyectos de infraestructura cayó de 94 a 5 obras, mientras un tercio de la red de rutas nacionales está en malas condiciones y el gasto de capital dedicado a obras de agua y alcantarillado cayó 78% real contra 2023. En este contexto, el Ejecutivo vetó en estos días la ley que coparticipaba los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pedida por los gobernadores. Todo ello implica, en lo concreto, la paralización de proyectos de obras viales, redes de agua, hospitales, escuelas y viviendas, afectando directamente la competitividad y el empleo en todo el país y ampliando las brechas entre los diferentes territorios.
Por eso, la relación con los representantes de las jurisdicciones que, en gran medida, le permitió al Gobierno avanzar sin trabas en el Congreso (tal el caso del DNU 70/2023 y Ley Bases) hoy parece mucho más al borde de la ruptura sobre todo si se considera que el propio jefe de Estado insistió en estos días con la continuidad de un fuerte ajuste en el gasto público. “Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, ya había dicho en la presentación del Presupuesto 2025, cuyas metas -además- están lejos de cumplirse al cierre de este año.
De cara a la presentación de la hoja de ruta para el próximo año esta noche por cadena nacional, es posible advertir que los objetivos centrales rondarían en torno a la “regla fiscal” para blindar el superávit, a la vez que la prioridad seguiría puesta en los pagos de la creciente deuda externa. El «cepo al Estado» continuaría en escena ya que la mayor parte de los fondos destinados a partidas sociales, infraestructura y servicios básicos dependería de los recursos de cada provincia.
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Ajuste en obras y recursos: el tenso vínculo con las provincias
Milei presentará este lunes a las 21hs por cadena nacional y sin asistir al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2026. La hoja de ruta que debe dar cuentas de los ejes centrales del programa económico para el próximo año apostaría nuevamente a una profundización del ajuste fiscal en busca de un equilibro que, sin embargo, se sostuvo al momento a costa de la economía real (caída significativa del consumo por el deterioro del poder adquisitivo de la población y crisis del mercado interno con parálisis productiva en sectores clave).
En esa línea, el recorte presupuestario en este año y medio de gestión evidencia las prioridades de la política económica libertaria y, de hecho, tensó cada vez más el vinculo con las diferentes provincias del país. Si bien La Libertad Avanza (LLA) rejerarquizó en estos días y tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Interior que volverá ahora a ser ministerio y nombró a Lisandro Catalán, -mano derecha del jefe de Gabinete Guillermo Francos-, como titular de la cartera con el objetivo de «retomar el diálogo con los gobernadores afines», lo cierto es el Presupuesto que se conocerá en detalle este lunes tendrá un obstáculo extra vinculado directamente con las provincias del país.
En concreto, los datos anticipados de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) para agosto 2025 evidencian cómo el fuerte recorte de financiamiento es uno de los pilares del modelo libertario. El gasto total devengado durante agosto reflejó una caída real (ajustada por inflación) del 18,8% interanual, relacionado con la merma en los pagos de intereses (-62,3%). El gasto primario (sin intereses) se redujo 4,8% y los gastos corrientes cayeron 17,6%, según un informe anticipado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En ese esquema, las Transferencias Corrientes disminuyeron un 18,4% contra igual mes de un año atrás y aquellas destinadas a provincias se contrajeron por primera vez en el año (-25,6% real). Con relación al Gasto de Capital, en agosto sufrió un descenso del 64,9%, sobre una base ya de por sí muy deprimida (en ago/24 ya habían caído -65,3%). Si se compara con 2023, la baja escala a 87,8%. En el caso de las provincias el golpe fue de 46,5%, en términos reales.
El informe que sigue la evolución de las transferencias automáticas a provincias y CABA presentado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los fondos que el Gobierno nacional envió, en el acumulado de ocho meses del año, en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, se traducirían en una suba real del 4,1%, aunque respecto al mismo periodo de 2023, se ubicarían aún 10% por debajo. Por su lado, desde el centro CEPA, marcaron que en materia de transferencias se observan caídas cercanas al 100% en la Asistencia Financiera y Técnica a Municipios, las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas y las destinadas a la Secretaría de Energía, entre enero-agosto de este año e igual lapso del 2023.
Si se pone la lupa en la situación puntual de la obra pública, se observa que la misma está totalmente paralizada desde el cambio de gestión ya que la caída del gasto de capital y la desfinanciación y cierre de los organismos ocupados de ejecutar obras públicas derivó en el deterioro de la infraestructura del país y la casi inexistencia de obras nuevas. En detalle, durante 2023 la inversión en gastos de capital del Estado Nacional fue USD 10.321,50 millones; en 2024 cayó a USD 2.437,88 millones (-76% en dólares) y en lo que va del 2025 ese gasto sigue sin recuperarse, a la vez que en el Presupuesto 2026, seguiría habiendo contadas obras en todo el territorio.
Una sola obra pública nueva por mes, ese es el promedio de la actual administración nacional. Así lo indicó un relevamiento privado que precisó que “mientras que en 2023 se iniciaron 115 obras nuevas promedio por mes, durante 2024 y 2025 el promedio bajó a una por mes. Lo mismo sucede con las obras finalizadas: mientras que durante 2023 se terminaron 94 por mes, en el gobierno de Milei solo se terminaron 5 por mes, en promedio”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).
Las obras que estaban en ejecución también sufrieron una paralización: mientras que en 2023 tuvieron un crecimiento de su avance físico formal de 12 puntos porcentuales, en 2024-2025 se redujo a 8 puntos porcentuales. “Es importante remarcar que la obra pública incluye las rutas que transportan nuestros productos, el agua que se utiliza a diario en casas e industrias, y miles de puestos laborales directos e indirectos”, destacaron desde el centro de estudios. Como resultado, se advierte que la inversión en obra pública se encuentra en mínimos históricos ya que cayó en torno al 80% real respecto a 2023, evidenciando un ajuste sin precedentes en los gastos de capital del Estado nacional.
Un caso emblemático es la situación de las rutas que recorren todo el país. Sobre ello, según datos del IAG, la proporción de rutas en buen estado cayó del 54,9% al 47,5% en lo que va de la gestión libertaria, mientras 23,5% quedaron en estado regular y 29% se encuentran directamente en mal estado. En otras palabras, un tercio de la red está en malas condiciones y menos de la mitad de las rutas se encuentran en estado óptimo. Como resultado, se agudizaron aún más las brechas existentes a nivel federal: el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias y solamente 5 distritos viales tienen un porcentaje de kilómetros de ruta/autopistas en buen estado o regular más alto que durante la gestión anterior (no hay datos de Tierra del Fuego). En ese panorama, la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional obtuvo un magro resultado electoral, es donde más empeoró el estado de las rutas ya que cayó 40 puntos el porcentaje de rutas que están en buen estado o regular.
(fuentes: https://www.conclusion.com.ar/ y El Destape)
