por Juan Martín Garay –
La presión social, la voz organizada de los trabajadores y el repudio generalizado de los sectores gremiales y sociales obligaron al gobierno provincial a retroceder parcialmente.
Tras semanas de rechazo al proyecto de creación de la OSER -que pretende reemplazar al histórico IOSPER con una arquitectura difusa y riesgosamente funcional a la tercerización-, el Ejecutivo entrerriano anunció cambios en el proyecto de ley.
Aunque lo presenta como un gesto de diálogo y apertura, lo cierto es que recogió el guante de los trabajadores y jubilados (afiliados aportantes) que no están dispuestos a entregar su obra social sin dar pelea.
Los cambios anunciados no son un acto espontáneo de sensibilidad política. Son producto de la movilización intersindical, la crítica y el debate democrático.
No nacieron en los despachos: surgieron desde abajo, desde las calles, los pasillos de trabajo, las asambleas sindicales y el compromiso de cada trabajador y jubilado (afiliado y aportante) que entendió que el IOSPER no es un trámite administrativo, sino un derecho colectivo, conquistado y sostenido por generaciones de entrerrianos.
Pero atención: que se modifique el texto no significa que se haya desactivado la intención original. Que hoy se eliminen palabras como «gerenciamiento» o «tercerización» no borra que ayer las hayan escrito con toda intención.
La confianza no se decreta: se construye. Y la vigilancia social y gremial debe continuar, con más fuerza que nunca. El tratamiento legislativo en el Senado debe ser profundo, abierto y transparente.
Esta vez se ganó un round, pero la pelea sigue, aún no hay ley, pero hay debate en comisión. Los votos se cuentan de a uno y todo puede pasar.
Si algo quedó claro es que, cuando el pueblo se organiza y exige, el poder escucha. Escucha, incluso, cuando no quiere.
El IOSPER no se vende, se defiende. Y ahora también se vigila, se discute y se construye colectivamente.
Juan Martín Garay – Abogado – Concejal PJ C. del Uruguay
