La decisión adoptada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello admitió parcialmente el pedido de la hermana del presidente Javier Milei y Secretaría General de la Presidencia para que cese la difusión de audios que le habrían sido grabados en la Casa de Gobierno de manera presuntamente ilegal.
El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, hizo lugar parcialmente y ordenó el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei y que fueron anunciadados el pasado 29 de agosto. El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional y de alcance limitado, descartando que implique instaurar un “bozal legal”.
La demanda había sido presentada el día viernes por Karina Milei, con el objeto de que se dicte una cautelar que ordene el cese de la difusión de cualquier chat, foto, audio y video anunciados el día 29/08/2025 como correspondientes a su persona, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web.
Luego de analizar el planteo, el magistrado Patricio Maraniello hizo lugar a la cautelar en lo relativo a la difusión de los audios y remarcó que ello no implica una censura previa, en tanto se busca proteger «la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos» que surgiría de los audios anunciados en medios de comunicación y redes sociales.
Así, el magistrado decretó la medida cautelar ordenando «solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web», expresa el punto I de la decisión.
El juez Maraniello aclaró que la cautelar dispuesta «no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático» sino que busca que su alcance pretente acotarse a «un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado».
Además, el juez ordenó librar oficio al ENACOM para que comunique la decisión a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráficos y redes sociales).
Censura y violencia de Estado: el gobierno activa todo su arsenal represivo para frenar el Coimagate
En estado de desesperación total, el Ejecutivo acuñó una exótica conspiración de espías rusos, comandos chavistas y la AFA para justificar una avanzada para silenciar periodistas y mitigar el escándalo que dejó expuestos a los hermanos Milei.
La arquitectura del miedo construyó un nuevo desastre “liberal libertario”. Frente al escándalo del Coimagate, el gobierno de Javier Milei articuló una respuesta de supervivencia política que combina lawfare, censura judicial y el relato más extravagante que haya parido la imaginación mileísta: una operación de inteligencia comandada por espías rusos, influencias chavistas y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
El arsenal represivo se activó cuando el vocero Manuel Adorni anunció una denuncia penal que apunta a silenciar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, exigiendo el allanamiento de sus domicilios y del canal Carnaval Stream. La operación judicial, presentada por Fernando Oscar Soto del Ministerio de Seguridad «por indicación expresa de Patricia Bullrich», constituye la reacción visceral de un poder acorralado por las grabaciones que tienen a Karina Milei como protagonista de una presunta trama de coimas.
Lo que genera terror en la Casa Rosada no son los audios -cuya veracidad fue confirmada por la torpeza oficial-, sino su contenido: son tantas las tropelías cometidas por la famiglia presidencial que no saben cuántas y cuáles de ellas constan en las grabaciones.
Así las cosas, Karina Milei, la «kriptonita del Presidente», emerge como el centro neurálgico de una crisis que tiene al Ejecutivo trabajando con equipos de comunicación y estrategias judiciales para blindar a quien ocupa la Secretaría General de la Presidencia. El hermano presidente considera que su proyecto político no sobrevive sin ella.
El mismo viernes en el que esas grabaciones fueron difundidas, el equipo legal que asiste a Karina Milei presentó un pedido de cautelar. El fallo fue convalidado el lunes por Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.
Sobre Maraniello pesan seis expedientes «por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos». Entre las acusaciones más graves figura el testimonio de una empleada que declaró haber sido «sometida a besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para ponerle fin a la situación». La fragilidad del magistrado lo presenta como un objetivo fácil para un abogado habitué de la ciénaga jurídico servicial como Santiago Viola, ex procurador de la Nación y apoderado de La Libertad Avanza.
Otro abogado de Estado que activó una demanda contra la prensa fue Fernando Soto, letrado del Ministerio de Seguridad. En ese escrito, el mandadero de Patricia Bullrich arremete contra los comunicadores que divulgaron los audios. La denuncia exige «preservación digital inmediata» mediante oficios a Google, Meta, X Corp., ByteDance y Telegram para que «congele y conserve» archivos, «registros de subida, borrado y edición», «datos de usuarios administradores» e «IPs y timestamps».
La escalada incluye allanamientos en «los domicilios de Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico» con incautación de «dispositivos electrónicos». El arsenal se completa con el control total de comunicaciones: oficios a «las compañías telefónicas para que informen los registros de llamadas, SMS, geolocalización por celdas» y oficios «al BCRA y a la UIF» para controlar movimientos bancarios.
La denuncia oficial describe «una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia» que busca «influir ilegítimamente en la opinión pública» y «influenciar el proceso electoral».
En efecto, faltan seis días para las elecciones bonaerenses. El Gobierno dice tener información de que habría audios de más de un ministro para salir en los próximos días, incluyendo «uno muy importante». Esto explicaría la urgencia de las demandas: ya no se trataría sólo de proteger a Karina, sería el intento de blindar a todos los integrantes del gabinete y del gobierno involucrados en negocios incompatibles con la función pública. Señales de una cleptocracia en estado de implosión.
El despliegue represivo desesperado quizá consiga correr por unos días la mirada del tema que mortifica a la hermandad presidencial. Pero la realidad más temprano que tarde prevalece al artificio. En la calle se canta el hit del invierno ‘Alta Coimera’ y en las canchas de fútbol hay banderas con la leyenda “3%”. Es probable que el gobierno se vea tentado a profundizar la deriva autoritaria echando mano de las herramientas que el Congreso le cedió en la Ley Antimafia y otras normas represivas violatorias del pacto democrático que rige hasta hoy. Asustados y desesperados, son tan frágiles como peligrosos. Mandriles con navaja, según el lenguaje presidencial.
(fuentes: https://www.palabrasdelderecho.com.ar/ y por Adrián Murano en El Destape)
Colaboración de Juan Martín Garay
