Por Juan Martín Garay –
Frigerio anunció con énfasis la eliminación de 103 tasas provinciales, asegurando que representa el 50 % del total de contribuciones vigentes. Una medida que, según el discurso oficial, busca “aliviar la carga tributaria” y “modernizar el Estado”. Sin embargo, no se informaron datos concretos sobre cuánto significa esta decisión en términos fiscales, ni cuánto representa para el bolsillo del ciudadano.
En tiempos donde se exige austeridad, transparencia y eficiencia, no alcanza con decir: hay que demostrar. Eliminar tasas puede ser una buena noticia. Pero comunicar sin datos solo alimenta una lógica peligrosa: la del marketing en lugar de la política pública.
Sin datos, todo es relato
Una política tributaria seria necesita más que titulares: necesita cifras. ¿Cuál era el monto recaudado por esas tasas? ¿Cuánto costaba cobrarlas? ¿Qué áreas del Estado se verán afectadas? Hasta ahora, ningún informe técnico acompaña lo anunciado. Y si no se puede medir, no se puede transformar.
La buena administración no se declama: se documenta.
Año electoral, ¿casualidad?
En pleno año electoral, no puede pasarse por alto el uso simbólico de ciertas decisiones. La eliminación de tasas fue comunicada con frases efectistas que buscan empatía popular: “una locura”, “trámites que indignan”, “un Estado de espaldas a la gente”. Pero detrás de ese relato emocional, hay un vacío de información preocupante.
¿Estamos ante una política pública o ante una estrategia de campaña?
La insistencia en “darle la espalda al Estado que cobra por todo” y la repetición de frases de efecto —“una locura”, “trámites que indignan”, “burocracia inútil”— apuntan más a la emocionalidad que a la gestión. Y si bien no hay que negar el valor de simplificar el Estado, también es cierto que ninguna política pública se consolida sin diagnóstico, sin seguimiento ni evaluación técnica.
